Buenos Aires-16 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. Este lunes comenzó un nuevo paro nacional en las universidades públicas de todo el país, en una medida impulsada por las federaciones Conadu y Conadu Histórica, que resolvieron un esquema de cese de actividades en dos tramos: del 16 al 21 de marzo y luego del 23 al 30. En paralelo, los docentes nucleados en la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) avanzaron todavía más y votaron una huelga “por tiempo indeterminado” hasta que se les abone la recomposición salarial que, según sostienen, surge de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795. La medida impacta sobre el inicio y la continuidad de clases en gran parte del sistema público y vuelve a dejar a miles de estudiantes como principales rehenes de una pelea que, otra vez, perjudica a los argentinos.
La protesta tiene alcance nacional y suma adhesiones de peso. Confirmaron su participación docentes de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional del Chaco Austral, la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Nacional de José C. Paz, entre otras. En el caso de la UTN, la protesta alcanza a sus 30 facultades regionales y también al Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, mientras que en algunos establecimientos la modalidad se concentra en 24 horas y en otros se extiende durante casi toda la semana. La postal es conocida: aulas vacías, cronogramas alterados y estudiantes obligados a reorganizar cursadas, exámenes y traslados en medio de una puja que se arrastra desde hace meses.
El argumento central de los gremios es salarial. AGD UBA sostiene que el sueldo real de los docentes se ubica 35,6% por debajo de noviembre de 2023 y hasta 2,7% por debajo de los peores niveles registrados en 2004. La secretaria general del gremio, Laura Carboni, afirmó además que desde noviembre de 2023 perdieron el equivalente a 11,5 salarios y denunció que, en los hechos, “de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”. En esa misma línea, el sector reclama que se aplique plenamente la ley aprobada por el Congreso, que obliga al Estado a recomponer salarios docentes y no docentes, actualizar partidas de funcionamiento, becas, hospitales universitarios y áreas de ciencia y técnica, con un costo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en torno al 0,23% del PBI.
Pero detrás del reclamo salarial aparece también otra discusión más profunda: quién controla, administra y audita los fondos del sistema universitario. El conflicto no solo enfrenta a los gremios con la Casa Rosada por recomposición y presupuesto; también reaviva la pelea por las llamadas “cajas universitarias”, un universo donde conviven recursos para salarios, funcionamiento, obras, institutos, hospitales, investigación y estructuras administrativas con fuerte peso político. El debate sobre auditorías y control de esos fondos volvió a escena en los últimos meses, luego de la controversia por el rol de la AGN y la SIGEN en la fiscalización de las universidades nacionales. En ese marco, el paro vuelve a dejar la sensación de que, más allá del reclamo genuino por ingresos, también se libra una batalla por preservar áreas de poder y de manejo de recursos que pocos están dispuestos a ceder.
El cuadro general, además, exhibe una tensión que excede a los gremios. Según datos citados en distintos informes y en la propia discusión presupuestaria, cerca del 90% del presupuesto universitario se concentra en salarios y funcionamiento básico, lo que deja escaso margen para infraestructura, investigación y expansión. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional hubo advertencias sobre el riesgo de crisis en 2026, mientras el oficialismo y el sistema universitario siguen sin encontrar una salida estable. En el medio quedan los alumnos, sus familias y los contribuyentes, que vuelven a pagar el costo de una disputa que ya no puede explicarse solo por la inflación ni solo por la autonomía universitaria. Para muchos, este es otro paro que castiga a los argentinos, altera el calendario académico y termina funcionando también como una herramienta de presión en defensa de privilegios enquistados alrededor del manejo de las cajas universitarias.
