Madrid-28 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA- El miedo a no poder pagar el alquiler y perder la vivienda se está extendiendo en España con una intensidad que ya preocupa a gobiernos locales, servicios sociales y al propio Gobierno central: alrededor de uno de cada cinco inquilinos reconoce temer que su situación se vuelva insostenible en los próximos meses. El fenómeno no surge de la nada: llega con el vencimiento masivo de contratos firmados durante la pandemia —cuando los precios bajaron o se moderaron— y con un mercado que, desde entonces, volvió a escalar con fuerza, dejando a muchas familias frente a una cuenta regresiva: renovar y pagar mucho más, o mudarse en un mercado con poca oferta y requisitos cada vez más duros.
La clave está en el calendario. Miles de contratos firmados entre 2020 y 2021 entran ahora en su tramo final. En el régimen español, la duración máxima habitual es de cinco años cuando el propietario es un particular y de siete cuando se trata de un gran tenedor, por lo que 2026 y 2027 concentran un “pico” de vencimientos. Para quienes alquilaron en plena pandemia, el salto puede ser abrupto: muchos contratos quedaron muy por debajo del precio actual de mercado, y la renovación —si el dueño decide no prorrogar o propone nuevas condiciones— puede traducirse en aumentos que rompen cualquier presupuesto familiar.
El cuadro se agrava por la evolución de las rentas. Portales e informes del sector describen subas acumuladas muy elevadas en los últimos años, con especial impacto en grandes ciudades y áreas costeras. En términos cotidianos, eso significa que mudarse tampoco garantiza alivio: quien deja un alquiler “viejo” con renta contenida y sale a buscar hoy se encuentra con precios más altos, más competencia por cada piso y filtros más exigentes. En paralelo, la oferta se mantiene ajustada, con propietarios que prefieren contratos de mayor rentabilidad, alquiler temporal o directamente retirar viviendas del mercado residencial si sienten que la regulación los limita.
El resultado es una inseguridad habitacional que ya no se explica solo por el precio, sino por la sensación de fragilidad. Inquilinos que pagaban en término empiezan a recortar gastos esenciales para sostener el techo; otros se endeudan o se mudan a la periferia para no caer en impagos; y muchos conviven con el temor de un aviso de no renovación. En varios municipios, se multiplican consultas por prórrogas, mediaciones y ayudas, mientras organizaciones sociales alertan que el problema “entra por la puerta grande” en los hogares: no hace falta un desahucio para que la angustia se instale; alcanza con la amenaza de una actualización imposible.
En el plano político, el Gobierno debate cómo frenar la crisis, pero la discusión choca con una realidad conocida: falta de apoyos parlamentarios estables para medidas de alto impacto y tensión entre socios y oposiciones sobre el rumbo a seguir. La política de vivienda se vuelve un terreno minado: si se endurecen límites y penalizaciones, se acusa al Ejecutivo de espantar oferta; si se flexibiliza, se lo responsabiliza por dejar a los inquilinos a la intemperie. Mientras tanto, la vida no espera a que se vote una ley: los contratos vencen con fecha y firma.
En ese contexto, especialistas del mercado recuerdan que el “momento de renegociación” suele inclinar la balanza hacia el propietario cuando hay escasez de viviendas disponibles. Y en 2026 la presión se siente más porque el volumen de contratos que terminan es inusualmente alto. Para las familias, la ecuación es simple y dura: el salario no crece al ritmo del alquiler, y cada suba deja menos margen para servicios, alimentos y transporte. En términos de cohesión social, esto empuja efectos visibles: expulsión de residentes hacia zonas más baratas, hacinamiento en viviendas compartidas, regreso forzado al hogar familiar y aumento de la desigualdad territorial dentro de una misma ciudad.
Otro factor que se suma es el cambio de hábitos y usos del espacio urbano tras la pandemia: más demanda en determinadas zonas, más movilidad entre ciudades, y un mercado que se volvió más especulativo en algunos puntos calientes. El alquiler deja de ser solo una relación entre dos partes y pasa a sentirse como una carrera con obstáculos: avales, seguros, depósitos, entrevistas, ingresos mínimos, y la sensación —cada vez más instalada— de que una vivienda decente es un privilegio y no un punto de partida.
La preocupación oficial, aunque envuelta en lenguaje técnico, es que la inseguridad habitacional se transforme en una crisis política y social sostenida: protestas, tensiones con grandes propietarios, presión sobre gobiernos regionales y una demanda creciente de intervención estatal. En la calle, sin embargo, el problema se mide en cosas más pequeñas y más humanas: dormir con la duda de si el mes que viene se llega, discutir en familia qué gasto se recorta, y mirar el buzón con miedo a la carta que confirme lo peor.
En el corto plazo, el escenario se concentra en dos preguntas: cuántos propietarios buscarán actualizar rentas al máximo posible y cuántos inquilinos podrán resistir sin caer en impagos o mudanzas forzadas. En el mediano, la discusión de fondo vuelve a ser la de siempre, pero con urgencia renovada: oferta insuficiente, precios desanclados del ingreso y una política pública que todavía no logra equilibrar protección del inquilino con incentivos para que haya viviendas en alquiler. Y cuando eso falla, el miedo termina ocupando el lugar que debería ocupar la estabilidad.
