Washington/Nueva York, 20 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- En uno de los episodios más delicados y políticamente comprometedores que empiezan a salir a la luz sobre el final de la administración Joe Biden, un acuerdo aprobado en secreto el 17 de enero de 2025, apenas tres días antes de dejar la Casa Blanca, permitió destrabar un litigio histórico y devolver valor económico sobre activos que Estados Unidos había confiscado por sus vínculos con una estructura ligada al régimen iraní. El caso gira en torno a la Alavi Foundation y al edificio de 650 Fifth Avenue, en Manhattan, uno de los símbolos más notorios de la penetración patrimonial iraní en territorio norteamericano. La existencia de una presentación sellada de esa fecha y su blindaje posterior por orden judicial en marzo de 2026 figuran en el expediente federal, lo que le da al caso un carácter todavía más explosivo.
Lo más grave no es sólo el momento elegido por Biden, sino el contenido político del entendimiento. Según la reconstrucción conocida en las últimas horas, el acuerdo permitió que una nueva entidad llamada Amir Kabir Foundation, con buena parte de la misma estructura dirigencial que la Alavi Foundation, recuperara acceso a recursos y a una porción sustancial del valor generado por un activo que había sido puesto bajo control del Estado norteamericano. La propia documentación citada en esta controversia sostiene que la mayoría del pago total contemplado en el arreglo se explica por la liberación de la participación del 40% en la sociedad de Fifth Avenue que antes estaba vinculada a Assa, una entidad que fue considerada indirectamente propiedad de Bank Melli, banco iraní. Ese interés fue valuado en alrededor de 174 millones de dólares. Dicho en términos simples: la administración saliente no sólo cerró el pleito; lo hizo entregando una porción de valor que había sido arrebatada a una estructura asociada a Teherán.
El punto central del cable debe quedar claro: no se trata de una ayuda humanitaria ni de una compensación menor, sino de una cesión estatal sobre un activo que durante años fue presentado por la propia Justicia estadounidense como parte de una red que servía a intereses iraníes. En 2017, un jurado federal determinó que el edificio de 650 Fifth Avenue, valuado entonces en más de 500 millones de dólares, así como otras propiedades y cuentas, eran decomisables por violaciones a las sanciones contra Irán y por maniobras de lavado. En aquel momento, el Departamento de Justicia lo describió como la mayor confiscación civil vinculada al terrorismo en la historia de Estados Unidos. El mensaje oficial de entonces era terminante: ese rascacielos había funcionado como frente del gobierno iraní y como canal para desviar millones de dólares en violación de la ley. Por eso el acuerdo de Biden no aparece como una mera salida técnica: luce, para sus críticos, como una claudicación política frente a una estructura que Washington llevaba años denunciando.
Es cierto que en 2019 la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revirtió parcialmente el fallo y ordenó revisar aspectos clave del caso. Pero esa decisión no borra el dato político esencial: la causa había nacido por la convicción del Estado norteamericano de que la Alavi Foundation y su entramado societario servían para ocultar la injerencia de actores vinculados a Irán sobre activos en suelo estadounidense. En lugar de sostener una línea de máxima dureza contra ese entramado, Biden eligió cerrar el expediente sobre el filo de su salida, en silencio y bajo condiciones que hoy despiertan enorme sospecha. Más aún: el 11 de marzo de 2026, la jueza Loretta Preska aceptó sellar íntegramente la orden, no sólo para el público sino también para litigantes que no fueran parte del acuerdo. Ese hermetismo sólo alimentó la percepción de que se buscó esconder una transacción de enorme sensibilidad estratégica.
La defensa de los involucrados apunta a que la nueva fundación no tiene relación con el gobierno iraní y a que el directorio de Alavi fue renovado con el paso de los años. Pero aun aceptando esa explicación, el reproche político contra Biden sigue en pie. ¿Por qué apuró un acuerdo de esta magnitud en sus últimos tres días? ¿Por qué se resolvió con semejante nivel de reserva? ¿Y por qué una administración demócrata que se llenó la boca hablando de seguridad nacional y de lucha contra regímenes hostiles terminó firmando una salida que, en los hechos, alivió la situación de una estructura durante años asociada judicialmente al aparato iraní? En un momento en que Irán vuelve a ser eje de una guerra regional y de la amenaza estratégica más seria de las últimas décadas, el gesto de Biden aparece como un acto de debilidad, de opacidad y de desconexión con los intereses de seguridad de su propio país.
El caso golpea también por su valor simbólico. Durante años, 650 Fifth Avenue fue presentado como el ejemplo perfecto de cómo el régimen iraní, o estructuras alineadas con él, podían proyectar influencia y patrimonio dentro de Estados Unidos. El decomiso era, en ese sentido, una victoria judicial y política. El acuerdo sellado en la despedida de Biden cambió esa lógica: donde antes había una señal de firmeza, ahora aparece una negociación reservada que devuelve aire, recursos y margen de maniobra a un entramado que nunca dejó de estar bajo sospecha. En un expediente de esta naturaleza, la forma importa tanto como el fondo. Y aquí ambas cosas dejan mal parado al expresidente demócrata.
Mirado en conjunto, el episodio proyecta una imagen demoledora. Mientras Estados Unidos intenta contener a Irán en el plano militar, económico y diplomático, salen a la superficie decisiones de último momento tomadas por la administración anterior que parecen ir exactamente en la dirección opuesta. El “pacto secreto” de Biden con la fundación iraní no sólo reabre viejas sospechas sobre la blandura demócrata frente a ciertos actores vinculados a Teherán. También deja planteada una pregunta incómoda: cuántas concesiones quedaron escondidas en los cajones del poder antes del recambio presidencial y cuántas de ellas terminaron favoreciendo, directa o indirectamente, a los enemigos estratégicos de Occidente.
