Buenos Aires-16 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. Una denuncia criminal presentada ante la Justicia Federal en lo Penal Económico puso bajo sospecha una posible maniobra de agiotaje financiero vinculada a movimientos detectados antes de la difusión del último índice de inflación. El abogado Guillermo J. Tiscornia promovió formalmente la acción penal al considerar que pudo haberse configurado una operatoria basada en el uso de información privilegiada, con posible relación concursal y eventual tráfico de influencias, todo ello en torno a la publicación del dato oficial del IPC de febrero.
La presentación judicial fue dirigida al fuero penal económico por entender que allí radica la competencia específica para investigar un hecho de esta naturaleza. En su escrito, Tiscornia invocó los artículos 300, 307 y 309 del Código Penal, y sostuvo que el episodio podría encuadrarse dentro de una maniobra agiotista a partir de la utilización indebida de información reservada, con impacto sobre operaciones bursátiles y sobre la transparencia del proceso de formación de precios en el mercado.
Según surge de la denuncia, el eje del caso está en lo ocurrido el 12 de marzo, antes de que el INDEC difundiera oficialmente la inflación de febrero. Tiscornia tomó como base una publicación periodística que daba cuenta de movimientos sospechosos previos a la difusión del dato, y a partir de allí construyó la hipótesis penal. En ese marco, señaló que en las horas previas ya circulaban versiones en chats de traders e inversores que ubicaban el índice cerca del 2,9%, porcentaje que finalmente fue el informado oficialmente.
El escrito remarca que, desde alrededor de las 14.30, comenzaron a observarse operaciones de compra y venta con mayor demanda por bonos o letras ajustadas por CER, junto con ventas de títulos a tasa fija. Para el denunciante, esos movimientos no serían neutrales, sino que podrían indicar que ciertos actores se reposicionaron anticipadamente para obtener una mayor rentabilidad, aprovechando un conocimiento reservado sobre el dato inflacionario que todavía no había sido comunicado al conjunto del mercado.
Otro de los elementos que Tiscornia consideró especialmente llamativos fue lo sucedido en la plataforma Polymarket, dedicada a mercados de predicción. Allí, hasta poco antes de las 15.30, el escenario más probable era una inflación de entre 2,5% y 2,7%. Sin embargo, en la última media hora previa a la publicación oficial, la probabilidad se desplazó de manera abrupta hacia la franja de 2,8% a 3%, que terminó coincidiendo con el dato anunciado por el organismo estadístico. Para el abogado, ese comportamiento merece ser investigado como posible indicio de acceso anticipado a información sensible.
La denuncia desarrolla además una extensa fundamentación jurídica sobre el delito de agiotaje y su proyección al terreno financiero. Tiscornia distingue esta figura de una estafa clásica y sostiene que, en casos de esta naturaleza, el bien jurídico protegido no es sólo la buena fe en los negocios, sino también la transparencia del mercado, la confianza pública y la correcta formación de los precios. En esa línea, advierte que una manipulación basada en noticias reservadas o en acuerdos entre actores con posición relevante puede alterar indebidamente el funcionamiento de la oferta y la demanda y lesionar al conjunto de los inversores.
El denunciante también pone el foco en el eventual uso indebido de información privilegiada. En su planteo, recuerda que la información es un activo central dentro del mercado de capitales y que no todos acceden a ella en igualdad de condiciones. Precisamente por eso, afirma que si determinados operadores negociaron instrumentos financieros con ventaja informativa obtenida antes de la difusión pública del dato, el episodio podría encuadrar no sólo en una hipótesis de agiotaje financiero, sino también en un caso típico de abuso de información privilegiada.
Sobre esa base, Tiscornia pidió que se dispongan diligencias sumariales para determinar si efectivamente hubo traspasos significativos desde títulos a tasa fija hacia bonos ajustados por CER, si en los chats de operadores ya circulaba el dato exacto del IPC antes de su publicación, y si puede comprobarse una concertación de operaciones que haya permitido obtener beneficios a partir de esa ventaja. También requirió que, para resguardar el éxito de la pesquisa, se evalúe el dictado del secreto sumarial y que, en caso de identificarse responsables, se avance con las medidas procesales correspondientes.
La presentación no afirma que el delito ya esté probado, pero sí sostiene que existe una hipótesis penal suficientemente verosímil como para abrir una investigación. En ese sentido, las sospechas públicas difundidas en las últimas horas aparecen en el expediente como antecedente y disparador, pero el centro del planteo está puesto en la denuncia de Tiscornia, que busca que la Justicia determine si detrás de esos movimientos hubo una maniobra deliberada para influir o beneficiarse del comportamiento del mercado antes de que la información estuviera al alcance de todos.
