Buenos Aires-28 de Febrero de 2026-Total News Agency-TNA- La investigación sobre la salida de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia el exterior sumó, en las últimas horas, un dato que reordena el mapa de intermediarios: ya se identificaron al menos seis “agentes de cobro” fuera del país y, detrás de la mitad de esa estructura, aparece el santiagueño Fabián Marcelo Ramón Saracco, hombre del círculo íntimo de Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la AFA. Según la reconstrucción basada en documentación societaria, contratos, boletines internos, registros bancarios y facturas, la red vinculada a Saracco habría embolsado, como mínimo, US$ 50.140.622 en comisiones y cobros asociados a acuerdos comerciales de la casa madre del fútbol argentino.
El material reunido indica que la operatoria bajo la lupa judicial tomó forma consistente desde 2021, aunque existirían evidencias de idas y vueltas desde 2018. Uno de los hitos que marca el inicio formal del esquema fue la incorporación de Odeoma Gestión SL como agente comercial exclusivo para proyectos vinculados a pronósticos deportivos y otros desarrollos, tal como habría quedado asentado en un boletín interno de la entidad. Con el tiempo, se sumaron otras firmas que completaron el circuito: Q22 Services Limited y el llamado Stratega Group, un “grupo” que, según los registros, en realidad se apoya en sociedades espejo en distintas jurisdicciones.
Un punto central de la maniobra, de acuerdo con los documentos, es que estas compañías —y sus supuestas subsidiarias o filiales— no habrían firmado un acuerdo marco general como agentes comerciales, sino que fueron designadas caso por caso en contratos específicos. Esa mecánica, repetida, habría permitido que cada convenio internacional incorporara un “puente” para el cobro en el exterior, con comisiones elevadas y con un nivel de opacidad que hoy es precisamente lo que busca despejar la investigación.
El 7 de diciembre de 2021 aparece como un quiebre: en esa fecha, y “de común acuerdo”, se rescindieron los contratos con Odeoma Gestión SL, Q22 Services Limited y Stratega Group, según el boletín interno que dejó constancia de la decisión. La explicación del cambio, siempre según la misma reconstrucción documental, se encuentra 22 días antes: el 15 de noviembre de 2021, la AFA firmó un acuerdo marco con TourProdEnter LLC. Y dos días después de la rescisión, el 9 de diciembre de 2021, se celebró un acuerdo de agente comercial con la firma vinculada al empresario Javier Horacio Faroni y su esposa, Érica Gabriela Gillette. Para quienes siguen el expediente, la secuencia deja un mensaje: las sociedades de Saracco habrían sido la “primera ruta” y la antesala del esquema posterior, más grande y más expuesto, asociado a TourProdEnter LLC.
En el corazón de esa “primera ruta” aparece Odeoma Gestión SL, una firma radicada en Madrid. La sociedad tendría a Saracco como socio minoritario con el 49% de las acciones a través de Las Runas Development SL, y una cara visible local: el promotor inmobiliario Melchor Israel Amoedo Merlín, a quien se señala como figura pública de la compañía. Los documentos relevados describen un perfil llamativo para una empresa que operó como pieza clave de acuerdos deportivos: sin una actividad pública consistente, con escasa huella laboral y con un objeto social que no explica por sí mismo su rol central en contratos de marketing, tecnología y cobranzas internacionales.
La trama se vuelve más densa cuando el rastro de transferencias vincula a estas sociedades con otros eslabones del circuito. La investigación menciona envíos hacia Dicetel Corp y la presencia de figuras del mundo AFA en el circuito de recepción local, con direcciones y oficinas que se repiten como nodos logísticos. En paralelo, el “brazo” estadounidense de la marca comercial asociada a Odeoma aparece registrado en Delaware, un detalle que para especialistas en compliance suele funcionar como semáforo amarillo: no es ilegal, pero sí una jurisdicción donde la estructura societaria puede facilitar reserva de información sobre beneficiarios finales.
El caso de Stratega Group agrega otra capa. Las dos sociedades que le dan cuerpo —una en Delaware y otra en el Reino Unido— aparecen, según el material revisado, como empresas con existencia mayormente registral y con un único gran cliente conocido: la AFA. Aun con esa apariencia de “cáscara”, el volumen de dinero atribuido no es menor: por lo menos US$ 13.064.200, incluyendo comisiones ligadas a acuerdos de reproducción de imágenes y datos de competencias del fútbol argentino, con pagos proyectados a varios años. En ese contexto, uno de los puntos que más llama la atención es el constante cambio de “agente de cobro” solicitado por la AFA a determinadas contrapartes: primero una firma, luego otra, después una cuenta en un banco europeo. Ese zigzag, en cualquier auditoría seria, suele encender preguntas inmediatas.
La aparición de Star Rights Limited, radicada en Malta, completa el rompecabezas. Presentada con rasgos de vehículo financiero de paso, con escasa o nula operatoria real, pero con un movimiento significativo de capital, esta sociedad se conecta con otras firmas del circuito —incluyendo transferencias hacia Global FC LLC y envíos de fondos hacia cuentas ligadas a TourProdEnter LLC—, en una arquitectura donde el dinero viaja por capas, jurisdicciones y cuentas, antes de llegar al destino final.
Un capítulo particularmente sensible llegó desde un patrocinador clave. Socios.com, empresa conducida por Alexandre Dreyfus, habría decidido frenar los pagos a través de intermediarios y exigir que las transferencias se realicen directamente a la AFA, con una advertencia explícita sobre el uso de entidades offshore o de terceros. La compañía incluso sostuvo que, de los US$ 9.052.169 transferidos, solo US$ 480.000 habrían llegado de modo directo a la entidad, mientras el resto se derivó a intermediarios como TourProdEnter LLC, Q22 Services Limited y Stratega. Además, reclamó conocer a los “beneficiarios finales” de los agentes de cobro y aseguró no haber recibido respuesta, un punto que, en términos de transparencia, agrava el cuadro.
Para el mundo del fútbol, el golpe es doble: no se trata solo de números, sino de reputación y de confianza internacional. Para la política y la Justicia, el caso abre una discusión más grande: cómo una asociación civil que administra contratos millonarios pudo operar durante años con intermediarios de estructura opaca, comisiones altas y cambios permanentes de cuentas y jurisdicciones. Y para el hincha común, el escándalo tiene una traducción inevitable: la sensación de que la camiseta y la pasión fueron usadas como pantalla para un negocio que, a medida que avanza la documentación, se parece cada vez menos a la promoción del deporte y cada vez más a una ingeniería de desvío.
