Buenos Aires-4 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA-— En un continente donde la tecnología militar de alto nivel suele llegar importada, condicionada y con manual de uso ajeno, Argentina volvió a mostrar una carta que incomoda a los dependientes y entusiasma a quienes creen en la soberanía científica: el programa Gradicom, una familia de vectores coheteriles desarrollados por el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) bajo la órbita del Ministerio de Defensa. No es un anuncio ruidoso ni un desfile de marketing, pero sí una señal: el país tiene capacidad para diseñar, fabricar y ensayar motores de combustible sólido de grandes dimensiones, una pieza crítica para aplicaciones de uso dual, desde investigación atmosférica y cohetes sonda hasta desarrollos militares de mayor complejidad.
El nombre del programa dice mucho de lo que pretende: GRAdes DIMensiones COMpuestos. En la práctica, “Gradicom” refiere a un motor de combustible sólido concebido en el ecosistema científico-técnico argentino, con pruebas y validaciones que —aun sin convertirlo en un sistema de armas operativo— reintroducen al país en una conversación que estuvo congelada por años: la de los vectores, la propulsión y el know-how industrial que sostiene cualquier capacidad aeroespacial seria.
La historia reciente del programa se remonta a un hito concreto: el 17 de diciembre de 2009, el primer vector, Gradicom I (PCX-900/PCX-2009), fue lanzado desde Serrezuela, en la provincia de Córdoba. La misión principal fue homologar en vuelo el motor cohete desarrollado localmente y demostrar que, tras un largo período de pausa, el país podía retomar el camino de los vectores autopropulsados. Aquella prueba, reportada por medios de la época y confirmada en reseñas técnicas posteriores, tuvo además un valor simbólico: puso de nuevo en movimiento una disciplina que en Argentina había quedado atrapada entre la escasez presupuestaria, los vaivenes políticos y el peso de antecedentes sensibles.
Dos años después llegó el segundo escalón. El 11 de julio de 2011 se lanzó Gradicom II (PCX2) desde el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados (CELPA) en Chamical, provincia de La Rioja. Fue un vector de dos etapas diseñado para experimentar sistemas aerodinámicos y de propulsión más complejos, con referencias públicas a un objetivo de altura del orden de los 100 kilómetros y un alcance cercano a los 120 kilómetros. En términos de ingeniería, el salto de una etapa a dos etapas no es una curiosidad: implica gestión distinta de estabilidad, separación, telemetría, secuencias y controles de misión. Es, en pocas palabras, un “siguiente nivel”.
A partir de allí, el programa siguió con desarrollos, estudios y ensayos de banco que, aunque menos visibles para el gran público, son los que realmente construyen capacidad. Diversas publicaciones especializadas y referencias institucionales informaron pruebas vinculadas a Gradicom III, incluida la verificación en banco del motor y trabajos de optimización orientados a una versión más potente. En el mundo real, ese tipo de ensayos —presión, empuje, temperatura, estabilidad del propelente— es el corazón del proyecto: sin validación de motor, no hay vector confiable.
El punto que vuelve inevitablemente a aparecer en cualquier conversación sobre Gradicom es su potencial dual. Los cohetes sonda y la investigación atmosférica tienen una larga tradición internacional y pueden convivir con proyectos civiles, universitarios y meteorológicos. Pero el mismo núcleo tecnológico —propulsión sólida, materiales compuestos, electrónica, telemetría y navegación— puede servir también como base para sistemas de artillería de largo alcance o misiles guiados, si se incorporan tecnologías de control, guiado y cabeza de combate. En otras palabras: el programa no es, por definición, “un misil” operativo, pero sí un ladrillo relevante en la construcción de capacidades.
Por eso la discusión, en Argentina, siempre tiene una sombra: la del proyecto Cóndor II, descontinuado en los años 90 luego de presiones internacionales y decisiones políticas internas que clausuraron —de hecho— la posibilidad de que el país avanzara con un sistema balístico de alto alcance. Ese antecedente explica parte del tabú: durante años, cada intento de recuperar cohetería propia fue leído con sospecha, o directamente evitado por temor al costo externo, aun cuando la base tecnológica es exactamente la que también se necesita para proyectos espaciales. La paradoja argentina es conocida: se reclama soberanía, pero se tiembla cuando aparece el instrumento técnico que la haría posible.
En esta etapa, CITEDEF aparece como la institución que sostiene continuidad de capacidades en un país donde la discontinuidad suele ser regla. Formalmente, el organismo depende del Ministerio de Defensa y trabaja en desarrollos tecnológicos para necesidades militares y de uso dual. Esa pertenencia define el marco: no se trata de un laboratorio aislado, sino de una estructura estatal que debería estar sometida a controles democráticos, auditorías, evaluación de impacto y reglas claras de transparencia, especialmente cuando el tema toca seguridad y defensa.
Otro elemento clave, para leer el proyecto sin fantasías ni demonizaciones, es el marco internacional. Argentina es miembro del Régimen de Control de la Tecnología de Misiles (MTCR) desde 1993, un dato que el propio esquema multilateral y documentos de política exterior registran y que el Departamento de Estado estadounidense incluye entre los miembros. Esto no elimina discusiones, pero marca un límite: el país adhiere a compromisos de no proliferación y a lineamientos que restringen transferencia de tecnología sensible. Dicho simple: desarrollar capacidades no equivale automáticamente a exportarlas ni a romper reglas; lo central es cómo se gobierna la capacidad, con qué objetivos y con qué controles.
En el plano regional, la reaparición de una línea de vectores propios también altera percepciones. En América Latina, la dependencia de equipamiento importado suele venir acompañada por restricciones, embargos implícitos, licencias condicionadas y, en ocasiones, por la imposibilidad de mantener o modernizar sistemas sin autorización externa. En ese contexto, proyectos como Gradicom no sólo apuntan a “tener un cohete”: apuntan a recuperar soberanía industrial sobre materiales, propulsión, integración y ensayos. Son capacidades que derraman sobre sectores civiles: compuestos, química avanzada, electrónica, sensado, simulación, bancos de prueba, control de calidad. Incluso cuando el programa no se convierta en un producto masivo, la curva de aprendizaje es valiosa.
La oportunidad, sin embargo, convive con los riesgos. Un país que decide reconstruir capacidades de defensa de alta tecnología debe hacerlo con madurez institucional: sin propaganda, sin delirios, sin “épicas” vacías y sin oscuridad presupuestaria. Porque la historia argentina enseña que los proyectos estratégicos suelen morir no por falta de talento, sino por falta de continuidad, mala administración o politización. Si Gradicom quiere ser más que un titular, necesita planificación plurianual, financiamiento estable, hoja de ruta pública en lo posible, y una conexión real con un sistema productivo capaz de fabricar con calidad y escala.
También necesita una conversación adulta sobre para qué. Nadie discute que Argentina tenga derecho a desarrollar tecnología de defensa y aeroespacial; lo que se discute es si el país puede sostenerla sin convertirla en un juguete político. La clave está en combinar ambición con responsabilidad: fortalecer capacidades propias, sí, pero dentro de marcos de derecho, compromisos internacionales y prioridades estratégicas claras.
Gradicom, en definitiva, funciona como evidencia y como pregunta. Evidencia de que el país conserva músculo científico y técnico para “mirar más allá de su cielo”, aun después de décadas de sube y baja. Y pregunta sobre si Argentina será capaz de sostener esa senda con inteligencia, transparencia y continuidad, sin repetir los ciclos de abandono que hicieron que cada avance terminara pareciendo un accidente en lugar de una política de Estado.
Fuentes consultadas: CITEDEF; Ministerio de Defensa; MTCR; Departamento de Estado de Estados Unidos; Infobae (archivo 2009); La Prensa (archivo 2009); InfoDefensa (archivo 2009 y 2012); MercoPress (archivo 2009); NTI (perfil sobre programas misilísticos); publicaciones académicas sobre política espacial y defensa en Argentina.
