Buenos Aires-6 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA– Una permuta tramitada bajo la órbita del Ministerio de Defensa desató indignación y abre un interrogante que no admite excusas: cómo pudo el Estado canjear un lote de bienes con valor de rescate y reventa significativo —vehículos Mercedes-Benz, embarcaciones con motores Johnson y generadores de gran porte— por un paquete de herramientas de uso común cuyo núcleo son cuatro motoguadañas. El caso, ejecutado por la Fuerza Aérea Argentina a través de la III Brigada Aérea con asiento en Reconquista, Santa Fe, fue encuadrado como Contratación Directa N° 40/19-0103-CDI25 y, aun en el escenario más “conservador”, habría implicado una pérdida para el Estado de entre $10,19 millones y $12,59 millones. En términos simples: fierros pesados y materiales recuperables por herramientas que se consiguen en cualquier ferretería grande. Llama mucho la atención que el Gral Presti autorizara esta maniobra.
El expediente es doblemente sensible por el contexto: el Gobierno de Javier Milei sostiene como bandera la austeridad, el cuidado del gasto y la eliminación de “curros” en el Estado. Por eso, una operación que luce desproporcionada y difícil de justificar no es un “detalle administrativo”: es una señal de alarma institucional. Más todavía cuando se trata de bienes bajo custodia de una cartera estratégica y con reglas claras de contratación pública que exigen razonabilidad, transparencia y respaldo documental. Si el Estado entrega patrimonio con valor de mercado, aun catalogado como “rezago”, debe existir una explicación sólida de tasaciones, criterios de valuación, comparaciones de ofertas, justificación de oportunidad y verificación de conveniencia. Si eso no está, el caso amerita investigación.
Según el detalle técnico difundido, el Estado cedió un lote compuesto por seis vehículos, dos embarcaciones, un grupo electrógeno y dos generadores. Entre ellos figuran un ómnibus Mercedes-Benz OH 1115, un camión volcador Mercedes-Benz 1514, dos Renault Trafic, una pickup Chevrolet Cheyenne, un autoelevador Clark, un bote Zodiac con motor Johnson 55 HP, la embarcación Antártida-05 con motor Johnson 115 HP, un grupo electrógeno Deutz 40 kVA sobre tráiler y dos generadores GM 567 (identificados como N° 9006 y N° 9008). La entrega se hizo “en el estado en que se encuentra”, bajo la etiqueta de rezago, una fórmula habitual para bienes dados de baja o en desuso. Pero esa frase, por sí sola, no vuelve razonable cualquier canje.
El dato que vuelve más escandalosa la operación está en los materiales recuperables. En los anexos del expediente aparece consignado que los generadores GM 567 incluyen 25.500 kg de hierro de fundición y 500 kg de cobre (bobinado). Es decir: aun si nadie quisiera esos equipos como generadores, su “rescate” como material tiene valor económico real. A eso se suman los vehículos —aunque fueran vendidos a kilo— y el valor de embarcaciones con motores fuera de borda, que en el mercado de usados suelen tener demanda. Por eso, hablar de “chatarra” como sinónimo de “cero valor” es, como mínimo, engañoso. Y cuando se administra patrimonio público, ese tipo de simplificación no es inocente: puede abrir la puerta a decisiones negligentes o, peor, a maniobras que terminan beneficiando a privados.
Del otro lado del mostrador, el Estado recibió un paquete de herramientas que incluye, entre otros elementos, una hidrolavadora, un rotomartillo, taladros, amoladora, juegos de llaves y destornilladores, una hormigonera y —según el detalle— hasta impresoras para uso administrativo. Pero el núcleo del canje, el símbolo de la operación, son cuatro motoguadañas modelo FS 221. Herramientas útiles, sí; estratégicas, no. Herramientas necesarias para mantenimiento, sí; equivalentes a un lote de vehículos y generadores pesados, de ninguna manera.
Los números que trascendieron, elaborados con precios publicados de mercado para los bienes recibidos, ubican el valor del “paquete de herramientas” en $9.397.888,93. En cambio, el valor de rescate del lote entregado —tomando cotizaciones de chatarra y referencias de mercado para los equipos— se estimó entre $19.590.950 y $21.990.950, según el rango aplicado al precio del cobre. Esa diferencia arroja una pérdida estimada de $10.193.061,07 en el escenario bajo y de $12.593.061,07 en el escenario alto. Es decir: el Estado habría resignado, como mínimo, más de diez millones de pesos en una sola operación.
En este punto, el caso deja de ser una discusión técnica y pasa a ser una pregunta política y judicial: ¿quién valuó?, ¿qué comparó?, ¿quién autorizó?, ¿qué controles internos se activaron?, ¿por qué se eligió una permuta y no una subasta o venta competitiva?, ¿se exploró el valor de reventa de las embarcaciones y motores?, ¿se tasaron formalmente los materiales recuperables?, ¿qué criterios se usaron para definir que el canje era “conveniente” para el Estado? La normativa de contrataciones del Estado contempla la figura de la permuta, pero su lógica no es habilitar intercambios absurdos: es permitir un mecanismo excepcional cuando está debidamente fundado, valuado y documentado.
La operación, además, expone un riesgo clásico en la administración pública: cuando se cataloga un bien como “rezago”, se abre una ventana de discrecionalidad que puede degradar el precio de referencia. Pero el rezago no elimina el deber de cuidar el interés público. Un bien puede estar fuera de servicio y, aun así, tener valor material o comercial. En el Estado, ese valor no puede evaporarse por un trámite.
Por eso, este expediente debería activar una revisión inmediata por parte de organismos de control y, si corresponde, derivaciones administrativas y judiciales. Resulta razonable que intervengan la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción, además de una verificación interna del propio Ministerio de Defensa sobre el proceso decisorio. En paralelo, el Congreso —que suele reclamar transparencia cuando el tema es el uso de recursos públicos— tiene un caso concreto para pedir informes y documentación completa.
Más allá del resultado final, el daño reputacional ya está hecho: en tiempos de ajuste, cuando cada peso se discute y cada compra se mira con lupa, la imagen de colectivos, camiones, generadores pesados y lanchas canjeados por motoguadañas es, lisa y llanamente, vergonzosa. Si existió torpeza, debe haber sanciones. Si existió negocio, debe haber responsables. Porque el patrimonio del Estado no es botín ni descarte: es de los contribuyentes. Y este canje, por donde se lo mire, huele a escándalo que merece una investigación a fondo.
Fuentes consultadas: Diario El Norte (detalle de la permuta, bienes entregados/recibidos, estimación de pérdida, número de contratación y adjudicatario) https://diarioelnorte.com.ar/polemico-canje-en-defensa-chatarra-millonaria-por-cuatro-motoguadanas/ ; Ministerio de Defensa (designación y función del ministro Carlos Alberto Presti) https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-presidente-javier-milei-tomo-juramento-al-nuevo-ministro-de-defensa-el-teniente-general ; Decreto 1023/2001 (régimen de contrataciones: incluye permutas) https://www.economia.gob.ar/digesto/decretos/2001/decreto1023.htm ; Decreto 1030/2016 (reglamentación del régimen de contrataciones) https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265506/norma.htm.
