Buenos Aires, 21 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- La Casa Rosada asegura haber identificado a la persona que filmó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando abordaba el avión privado con el que viajó a Punta del Este junto a su familia durante el feriado de Carnaval. Según la versión oficial que empezó a circular en las últimas horas, se trataría de Victoria Correa, delegada sindical de ATEPSA y trabajadora vinculada al aeropuerto de San Fernando, a quien distintos despachos del Gobierno ubican además en el universo de la izquierda. La revelación, sin embargo, lejos de cerrar la crisis, deja abierta una pregunta más incómoda: aun si el oficialismo logró ponerle nombre a quien tomó el video, eso no altera en nada la cuestión de fondo, que sigue siendo quién pagó el vuelo, bajo qué esquema y si hubo o no una conducta impropia de un alto funcionario.
El dato político más sugestivo es que el Gobierno parece haber dedicado una energía creciente a reconstruir el origen de la filmación en paralelo al avance de la causa judicial por el viaje. Según pudo saber Total News Agency, en esa búsqueda se habrían utilizado tiempo y recursos de agentes de la SIDE y de la PSA para determinar quién había grabado la secuencia en San Fernando. Aun si esa línea de trabajo fuera confirmada, el interrogante central seguiría en pie: no se entiende de qué manera identificar a la autora del video modifica la investigación principal sobre el financiamiento del traslado de Adorni ni qué reproche concreto podría caberle a quien registró imágenes de un hecho que, a esta altura, ya quedó incorporado al debate público y judicial. Sobre ese punto, hasta ahora no surgió ninguna imputación penal pública contra Correa; lo único que trascendió es que en la Casa Rosada se estudian eventuales sanciones administrativas o gremiales.
La identificación de Correa se apoya, por ahora, en fuentes oficiales y en antecedentes sindicales públicos. La Nación consignó que en Balcarce 50 la describen como delegada sindical, empleada de planta y militante del PTS, mientras que registros del propio sindicato ATEPSA muestran que una Victoria Correa fue mencionada años atrás como delegada vinculada al aeropuerto de San Fernando. El oficialismo eligió poner ese dato en circulación en un momento especialmente delicado para Adorni, cuando la Justicia ya avanzó con facturas, pedidos de información y rastreo bancario sobre los vuelos a Uruguay.
Ahí aparece la cuestión decisiva. El juez federal Ariel Lijo no está investigando quién filmó, sino quién pagó. En el expediente ya fueron incorporadas facturas que muestran que el tramo de ida fue abonado por Imhouse S.A., firma vinculada al periodista Marcelo Grandio, mientras que el regreso quedó conectado a otro circuito de facturación ligado a Agustín Issin Hansen y a un paquete mayor de vuelos. La causa avanzó incluso sobre el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las firmas involucradas, el pedido de información a bancos, organismos fiscales y a la PSA, y la preservación de cámaras y registros del aeropuerto. Es decir, mientras el Gobierno busca cerrar el capítulo del video, la Justicia avanza exactamente en la dirección contraria: reconstruir la ruta del dinero y determinar si existieron dádivas, incompatibilidades o beneficios no justificados.
Por eso la movida oficial tiene, además, un evidente aire de desvío. El propio Adorni había hablado días atrás de una “campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro” y sostuvo que el video provenía “de puertas adentro”. Esa definición alimentó durante varios días especulaciones sobre internas entre sectores alineados con Karina Milei y Santiago Caputo, e incluso sobre posibles responsabilidades dentro de la estructura de seguridad aeroportuaria. TN informó que en el oficialismo llegaron a apuntar a la PSA y a discutir el control político de áreas sensibles. Ahora, con el nombre de una trabajadora sindical sobre la mesa, el Gobierno intenta cerrar esa interna y darle a la historia un rostro concreto. El problema es que ni la sospecha sobre la autora del video ni la eventual aplicación de sanciones cambian los hechos materiales ya conocidos sobre el viaje.
Tampoco está claro qué conducta ilegal habría cometido la mujer señalada. Cerca de Nicolás del Caño rechazaron la vinculación política atribuida por el oficialismo y sostuvieron que no existe delito alguno en la filmación. Esa línea coincide, por ahora, con la ausencia de cualquier acusación judicial pública contra la presunta autora del video. El foco penal y patrimonial sigue puesto sobre Adorni, sobre sus viajes, sobre el uso del avión presidencial por parte de su esposa y sobre la denuncia por la casa en Indio Cua. A la luz de esa secuencia, el intento oficial de poner el reflector sobre quien filmó parece más una reacción defensiva que una respuesta de fondo.
En definitiva, el Gobierno puede haber encontrado a la persona que sacó el teléfono en San Fernando. Pero el verdadero problema de Adorni no está en la cámara que lo tomó subiendo a un jet privado, sino en la explicación todavía incompleta sobre quién financió ese vuelo, por qué aparece conectado a firmas y personas del universo de la TV Pública y de la aviación privada, y qué hacía un alto funcionario del Estado atrapado en una trama que cada día se vuelve más pesada. Identificar a la autora del video podrá servir para la interna o para la contraofensiva política. Para despejar las sospechas sobre el viaje, no alcanza.
