Buenos Aires-28 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA- El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, prepara su renuncia y en Casa Rosada ya asumen que el recambio abrirá la pulseada más delicada del gabinete: quién manejará la botonera judicial en la etapa que viene. Según fuentes oficiales, el anuncio podría quedar atado al discurso de apertura de sesiones ordinarias que pronunciará el presidente Javier Milei en el Congreso, un hito político que el oficialismo busca usar como punto de relanzamiento. Pero el trasfondo es menos ceremonial y más crudo: la sucesión está atravesada por la disputa de poder entre Karina Milei y el asesor Santiago Caputo, que desde hace meses compiten por influencia en los resortes de la estrategia judicial y la relación con los tribunales.
Cúneo Libarona, de 65 años, integra el núcleo de funcionarios que acompañaron a Milei desde el 10 de diciembre de 2023. De ese gabinete original, solo quedaron en pie, además, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello. La lista de salidas y reacomodamientos en el resto de las áreas alimentó una certeza en el oficialismo: el Gobierno se reorganiza a golpes de internas, y cada reemplazo es una negociación que define territorios.
En el entorno del ministro sostienen que su decisión responde a motivos personales: recuperar vida familiar, actividad profesional y su perfil académico. Su destino sería la Universidad del Museo Social Argentino, donde ejerce como decano de la Facultad de Derecho. En el Gobierno, sin embargo, admiten otro componente: Cúneo Libarona ya había amagado con irse en ocasiones anteriores y terminó quedándose por pedidos directos de Karina Milei y del propio Presidente. Aquella continuidad, interpretan en Balcarce 50, también funcionó como un dique para evitar que el control del ministerio quedara completamente en manos del esquema de Caputo.
La clave del conflicto interno tiene nombre y apellido: el viceministro Sebastián Amerio, señalado como hombre de confianza del asesor presidencial. Amerio aparece como un candidato natural por jerarquía y por control de expedientes sensibles, pero su ascenso no es lineal: en la conversación libertaria conviven la idea de promoverlo con la sospecha de que Karina Milei preferiría otro perfil para consolidar su propia influencia en el área. En paralelo, circula otra versión que inquieta al “caputismo”: si Amerio no resulta favorecido, podría replantearse su continuidad en el cargo.
Mientras tanto, se activó la danza de nombres. En el universo judicial aparece Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires e influyente en el entramado de Comodoro Py. El apellido vuelve a escena en un momento particular: el Gobierno impulsó con celeridad la renovación del pliego del camarista Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, trámite que requiere aval del Senado al superar el límite etario. En los pasillos, ese movimiento se lee como una señal de respaldo político y, al mismo tiempo, como un foco de ruido por los vínculos sociales que se le adjudican al juez con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, figura envuelta en polémicas públicas.
En la lista también figura el abogado Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza y señalado como una pieza de extrema confianza de Karina Milei. Su desembarco sería interpretado como un triunfo de “El Jefe” sobre el dispositivo de Caputo, con impacto directo en el diálogo con la Justicia federal y en la ingeniería política de los próximos meses.
Otros nombres aparecen y se descartan con la misma velocidad. El fiscal Diego Luciani fue mencionado en versiones periodísticas, aunque en su entorno señalan que no tiene intención de saltar a la política y que su agenda sigue enfocada en cooperación regional anticorrupción. El ex juez federal y dirigente del PRO Guillermo Montenegro, hoy en la política bonaerense, vuelve a sonar como carta “de gestión” con vínculo directo con Milei y buena llegada a sectores de seguridad y orden, un perfil que el oficialismo valora en un año de alta conflictividad social y judicial.
En el balance de gestión, Cúneo Libarona deja iniciativas que el Gobierno exhibe como logros: el avance del Código Procesal Penal Acusatorio en 17 provincias, los cambios en áreas de derechos humanos, reformas administrativas y el impulso de proyectos vinculados al orden penal, en coordinación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sus críticos, en cambio, le apuntan debilidad política, falta de control pleno del ministerio y un esquema de poder que se fue corriendo hacia la mesa chica presidencial.
La salida, si se confirma, no será una renuncia más. En el oficialismo lo admiten sin rodeos: el recambio definirá quién conduce la estrategia judicial del Gobierno, quién articula con tribunales y fiscales y quién pone la firma política en un área donde cada decisión puede convertirse en una crisis. Y en la interna libertaria, eso vale oro.
