Buenos Aires-9 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- El gobierno de Javier Milei promulgó este lunes la Ley 27.801, que pone en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina y establece, como cambio más relevante, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La norma quedó oficializada a través del decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de haber sido aprobada por el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención.
La reforma representa una de las victorias legislativas más importantes del oficialismo en el arranque del año parlamentario y modifica de manera sensible el esquema vigente en materia penal juvenil, que hasta ahora impedía juzgar penalmente a menores de 16 años. Con el nuevo texto, pasan a quedar comprendidos en el régimen los adolescentes desde los 14 años y hasta el momento en que cumplen 18.
Más allá del endurecimiento que supone la reducción de la edad de imputabilidad, la ley procura mostrar un equilibrio entre sanción y reinserción. El texto establece de manera expresa que el régimen de penas debe estar orientado “siempre a la educación y resocialización”, con el objetivo de favorecer la integración social, laboral y personal del adolescente imputado, además de reducir el riesgo de reincidencia. En esa línea, la norma prevé medidas complementarias como programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, actividades deportivas, asistencia sanitaria y tratamientos médicos o psicológicos.
Uno de los puntos centrales es que la privación de la libertad no aparece como una herramienta automática. La ley fija que toda restricción de libertad durante el proceso debe estar debidamente fundada en riesgos procesales concretos y constatados. A la vez, determina que la eventual detención de adolescentes debe cumplirse en institutos especializados, con personal capacitado, y prohíbe expresamente el alojamiento junto a personas mayores de edad. También impide la imposición de penas perpetuas y fija en 15 años el plazo máximo de las penas privativas de la libertad para personas adolescentes, aun cuando la escala penal del delito juzgado sea superior.
La nueva legislación también introduce cambios relevantes en la dinámica procesal. Ordena que las causas tramiten con rapidez, especialmente cuando el adolescente se encuentre detenido con prisión preventiva, y advierte que la dilación injustificada hará responsable por falta grave al magistrado o fiscal interviniente, con remisión de antecedentes al ámbito disciplinario correspondiente. Además, exige que jueces, fiscales, defensores y organismos vinculados al sistema cuenten con capacitación especializada en derecho penal juvenil y en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.
Otro capítulo que el oficialismo destacó especialmente es el referido a los derechos de las víctimas. La Ley 27.801 reconoce de forma expresa su derecho a ser informadas, escuchadas y a participar en el proceso, así como a recibir asistencia especializada y patrocinio jurídico cuando corresponda. También habilita instancias de mediación penal juvenil para determinados delitos, siempre con consentimiento libre e informado de la víctima, y contempla mecanismos de reparación. En paralelo, establece que los progenitores de los adolescentes sometidos a proceso penal serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos, en los términos del Código Civil y Comercial.
Para los menores inimputables, en tanto, la ley dispone una intervención judicial destinada a investigar el hecho y eventualmente aplicar medidas de protección o abordajes específicos, pero bajo la órbita correspondiente y sin asimilarlos automáticamente al sistema de sanciones penales. En los hechos, el nuevo régimen busca construir una estructura más amplia que la sola respuesta carcelaria, aunque su aprobación volvió a encender un debate de fondo sobre seguridad, responsabilidad penal adolescente y capacidad real del Estado para ofrecer dispositivos de contención, tratamiento y reinserción.
La promulgación llega en un contexto político en el que la administración libertaria busca exhibir decisiones de fuerte impacto institucional y alto respaldo en sectores de la opinión pública. Con esta ley, la Casa Rosada suma una nueva bandera en materia de seguridad y justicia, aunque el verdadero examen recién comenzará ahora: el de la implementación concreta, la adecuación de las provincias y la capacidad del sistema para aplicar una norma que endurece, pero que al mismo tiempo promete especialización, celeridad y reinserción.
