Buenos Aires-2 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. Irán nombró al general de brigada Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una decisión que reaviva en la Argentina una herida abierta desde hace más de tres décadas: el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en 1994 y con un saldo de 85 muertos. El ascenso de Vahidi —un militar con trayectoria en el núcleo duro de seguridad del régimen— vuelve a poner en primer plano a uno de los acusados por la justicia argentina y sobre quien pesa una alerta roja de Interpol.
Según la información difundida por medios iraníes, Vahidi reemplaza al general Mohamad Pakpur, cuya muerte fue atribuida a los ataques de Estados Unidos e Israel en el marco de la escalada bélica que golpea a Teherán y otras zonas estratégicas del país. En las últimas horas, el régimen también dio por fallecidos a figuras de primer nivel del aparato militar y de defensa, en una secuencia de pérdidas que aceleró movimientos de mando dentro de la estructura de poder que responde al liderazgo religioso y militar.
Para la causa AMIA, el nombre de Ahmad Vahidi no es uno más. La investigación judicial en la Argentina lo ubicó entre los responsables de la planificación del ataque terrorista en Buenos Aires, y el fiscal Alberto Nisman lo señaló como uno de los ideólogos. En esa reconstrucción, Vahidi —entonces ligado a la Fuerza Quds, el brazo de operaciones externas— habría participado en instancias decisivas donde se definió avanzar contra la AMIA y delegar la ejecución en Hezbollah. El expediente sostiene, además, que esa decisión se tomó en ámbitos reservados del poder iraní, con intervención de áreas de inteligencia y de la cúpula político-militar.
El nuevo jefe del CGRI, de 66 años y nacido en Shiraz, se formó dentro del entramado que nació con la Revolución Islámica de 1979. La Guardia Revolucionaria no es una fuerza convencional: funciona como un ejército paralelo, con estructura propia, mando autónomo y capacidad de proyectar operaciones dentro y fuera del territorio iraní, con obediencia directa al vértice del régimen. En esa lógica, el control del CGRI no solo ordena el frente interno, sino que influye en la política regional, el vínculo con milicias aliadas y la proyección exterior del aparato de seguridad.
En el plano judicial, el caso AMIA sigue teniendo un punto de apoyo clave: la vigencia de la alerta roja de Interpol para Vahidi, activa desde 2007 por pedido argentino. En los registros de cooperación policial internacional, el militar iraní figura requerido por cargos graves vinculados a homicidios agravados y lesiones, además de daños múltiples, en el contexto del ataque de 1994. El pedido argentino se apoya en órdenes de captura emitidas en su momento por la justicia federal y en la decisión de sostener la notificación internacional pese a presiones diplomáticas y controversias acumuladas durante años.
La trayectoria política de Vahidi muestra hasta qué punto su figura fue protegida y promovida dentro de Irán, aun con la orden de captura internacional vigente. En 2009 fue ministro de Defensa durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad. Más tarde, volvió a escalar: en 2021 asumió como ministro del Interior, un cargo clave para el control interno. En ese rol, su nombre volvió a generar un ruido internacional cuando la Argentina pidió su detención durante un viaje que incluyó escalas y actividades oficiales fuera de Irán, y reclamó cooperación a otros países para avanzar con el arresto conforme a los tratados vigentes.
En la Argentina, distintos gobiernos y áreas del Estado mantuvieron en los últimos años acciones para sostener el reclamo internacional. La Unidad de Información Financiera (UIF) y fiscales vinculados a la causa impulsaron medidas para reforzar el encuadre de terrorismo y la identificación de los imputados en listados oficiales. La designación de Vahidi en la cúspide del CGRI vuelve a tensionar ese tablero: para los familiares de las víctimas y para la comunidad judía, el nombramiento se lee como una provocación; para el régimen iraní, como una reafirmación de poder en el peor momento de presión externa.
El nuevo nombramiento también expone una contradicción persistente: mientras el mundo registra la escalada bélica y la reorganización del mando militar iraní, la causa AMIA sigue esperando un punto de inflexión que permita avanzar hacia detenciones efectivas. Con Vahidi ahora en un cargo de máxima sensibilidad, esa posibilidad luce más lejana, aunque la dimensión simbólica del caso vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública argentina.
En términos concretos, el movimiento de Teherán opera en dos planos a la vez. Hacia adentro, consolida un mando para sostener el aparato de seguridad en medio de una crisis militar. Hacia afuera, eleva a un hombre requerido por la justicia argentina a uno de los puestos más altos del sistema, enviando una señal dura en un momento en el que el conflicto regional ya alteró precios, rutas y equilibrios diplomáticos. Para la Argentina, en cambio, el ascenso de Vahidi reabre una certeza incómoda: los nombres centrales del atentado de 1994 siguen lejos del banquillo, y el tiempo —aun con memoria— no reemplaza a la justicia.
Fuentes consultadas: Mehr; EFE; Interpol; Cancillería de la Argentina; informes y antecedentes del Ministerio Público Fiscal en la causa AMIA; reportes de prensa internacional sobre la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán.
