Por Darío Rosatti
Buenos Aires-1 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA – La liberación y el regreso a la Argentina del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, debería haber sido una escena institucional: un operativo del Estado, una comunicación clara y una foto de repatriación encabezada por el Ministerio de Seguridad Nacional y la Cancillería. Pero ocurrió lo contrario. El regreso se concretó en un avión vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) investgada en una causa por corrupción y con dos dirigentes de la entidad como rostros visibles del traslado, mientras la ministra Alejandra Monteoliva quedó relegada a un papel secundario, sin una explicación pública consistente sobre por qué el Estado no lideró la logística y por qué el “puente” fue una asociación custionada por la justicia..
El hecho es incontrovertible: Gallo apareció en imágenes junto al prosecretario Luciano Nakis y al secretario de Protocolo Fernando Isla Casares, ambos de la AFA, antes de abordar el vuelo de regreso. A partir de ahí, se instaló una pregunta incómoda que el Gobierno no respondió de manera transparente: ¿por qué una organización privada terminó actuando como “embajada paralela” en una repatriación altamente sensible, que involucraba a un integrante de Gendarmería Nacional Argentina y a un caso que durante más de un año fue presentado como prioritario?
La situación se vuelve más delicada por un antecedente inmediato. Apenas unos días antes de la liberación, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, pidió autorización al Juzgado Penal Económico N.º 5 para viajar a Venezuela entre el 28 de febrero y el 3 de marzo y el juez se la denego el dia 27. El objetivo declarado fue participar de un acto en Barquisimeto vinculado a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y a una agenda promovida por CONMEBOL. El juez Diego Amarante rechazó el permiso y cuestionó las “circunstancias” del viaje, en un contexto en el que Tapia está investigado y tiene restricciones de salida del país.
Ese dato le agrega suspenso a la cronología: Tapia quería estar en Venezuela justo cuando se destrabó la salida de Gallo, pero la Justicia se lo impidió. Y, aun así, el avión de la AFA llegó, los enviados de la entidad estuvieron en Caracas y la repatriación se hizo bajo el paraguas de ese vínculo. Para una parte del arco político y de seguridad, la secuencia alimenta una sospecha inevitable: la AFA pareció disponer de información precisa sobre el momento en que se produciría la liberación, una clase de información que, en un régimen hermético como el venezolano, difícilmente circule sin aval de la cúpula política o de los servicios de inteligencia.
En paralelo, la gestión de Monteoliva queda bajo una luz desfavorable. La ministra había hablado en las últimas semanas sobre el caso, prometiendo avances y sosteniendo que el Gobierno trabajaba “todos los días” para el retorno. Pero en el momento decisivo —la liberación y la vuelta— no condujo el operativo ni marcó la narrativa. No hubo una conferencia inmediata para explicar la logística, los canales diplomáticos utilizados, el rol de Gendarmería y la coordinación con Venezuela. En términos prácticos, el Estado quedó mirando cómo la AFA de Tapia se llevaba el protagonismo de una repatriación que, por naturaleza, debía ser estatal. Tampoco se puede alegar buena relacion de la AFA con el gobierno poque todos sabemos que no es así y que esa buena relacion la tiene con el kirchnerismo.
También quedó expuesta una fragilidad política: si el Estado hubiese repatriado a Gallo con un esquema propio —o con un vuelo privado contratado formalmente por Gendarmería Nacional Argentina— la imagen habría sido la de un Gobierno activo, con mando y control. En cambio, la escena final fue otra: una aeronave asociada a una conducción futbolística bajo investigación, dos dirigentes en la foto, y una ministra corrigiendo el relato a destiempo. El costo comunicacional es evidente: se desdibuja la capacidad del Estado y se fortalece la sensación de que el canal real para destrabar situaciones complejas no fue la diplomacia, sino una red de interlocutores privados. Amen de la participacion del embajador Lamelas de Estados Unidos y otras naciones amigas.
La propia comunicación de la AFA profundizó la controversia. Distintos reportes indicaron que, en el marco de las gestiones, la entidad agradeció a la dirigencia venezolana —incluida Delcy Rodríguez, figura central del poder en Caracas— por la “disposición” para facilitar el desenlace. Ese agradecimiento, leído en clave diplomática, equivale a admitir que hubo una negociación política directa. Y si la negociación existió, el interrogante vuelve a caer sobre el Gobierno: ¿por qué ese canal quedó en manos del fútbol y no de los organismos del Estado responsables de la seguridad y de la política exterior? La respuesta pueda estar en el odio que los dirigentes del régimen sienten por el Presidente Milei.
En medio del alivio legítimo por el regreso de Gallo, el episodio deja una estela de sombras. No porque la repatriación sea indeseable —lo contrario— sino porque el mecanismo elegido abre más preguntas que respuestas: la coincidencia temporal con el intento frustrado de viaje de Tapia, el rol de la AFA como ejecutor visible, el silencio explicativo del Gobierno y la sospecha de información anticipada que solo podría provenir de la estructura estatal venezolana. En una historia que debía cerrar con claridad institucional, el final llegó con una postal “curiosa” y un Estado que, una vez más, parece haber llegado tarde a su propia escena, auque Total News Agency sabe que hubo funcionarios destacados que tuvieron que echar mano a la imaginación apoyados en su experiencia, la foto que queda es otra, Tapia el kirchnerismo y Venezuela le armo una operación al gobierno, mientras tanto la SIDE duerme la siesta. La presencia de Tapia y su avión fue una condición venezolana.
