Por Ramón Lanos
Buenos Aires-11 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA- El juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, rechazó la medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra aspectos centrales de la nueva Ley de Modernización Laboral y ordenó dar traslado de la demanda al Estado nacional para que responda en el marco del proceso judicial iniciado por la central sindical.
La resolución constituye el primer pronunciamiento judicial relevante en torno a la ofensiva de la CGT contra la ley 27.802, sancionada recientemente, y particularmente contra sus artículos 90 y 91, que establecen la transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo hacia la Justicia laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante un convenio incluido en la norma.
En su presentación judicial, realizada el 6 de marzo, la CGT promovió una acción de amparo con el objetivo de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de esos artículos y del acuerdo institucional que prevé el traspaso de funciones judiciales. La central obrera solicitó además una medida cautelar innovativa para suspender la aplicación de la ley hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
Los dirigentes sindicales argumentaron que la ejecución inmediata de la norma implicaría en la práctica la desaparición de la Justicia Nacional del Trabajo, lo que —según su interpretación— podría generar daños irreparables para los trabajadores y para el sistema judicial laboral vigente.
Sin embargo, el magistrado consideró que la cautelar solicitada no reunía los requisitos jurídicos necesarios para su otorgamiento. En particular, destacó que este tipo de medidas tiene carácter excepcional y debe analizarse con especial prudencia cuando implica alterar el estado de hecho o de derecho existente antes del dictado de la sentencia definitiva.
En ese sentido, la resolución subraya que la medida pedida por la CGT coincidía prácticamente con el objetivo final de la demanda judicial, lo cual resulta improcedente dentro del régimen cautelar. Según explicó el juez, una decisión precautoria no puede anticipar ni sustituir el contenido de la sentencia final del proceso.
El fallo también remarca que, en esta etapa inicial del expediente, no se verificó la existencia del llamado “peligro en la demora”, uno de los requisitos esenciales para conceder medidas cautelares. De acuerdo con el criterio del tribunal, los elementos aportados por la parte actora no demostraron la existencia de un perjuicio inmediato e irreparable que justificara alterar el curso normal del proceso judicial.
A partir de ese análisis, el juez resolvió rechazar la medida cautelar solicitada por la CGT, permitiendo que la normativa cuestionada continúe vigente mientras se tramita el expediente principal.
Al mismo tiempo, el magistrado dispuso dar traslado de la demanda al Estado nacional, que deberá presentar su informe en el plazo de cinco días conforme a lo previsto en la Ley de Amparo 16.986. En esa instancia, el Gobierno tendrá la oportunidad de exponer su defensa y ofrecer la prueba que considere pertinente para sostener la legalidad de la reforma.
El pronunciamiento judicial no implica todavía una definición sobre la constitucionalidad de la ley, cuestión que será analizada más adelante en la sentencia definitiva. Sin embargo, el rechazo de la cautelar representa un revés inicial para la estrategia judicial de la CGT, que buscaba frenar de inmediato la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
La disputa judicial recién comienza y promete convertirse en uno de los capítulos más relevantes del debate institucional sobre el nuevo esquema laboral en Argentina, en el que confluyen cuestiones de organización judicial, derechos laborales y distribución de competencias entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
