Buenos Aires, 8 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-La pelea entre el Gobierno de Javier Milei y los industriales dejó de ser un cruce aislado para convertirse en un síntoma de una tensión más profunda, en un momento en que la economía argentina vuelve a mostrar señales de fatiga. A la discusión por el modelo productivo se suma el deterioro del crédito, el aumento de la mora en bancos y billeteras virtuales y, ahora, la incertidumbre global que disparó la guerra en Medio Oriente tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El nuevo round doméstico se abrió después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, volviera a cuestionar con dureza el discurso industrialista tradicional. En un encuentro empresario en Mendoza, el funcionario planteó: “¿De qué modelo industrial estamos hablando? ¿Para algunos de ustedes Argentina es una potencia industrial?”. Y fue más allá al sostener que el esquema de las últimas dos décadas no generó empleo genuino y respondió más a una lógica prebendaria que a un verdadero proceso de desarrollo. La definición cayó como una nueva provocación en un sector que ya venía golpeado por la apertura importadora, la caída del consumo y el encarecimiento del financiamiento.
La respuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA) no tardó. Bajo el título “Sin industria no hay Nación”, la central fabril advirtió que la transición al nuevo esquema económico no está siendo homogénea ni inmediata y que muchas empresas, sobre todo pymes, atraviesan una situación crítica por el bajo nivel de actividad, la presión fiscal, las dificultades para financiarse y la caída del empleo. La entidad recordó además que la industria aporta el 19% del PBI, el 27% de la recaudación nacional y sostiene de manera directa e indirecta unos 3,6 millones de puestos de trabajo. En otras palabras, el mensaje de la UIA fue claro: no se trata sólo de proteger empresarios, sino de evitar una fractura mayor en el entramado productivo.
Los datos disponibles ayudan a explicar por qué la discusión escaló. El INDEC informó que la utilización de la capacidad instalada de la industria fue de 53,8% en diciembre de 2025, por debajo del 56,7% del mismo mes del año anterior. A eso se sumó una caída interanual del 3,2% en el IPI manufacturero de enero de 2026. El cuadro es especialmente sensible en ramas que dependen del mercado interno o del equilibrio fino entre costos locales, exportación y competencia importada. El cierre de la planta de FATE en San Fernando, con unos 920 puestos afectados, se convirtió así en uno de los emblemas más contundentes de esta etapa.
Pero el problema no termina en las fábricas. En el sistema financiero también se encendieron luces amarillas. El BCRA informó que la irregularidad del crédito al sector privado cerró 2025 en torno al 5,5%, cuando un año antes se ubicaba cerca del 1,6%. En los hogares, la mora llegó al 9,3%, con un deterioro fuerte en préstamos personales y tarjetas. En el crédito no bancario, donde operan fintech, financieras y billeteras digitales, la situación es todavía más delicada: distintas mediciones privadas y reportes periodísticos basados en datos oficiales la ubican en torno al 22,8%, es decir, por encima del 20% mencionado en el debate público. El fenómeno ya no puede leerse como un episodio menor: revela que cada vez más familias están usando deuda para sostener consumos que luego no logran pagar.
La señal más preocupante aparece en el consumo durable. Un informe de EcoGo indicó que más del 40% de quienes financiaron compras en casas de electrodomésticos tuvieron problemas para afrontar las cuotas. Según ese relevamiento, la mora en ese segmento pasó del 14% en diciembre de 2024 al 41% durante 2025. El dato golpea donde más duele: en el corazón del consumo de clase media y baja, allí donde la cuota funciona muchas veces como el último recurso para sostener equipamiento básico del hogar.
Como si ese cuadro no alcanzara, el frente internacional agregó otra capa de presión. La guerra desatada en torno a Irán empujó al alza al petróleo, con el Brent superando los 90 dólares por barril por primera vez desde abril de 2024, mientras crecía la preocupación por posibles interrupciones en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo y GNL. Las bolsas reaccionaron con volatilidad y los analistas comenzaron a advertir que, si el conflicto se prolonga, el impacto sobre energía, inflación y actividad puede ampliarse. Para Argentina, que sigue siendo extremadamente sensible a cualquier shock externo, eso implica más presión sobre precios, sobre expectativas y sobre la frágil recuperación económica que el oficialismo intenta defender.
En ese contexto, la disputa entre la Casa Rosada y la UIA deja de ser una simple controversia discursiva. Lo que está en juego es si el Gobierno logrará ordenar la macro sin romper parte de la estructura productiva en el camino, y si esa estrategia puede sostenerse cuando la mora crece, el empleo no despega y el mundo vuelve a sacudirse por una guerra de alcance imprevisible. La discusión sobre el modelo industrial ya está abierta. Lo que todavía no aparece, al menos con claridad, es cómo evitar que esa discusión termine saldándose con más fábricas apagadas, más crédito en problemas y más desgaste social.
Fuentes consultadas: BCRA, INDEC, ADEFA, UIA, La Nación, TN, Ámbito, El País, Reuters, EcoGo.
