Buenos Aires, 20 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- La diputada Marcela Pagano y su pareja, el abogado Franco Bindi, sufrieron un nuevo traspié judicial en la causa que investiga la filtración de grabaciones clandestinas vinculadas al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal les denegó el recurso extraordinario con el que buscaban revertir los fallos que ya les habían impedido presentarse como imputados y, de ese modo, acceder al expediente. La resolución volvió a cerrarles, al menos por ahora, la puerta de una causa de alto voltaje político que roza al oficialismo, al Congreso y a la delicada frontera entre espionaje, operaciones internas y corrupción estatal.
El trasfondo del expediente no es menor. Todo se originó tras la difusión de audios atribuidos al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se aludía a un supuesto esquema de coimas, sobreprecios y cartelización en la compra de medicamentos de alto costo para personas con discapacidad. Aquellas grabaciones terminaron abriendo dos planos simultáneos: por un lado, la investigación por presuntas maniobras corruptas dentro del organismo; por el otro, la denuncia del Gobierno sobre una supuesta operación de inteligencia ilegal montada a partir de esas filtraciones. En la primera causa, el juez Sebastián Casanello procesó en febrero a Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita y alcanzó a otros 18 acusados, en una pesquisa que estimó un perjuicio multimillonario para el Estado y que describió una estructura de compras direccionadas y sobrefacturación dentro del sistema.
En paralelo, la causa por los audios ilegales se abrió el 1 de septiembre de 2025 a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad, entonces conducido por Patricia Bullrich, en la que se reportó la filtración de grabaciones obtenidas, según la presentación oficial, en ámbitos sensibles de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, y también en el entorno del Congreso, con referencias al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El expediente quedó impulsado por el fiscal Carlos Stornelli, quien encuadró los hechos bajo la posible violación de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 y sostuvo que debía investigarse una presunta maniobra de espionaje clandestino orientada a impactar en la opinión pública y en el clima político-electoral.
Fue en ese marco que Pagano y Bindi, bajo sospechas políticas y mediáticas desde que estalló el escándalo, intentaron ingresar formalmente al expediente en calidad de imputados. Su estrategia apuntaba a tomar vista de la causa, designar defensa y conocer el contenido de una investigación que, entienden, los tiene bajo sombra pero sin reconocimiento procesal pleno. Sin embargo, la Justicia les negó ese acceso en primera instancia, luego en la Cámara Federal y ahora también en Casación, que ratificó que ninguno de los dos se encuentra formalmente imputado. El fallo conocido en las últimas horas fue firmado por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, quienes convalidaron lo resuelto por las instancias anteriores.
La decisión tiene una doble lectura política y judicial. Por un lado, deja a la dupla Pagano-Bindi fuera del expediente, pese a que sus nombres quedaron asociados desde el inicio a la filtración de los audios. Por otro, permite al tribunal mantener el control cerrado sobre una causa extremadamente sensible, en la que se cruzan denuncias por presunto espionaje, internas libertarias y derivaciones del caso ANDIS, una investigación que ya golpeó con fuerza al Gobierno. El dato no es menor: los audios que hicieron explotar la crisis fueron contemporáneos a la difusión de conversaciones en las que se mencionaba el supuesto cobro de un 3 por ciento por parte de Karina Milei, una acusación de enorme impacto institucional que agravó la conmoción política del caso y aceleró la reacción oficial.
Con esta resolución, la Justicia no cerró el expediente, pero sí dejó en claro que no habilitará, por ahora, el ingreso de quienes buscan defenderse desde adentro de una pesquisa en la que todavía no fueron formalmente acusados. En un año atravesado por la disputa entre denuncias de corrupción y contraofensivas por supuesto espionaje, el caso ANDIS sigue exhibiendo una mezcla explosiva: dinero público bajo sospecha, grabaciones clandestinas, pulseadas de poder y un oficialismo que todavía no consigue despegarse del temblor político que provocaron aquellos audios.
