Buenos Aires-7 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, buscó cerrar de manera tajante la polémica que se abrió tras la salida de Daniel Vítolo de la Inspección General de Justicia (IGJ) y las versiones sobre un eventual giro del Gobierno frente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con una definición contundente, afirmó: “No tengo interés ni facultades para salvar a la AFA ni a nadie. Es falso. La AFA o los dirigentes de la AFA están siendo investigados en distintas causas, en distintas jurisdicciones, en distintas instancias, en donde el Poder Ejecutivo y, en este caso el ministro, no tienen absolutamente nada que ver. No vengo a tapar ninguna investigación”.
En esa misma línea, Mahiques confirmó que Alejandro Ramírez será el nuevo titular de la IGJ y anticipó que se mantendrá el camino iniciado por la gestión saliente: el envío de veedores para auditar los balances y la documentación contable de la AFA, una medida que había quedado en primer plano cuando Vítolo formalizó el pedido poco antes de presentar su renuncia.
Según fuentes oficiales y voces internas del Gobierno, la decisión se evaluará la semana próxima, pero el escenario dominante apunta a que se avanzará con la firma que habilite el desembarco de inspectores en la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Antes, sin embargo, el ministro quiere revisar personalmente el proceso administrativo que se inició con la conducción anterior, con el argumento de asegurarse de que no existan “vicios” que puedan ser utilizados para cuestionar o frenar la medida.
El episodio cobra relevancia porque la salida de Vítolo generó sospechas sobre una eventual descompresión del conflicto entre el Gobierno y la AFA, especialmente en momentos en que la entidad atraviesa un frente judicial múltiple, con causas en distintas jurisdicciones y con investigaciones que rozan a sus principales figuras. En ese contexto, la definición pública de Mahiques buscó instalar una idea central: el cambio de nombres en Justicia no implica, según su visión, un cambio de rumbo.
El trasfondo, además, no es menor. A fines del año pasado, el Gobierno —a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— impulsó una denuncia contra la AFA y contra Tapia por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por una cifra que ronda los 7.500 millones de pesos. En esa trama, se conoció que declaró ante la Justicia Gustavo Lorenzo, director general de la entidad, en una señal de que el expediente mantiene movimiento y tensión.
En sus apariciones públicas recientes, Mahiques admitió que conoce a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, pero insistió en que no son sus amigos y que su rol no es interferir en causas judiciales. Al mismo tiempo, ratificó una postura que el Gobierno viene defendiendo desde el inicio de la gestión: la posibilidad de que los clubes que así lo decidan puedan transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo que la conducción de la AFA rechaza de manera frontal.
La salida de Vítolo también dejó una carta con tono de advertencia institucional. Allí, el ahora exfuncionario lamentó no haber podido culminar su tarea de “ordenar y transparentar” ámbitos “históricamente considerados intocables” y expresó su expectativa de que la nueva gestión continúe ese camino “preservando el interés del Estado nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología”. En la lectura política del Gobierno, esa carta quedó como una pieza incómoda: reforzó la idea de que la pelea con la AFA toca intereses sensibles.
En el detalle de la solicitud elevada por Vítolo, el alcance de la veeduría no se limitaba a los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025. También incluía la revisión de documentos vinculados a la “creación, puesta en marcha y equipamiento” de la Universidad de la AFA (Unafa), además de operaciones con otras casas de estudio y con terceros. Ese punto, por sí solo, elevó el nivel de tensión: cuando se presentó la Unafa en noviembre de 2025, se había anunciado a Mahiques como vicerrector, algo que él mismo aseguró haber desestimado luego, pidiendo que su nombre fuera retirado.
Desde la AFA, la reacción inicial al pedido de veedores fue de máxima dureza. Tapia calificó la iniciativa como una medida ilegítima, basada en “hechos falsos” y con “finalidad política”, y la enmarcó en una disputa de poder. En paralelo, el clima interno del fútbol sumó un nuevo foco de conflicto: en las últimas horas, River Plate anunció que dejará de participar de reuniones del Comité Ejecutivo, un gesto interpretado como un mensaje directo de desacuerdo con Tapia y su conducción.
Con la confirmación de Ramírez al frente de la IGJ y con el ministro Mahiques decidido a sostener la veeduría, el Gobierno busca enviar una señal: el recambio en Justicia no implica “bajar el tono” ni congelar auditorías. La semana próxima será clave para conocer si la firma final se concreta y si, en efecto, los veedores entran a revisar balances, papeles y trazabilidad, en un escenario donde la disputa entre política, fútbol y tribunales ya dejó de ser un tema de pasillos para convertirse en una crisis abierta y con consecuencias imprevisibles.
Fuentes consultadas: La Nación; declaraciones públicas de Juan Bautista Mahiques en LN+ y A24; información oficial de ARCA; antecedentes documentales de la IGJ; comunicados de la AFA; declaraciones institucionales de River Plate.
