Por Dario Rosatti
Buenos Aires-9 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- La crisis en el sistema de salud de las Fuerzas Armadas Argentinas se profundiza y comienza a generar un clima de fuerte malestar dentro del ámbito castrense. Cortes en prestaciones médicas, deudas con prestadores, hospitales que suspenden la atención y denuncias públicas de abandono sanitario conforman un escenario que expone dificultades estructurales en el sistema que atiende a militares en actividad, retirados y sus familias.
Uno de los casos que evidenció con mayor crudeza la situación se registró en la provincia de Mendoza, donde el Hospital Español interrumpió las prestaciones para afiliados del sistema de salud militar debido a deudas acumuladas por la antigua obra social castrense, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La interrupción impacta directamente en miles de beneficiarios de la nueva estructura creada por el Gobierno, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
En esa provincia cuyana, considerada un distrito políticamente relevante para el presidente Javier Milei, el sistema atiende a aproximadamente 17.000 afiliados entre personal militar en actividad, retirados y sus familias. La suspensión de servicios dejó a ese universo de pacientes sin acceso a prestaciones médicas clave.
La problemática, sin embargo, no se limita a Mendoza. Situaciones similares se registran en distintas regiones del país, entre ellas Mar del Plata, Trelew, Bahía Blanca, Tucumán, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Misiones y Santa Cruz, donde prestadores privados comenzaron a restringir o suspender servicios por falta de pago de deudas acumuladas.
La crisis tiene su origen en el proceso de reestructuración del sistema sanitario militar impulsado por el Gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, que dispuso la creación de la OSFA y la liquidación de la anterior obra social IOSFA. El objetivo declarado de la norma era reorganizar el sistema para garantizar sostenibilidad financiera y mejorar la calidad de las prestaciones.
Sin embargo, a casi tres meses de su implementación, el proceso de transición enfrenta serias dificultades. Las deudas acumuladas por la estructura anterior con hospitales, clínicas, laboratorios y droguerías siguen sin resolverse, lo que generó un efecto inmediato: prestadores que dejan de atender a los afiliados del sistema militar ante la falta de pagos.
Dentro del ámbito castrense crece la preocupación por el impacto que esta situación tiene sobre el bienestar del personal. De acuerdo con el marco constitucional argentino, el presidente de la Nación, en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, tiene la responsabilidad última de garantizar la salud y el bienestar psicofísico de los efectivos militares.
En este contexto, comenzaron a circular convocatorias a protestas impulsadas por organizaciones vinculadas al personal militar retirado y suboficiales. Una de ellas fue promovida por la Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (ASUBA), que llamó a manifestaciones frente a sedes del sistema sanitario militar en Buenos Aires y en distintas provincias del país.
Aunque la tradición disciplinaria de las Fuerzas Armadas suele desalentar la participación de personal en actividad en este tipo de protestas, distintas fuentes castrenses admiten que el malestar crece de manera sostenida entre militares retirados y familiares de uniformados.
La tensión escaló aún más tras conocerse el dramático testimonio del suboficial mayor Carlos Héctor Velázquez, un veterano de 77 años que denunció haber quedado sin atención médica mientras enfrentaba un cáncer y que, según relató públicamente, llegó a intentar quitarse la vida ante la falta de respuestas del sistema sanitario militar.
El caso generó una fuerte reacción política. La diputada nacional Lourdes Arrieta criticó con dureza la gestión del ex ministro de Defensa y actual legislador Luis Petri, a quien responsabilizó por el deterioro del sistema sanitario de las Fuerzas Armadas.
La legisladora sostuvo que el estado actual del sistema representa un abandono grave hacia el personal militar y denunció que miles de afiliados continúan aportando a la obra social sin recibir cobertura efectiva.
El episodio protagonizado por Velázquez se transformó rápidamente en un símbolo del deterioro del sistema sanitario castrense. Según su propio testimonio, el militar aportó durante décadas al sistema de salud y se encontró sin atención médica cuando enfrentaba una enfermedad grave.
Dentro del ámbito militar, muchos observadores consideran que la crisis sanitaria se suma a otros problemas estructurales que afectan al personal uniformado, como los bajos salarios, las dificultades habitacionales y la falta de actualización de prestaciones sociales.
La combinación de esos factores, advierten especialistas en defensa y seguridad, puede afectar el bienestar del personal y la moral de las tropas, en un momento en que las Fuerzas Armadas y de seguridad cumplen funciones cada vez más exigentes en el país.
Mientras tanto, el interrogante central que circula entre prestadores médicos y autoridades del sistema sanitario militar sigue sin respuesta: cómo garantizar la continuidad de las prestaciones de la nueva OSFA si aún no se resolvió el pago de las deudas acumuladas por su antecesora, IOSFA.
Dato para destacar:
El caso de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), creada para reemplazar al disuelto Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). De acuerdo con fuentes vinculadas al ámbito militar, esta nueva estructura sanitaria no sería objeto de un proceso de privatización, como si pararia con las FFSS.
El motivo principal radica en una cuestión económica: para las empresas privadas de medicina prepaga, el sistema de salud de las Fuerzas Armadas no resultaría atractivo desde el punto de vista financiero. La masa salarial del personal militar —sensiblemente inferior a la de otros sectores del Estado— limita el volumen de aportes que podrían sostener el sistema, reduciendo así la rentabilidad potencial para operadores privados del sector sanitario.
