Alicante-13 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, fue detenido este viernes por agentes de la Policía Nacional en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión de los llamados bonos comercio en distintos municipios de la provincia, una causa que volvió a sacudir al empresariado alicantino y abrió una fuerte controversia política por el manejo de fondos públicos destinados a sostener al comercio local. Más tarde, el dirigente quedó en libertad con cargos por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad, mientras la pesquisa sigue bajo secreto.
La operación se concentró en la mañana del viernes y tuvo como uno de sus ejes el registro de la sede de Facpyme, la Federación Alicantina de Comercio y Pymes, entidad que también preside Baño y que aparece en el centro de las averiguaciones por su intervención en campañas de bonos consumo correspondientes a 2022 y 2023. Los investigadores de la UDEF, en concreto el grupo de blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, buscaron documentación e información informática sobre la trazabilidad de esas ayudas, su gestión administrativa y el eventual destino de los fondos.
El programa bajo sospecha había sido presentado en su momento como una herramienta para reactivar la actividad tras el golpe económico de la pandemia. El esquema consistía en que los consumidores pagaban una parte del bono y la administración cubría el resto mediante subvenciones canalizadas a través de ayuntamientos y entidades colaboradoras. La investigación intenta determinar si en ese circuito hubo irregularidades, si se produjo un eventual fraude en subvenciones y si alguna de las estructuras utilizadas para gestionar el sistema pudo haber servido para obtener beneficios indebidos con dinero público.
Uno de los puntos que más interés genera en la causa es el papel de las entidades intermedias. Según la información publicada este viernes por distintos medios españoles, Anticorrupción trata de establecer si la operatoria vinculada a los bonos consumo en una veintena de municipios pudo estar apoyada en un entramado de gestión que excedía la mera colaboración institucional. En ese contexto aparece mencionada la sociedad Nexo Alicante Retail S.L., creada por Facpyme, cuya actuación también forma parte del foco investigativo.
La detención de Baño impactó de lleno en el escenario político y empresarial de Alicante, donde su figura venía ocupando un lugar central no sólo por su rol en la Cámara de Comercio, sino también por su gravitación en el tejido pyme de la provincia. El caso además toca un programa particularmente sensible, porque los bonos comercio habían sido defendidos como una ayuda directa para sostener ventas, consumo y actividad en ciudades golpeadas por la caída del poder adquisitivo y por los efectos de la crisis pospandemia. Que ahora ese instrumento quede bajo sospecha judicial altera de manera profunda su lectura pública.
Por ahora, el expediente sigue abierto y con diligencias reservadas. La Justicia deberá determinar si las irregularidades detectadas configuran delitos y si hubo responsabilidades personales en la administración del programa. Mientras tanto, la caída judicial de Carlos Baño deja a la Cámara de Comercio de Alicante frente a una crisis institucional de gran magnitud y amenaza con proyectar la investigación sobre la relación entre ayudas públicas, entidades empresariales y control efectivo de los recursos.
