Santa Cruz de la Sierra-15 de Marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. La captura en Bolivia del uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la región y una de las figuras de mayor interés para la DEA, sacudió este fin de semana el tablero de la seguridad sudamericana y volvió a poner en primer plano la dimensión transnacional del negocio de la cocaína. El operativo fue ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) en Santa Cruz de la Sierra, donde el jefe criminal fue detenido durante la madrugada del viernes 13 de marzo, luego de más de tres años prófugo. Las autoridades bolivianas confirmaron luego su traslado a Estados Unidos, mientras Washington presentó el arresto como un éxito de la cooperación regional.
Según la reconstrucción oficial, el procedimiento se realizó en el barrio Las Palmas, una zona residencial de Santa Cruz, mediante allanamientos simultáneos en dos inmuebles ubicados a corta distancia. El ministro de Gobierno boliviano, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que primero fue neutralizado el anillo de seguridad del narco y luego se avanzó sobre la vivienda donde se encontraba Marset, quien no habría ofrecido resistencia ni pronunciado palabra durante el procedimiento. En el despliegue también fueron arrestadas otras cuatro personas presuntamente ligadas al Primer Cártel Uruguayo (PCU), organización que distintas investigaciones atribuyen al uruguayo capturado.
El dato político no es menor. Bolivia remarcó que la DEA no participó directamente en la detención, aunque sí intervino en el traslado posterior del detenido hacia territorio estadounidense. La administración de Donald Trump, en cambio, buscó mostrar el episodio como una prueba concreta de la nueva alianza de seguridad hemisférica y lo vinculó con el esquema de cooperación bautizado “Escudo de las Américas”. La detención también marca un hito en la renovada relación operativa entre La Paz y la agencia antidrogas norteamericana, luego de años de distancia y desconfianza mutua.
Marset, de 34 años, llevaba tiempo convertido en una figura casi mítica del crimen organizado regional. Había saltado a la notoriedad pública por sus antecedentes en tráfico de marihuana, luego por el armado de una red de cocaína con base en Bolivia, proyección sobre Paraguay y salida hacia Europa, y más tarde por su capacidad para burlar operativos, moverse con identidades falsas y hasta desafiar públicamente a las autoridades con videos en redes sociales. En 2023, un procedimiento fallido en Bolivia terminó con su fuga, el secuestro de policías y el hallazgo posterior de armas, dinero y vehículos de lujo en propiedades vinculadas a su entorno. Esa combinación de poder económico, protección territorial y desafío abierto al Estado terminó de consolidar su perfil como uno de los capos más escurridizos del continente.
La caída del uruguayo también vuelve a acercar una causa de enorme sensibilidad regional: el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia en mayo de 2022. Aunque Marset no aparece formalmente condenado por ese crimen, distintas autoridades paraguayas y reportes periodísticos lo vienen ubicando desde hace tiempo en el círculo de posibles autores intelectuales o de apoyo dentro de la trama criminal que rodeó el atentado. El fiscal general paraguayo, Emiliano Rolón, lo mencionó en el llamado “segundo anillo” de responsables, mientras que el ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, afirmó días atrás que “todo indica” que Marset y su socio Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, están involucrados. La captura, por eso, no sólo cierra una larga fuga: también podría abrir nuevas derivaciones judiciales de alto impacto.
En paralelo, Estados Unidos lo tenía en la mira por lavado de dinero y desde mayo de 2025 ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. La acusación norteamericana sostiene que utilizó bancos estadounidenses para mover ganancias del narcotráfico, lo que dio a Washington una base penal propia para reclamarlo. Ese expediente se sumó a las investigaciones abiertas en Paraguay y Bolivia, donde se lo sindica por narcotráfico, asociación criminal y lavado. En otras palabras, la detención de Marset no representa sólo la caída de un fugitivo célebre: puede convertirse en un punto de inflexión para desarmar una red que conectó cocaína, lavado, corrupción y violencia política-criminal a escala sudamericana.
La captura también deja una lectura incómoda para varios gobiernos de la región. Durante años, Marset operó con una audacia impropia de un simple prófugo: se movió entre países, acumuló protección, montó estructuras empresariales y criminales, y logró escapar de operativos que parecían cercarlo. Su caída exhibe ahora tanto la eficacia del golpe final como las debilidades previas de los sistemas estatales que durante demasiado tiempo no lograron cerrarle el paso. En un continente donde el narcotráfico ya no se limita al transporte de droga sino que infiltra negocios, instituciones, fronteras y hasta investigaciones judiciales sensibles, el caso Marset resume con crudeza el tamaño del problema.
