Buenos Aires-13 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. La decisión del Gobierno nacional de extender hasta julio de 2027 la vigencia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) volvió a poner en el centro de la escena una discusión clave para la economía argentina: si el fuerte volumen de capital comprometido en energía, minería e infraestructura puede traducirse en una recuperación laboral capaz de compensar el deterioro del empleo registrado. Hasta ahora, de las 27 iniciativas presentadas, la autoridad de aplicación aprobó 10 proyectos por un total de USD 25.479 millones, con una promesa de 32.539 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
La cifra, en términos absolutos, es impactante y le permite al oficialismo mostrar una cartera concreta de inversiones en sectores estratégicos. Pero al mismo tiempo abre una pregunta que en despachos oficiales, empresas y consultoras ya circula con insistencia: si ese volumen de empleo proyectado será suficiente para reanimar un mercado laboral que viene golpeado por la recesión, la parálisis de obras, el cierre de empresas y el retroceso de varios sectores productivos tradicionales.
Dentro de ese universo, el núcleo más fuerte aparece en la minería y en los hidrocarburos, dos áreas que concentran buena parte de las apuestas regionales. En San Juan, el proyecto de cobre Los Azules, impulsado por McEwen Copper, prevé una inversión de USD 2.672 millones y la creación de 7.391 empleos, lo que lo ubica entre los emprendimientos de mayor peso en términos ocupacionales. En esa misma provincia, Minas Argentinas empuja el proyecto Nuevo Gualcamayo, con USD 665 millones destinados a reactivar una mina de oro y con una proyección de 4.500 puestos de trabajo.
También en la minería del litio se registran movimientos importantes. En Salta, Rio Tinto obtuvo aval para expandir Rincón de Litio, con una inversión de USD 2.744 millones y una necesidad estimada de 1.985 trabajadores. En Catamarca, Galan Lithium quedó habilitada para avanzar con Hombre Muerto Oeste, una iniciativa valuada en USD 292 millones y con una promesa de 670 empleos. A ese mapa se sumaron recientemente otros desarrollos mineros aprobados bajo el régimen, consolidando a la región de Cuyo y el NOA como uno de los principales polos de atracción del esquema.
En el frente energético, el peso de Vaca Muerta y de los proyectos de exportación vuelve a ser decisivo. El oleoducto Vaca Muerta Sur, liderado por el consorcio VMOS e integrado por YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell, prevé una inversión de USD 2.900 millones en Río Negro y la generación de 3.108 empleos. En la misma provincia, Southern Energy proyecta la instalación de una barcaza de GNL en el Golfo de San Matías, una iniciativa de enorme escala, valuada en USD 15.156 millones a lo largo de su vida útil, con una creación estimada de 1.900 puestos.
El abanico del RIGI no se agota en minería y petróleo. También alcanza a la industria pesada, a las energías renovables y a la infraestructura portuaria. En San Nicolás, Sidersa aprobó una inversión de alrededor de USD 286 millones para desarrollar una planta de acero “verde”, con una proyección de 3.800 empleos. En Mendoza, YPF Luz recibió la aprobación para el parque solar El Quemado, por USD 211 millones y 384 puestos laborales, mientras que en Olavarría, PCR y Acindar avanzan con un parque eólico de USD 276 millones y 165 empleos.
Entre todos, uno de los datos más llamativos surge de Santa Fe, donde el Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes, presentado por Terminales y Servicios S.A., contempla una inversión de USD 277 millones pero una generación estimada de 9.700 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Esa cifra lo convierte en el emprendimiento con mayor impacto laboral proyectado dentro del grupo de aprobados, un dato que explica por qué el Gobierno suele mostrarlo como ejemplo de la capacidad del régimen para irradiar actividad más allá de la extracción de recursos naturales.
Con este conjunto, el oficialismo gana volumen político para defender el RIGI como una herramienta destinada a atraer capitales de largo plazo en sectores donde la Argentina necesita escala, infraestructura y previsibilidad. La extensión del plazo hasta el 8 de julio de 2027, oficializada por el Decreto 105/2026, respondió justamente a esa lógica: dar más tiempo para estructurar proyectos complejos, especialmente en energía, minería y grandes desarrollos industriales.
De todos modos, el optimismo de los anuncios convive con un cuadro laboral más áspero. Distintos especialistas vienen advirtiendo que buena parte de estos proyectos requieren largos períodos de maduración y que su impacto no será inmediato. Además, la creación potencial de 32.539 empleos todavía luce modesta frente a la dimensión del deterioro acumulado en el mercado laboral formal. A eso se suma otro dato incómodo: varios de los sectores hoy celebrados como motores del futuro, como minería y energía, también sintieron en los últimos meses el freno de la construcción asociada a las inversiones y la pérdida de puestos en actividades complementarias.
En ese marco, la gran apuesta del Gobierno parece clara: confiar en que la llegada de capitales y la consolidación de grandes proyectos exportadores termine traccionando empleo, divisas y crecimiento. Pero entre la promesa y la realidad siempre media el tiempo, y en la Argentina actual el tiempo económico y el tiempo social no siempre avanzan al mismo ritmo. Por eso, aunque los números del RIGI ofrecen una foto potente y una narrativa de futuro, el desafío de fondo sigue siendo el mismo: transformar las aprobaciones en obras concretas, las obras en producción y la producción en empleo genuino y sostenido.
