Por RR
Rosario-16 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. El suicidio del suboficial Oscar Eduardo Valdez frente a la sede de la Unidad Regional II de la policía de Rosario expuso una crisis interna que venía creciendo en silencio dentro de la fuerza santafesina y que ahora amenaza con erosionar uno de los pocos resultados concretos que la provincia exhibía en materia de seguridad: la caída de los homicidios en la ciudad más golpeada por la violencia narco en la Argentina. Lo que parecía un episodio aislado derivó en una protesta de efectivos, reclamos por salarios, denuncias por agotamiento extremo y una discusión de fondo sobre hasta qué punto la presión sobre la base policial puede poner en riesgo la estabilidad del esquema de control que Santa Fe intentó consolidar en los últimos dos años.
La conmoción no fue menor. Tras la muerte de Valdez, alrededor de un centenar de patrulleros se concentraron frente a la jefatura rosarina en una protesta que el gobierno provincial leyó como una señal de fuerte malestar interno. El detonante inmediato fueron los bajos salarios, las extensas jornadas laborales y la falta de contención psicológica, un reclamo que ganó volumen luego de que se conociera que cientos de policías en Santa Fe estaban bajo seguimiento en salud mental. El conflicto obligó al gobernador Maximiliano Pullaro a intervenir con rapidez para desactivar la protesta y evitar una fractura más seria en una fuerza clave para sostener el operativo de seguridad en Rosario.
El gobierno terminó cediendo en un punto sensible. Pullaro anunció que ningún policía de la provincia cobraría menos de 1.350.000 pesos, además de disponer adicionales específicos y mejoras para el personal penitenciario y para quienes cumplen funciones críticas, como choferes de patrulleros. La decisión permitió descomprimir la protesta y que los agentes volvieran a sus tareas, pero no resolvió por completo el problema de fondo: dentro de la fuerza persiste la sensación de desgaste, precariedad y falta de reconocimiento, en una institución que viene siendo sometida a una exigencia muy alta en el combate diario contra el delito y el narcotráfico.
La tensión resulta todavía más delicada porque llega en un momento en que Rosario mostraba mejoras objetivas en sus indicadores de violencia letal. Según datos oficiales de la provincia, enero de 2026 cerró con 7 homicidios en el departamento Rosario, contra 21 en enero de 2025, mientras que el balance preliminar de 2025 ubicó a Santa Fe entre los dos años menos violentos del siglo. En paralelo, otros registros periodísticos señalaron que el departamento Rosario cerró 2025 con 115 homicidios, por encima de los 90 de 2024, aunque todavía muy por debajo de los picos de 2022 y 2023. Esa diferencia entre fuentes refleja que la baja de la violencia existe, pero también que el equilibrio sigue siendo frágil y puede alterarse si la policía entra en una nueva fase de desorden interno.
Parte de ese cambio en el escenario de seguridad estuvo asociado a la aplicación de la llamada Ley de Microtráfico, sancionada en Santa Fe a fines de 2023, que permitió a la provincia asumir competencia para investigar y perseguir el narcomenudeo. Desde entonces, el Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas de seguridad multiplicaron allanamientos y operativos sobre búnkeres y redes barriales de venta minorista de droga. Esa herramienta fue presentada por la gestión provincial como un punto de inflexión para recuperar control territorial en zonas donde el microtráfico funcionaba como base económica del crimen organizado. Pero distintos analistas advirtieron que la nueva capacidad operativa no resolvía por sí misma los déficits históricos de conducción, transparencia y cohesión dentro de la propia policía.
A ese cuadro se le sumó otro golpe severo: la llamada “causa del combustible”. La investigación judicial iniciada en 2025 reveló un presunto esquema de sobrefacturación y cargas fantasma para desviar fondos destinados al abastecimiento de patrulleros de la Unidad Regional II, con un perjuicio estimado en decenas de millones de pesos mensuales. Hubo ex jefes detenidos, imputaciones por asociación ilícita, peculado y defraudación al Estado, y nuevas detenciones meses después. El caso no sólo impactó por el monto, sino porque perforó la cadena de mando que la provincia intentaba reconstruir y volvió a instalar la sospecha de que parte de la institucionalidad policial seguía corroída por prácticas de vieja data.
En ese contexto, la crisis abierta por la muerte de Valdez deja una advertencia difícil de ignorar. El modelo de seguridad rosarino mostró capacidad para bajar homicidios y recuperar presencia estatal en la calle, pero descansa sobre una fuerza que sigue arrastrando problemas salariales, emocionales, organizativos y de corrupción interna. Si esa estructura vuelve a resentirse, la mejora en los números puede resultar menos sólida de lo que el discurso oficial pretende mostrar. En una ciudad donde el crimen organizado ya demostró su capacidad para aprovechar cualquier fisura del Estado, el mayor riesgo no es sólo el malestar policial: es que una policía agotada, fragmentada o desmoralizada termine abriendo la puerta a una nueva etapa de deterioro.
