Buenos Aires-23 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- El general de brigada retirado José Luis Figueroa envió una extensa carta a monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, en la que expresa una crítica severa, aunque formulada en tono respetuoso, al documento episcopal titulado “Nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa”, difundido el 10 de marzo. En su planteo, Figueroa no discute el valor de las apelaciones a la paz, la fraternidad y la dignidad humana contenidas en ese texto, pero advierte que el documento incurre en omisiones de enorme peso histórico, moral y jurídico al presentar el 24 de marzo de 1976 como si fuera el punto de partida de la tragedia argentina.
La carta está construida sobre una idea central: no puede haber una memoria íntegra si se recorta el proceso histórico y se dejan en segundo plano los años previos al golpe. Según Figueroa, la redacción episcopal reconoce apenas de modo lateral que existía un clima de violencia anterior, pero finalmente instala una verdad incompleta al no colocar en el centro del análisis la escalada política, terrorista, ideológica y armada que, a su juicio, ya devastaba a la Argentina antes de la irrupción militar. Desde esa perspectiva, el militar retirado subraya que entre 1973 y 1976 el país atravesó asesinatos, secuestros, atentados, copamientos, extorsiones, enfrentamientos armados y desapariciones que no pueden quedar subordinados ni desdibujados dentro del relato histórico.
Uno de los puntos más enfáticos de la misiva es que la violencia previa al golpe no es atribuida por Figueroa únicamente a las organizaciones armadas. En uno de los pasajes más sensibles, señala que también bajo gobiernos constitucionales existieron formas de represión ilegal impulsadas, toleradas o encubiertas por el propio Estado, a través de estructuras parapoliciales, persecuciones clandestinas, secuestros, asesinatos políticos y desapariciones. Esa observación le permite introducir una segunda objeción de fondo al texto de la Conferencia Episcopal Argentina: la idea de que los métodos ilegales de represión no nacieron en 1976, sino que lo ocurrido después del golpe fue, en su lectura, la profundización, ampliación y sistematización de una degradación anterior.
En ese marco, Figueroa procura dejar en claro que esa puntualización no atenúa la gravedad de lo sucedido durante el gobierno militar. Por el contrario, afirma expresamente que los métodos clandestinos e ilegales son moralmente condenables, pero sostiene que, precisamente por respeto a la verdad, el 24 de marzo no puede ser presentado como el origen excluyente del drama nacional, sino como una etapa posterior, de una escala más grave y con responsabilidad institucional del Estado, dentro de una violencia que ya había desbordado a la sociedad argentina.
La crítica más fina al texto episcopal aparece cuando toma una de sus propias expresiones y la vuelve sobre sus autores. Si el documento invoca una “memoria íntegra y luminosa” y advierte que mutilar la historia abre la puerta a repetir errores, Figueroa replica que justamente eso sucede cuando se omiten las responsabilidades anteriores al golpe y se separan los hechos de sus antecedentes. En ese punto, la carta evita hablar de falsedad o de mentira explícita por parte de monseñor Colombo y del Episcopado, pero insiste en la idea de insuficiencia, parcialidad y omisión, señalando que una memoria sana no puede asentarse sobre silencios selectivos.
Otro eje de la carta está puesto en el título mismo del pronunciamiento episcopal. Para Figueroa, al hablar de “Nunca más a la violencia de la dictadura”, queda abierta una pregunta inevitable sobre la otra violencia que desgarró al país. Desde allí despliega una formulación de fuerte contenido simbólico: sostiene que el verdadero “Nunca Más” debería abarcar toda forma de violencia política, terrorista, revolucionaria, parapolicial, clandestina o estatal, sin recortes ni jerarquías morales según el signo ideológico o el momento institucional en que se produjo cada crimen. En esa línea, afirma que el dolor de las víctimas no cambia de naturaleza por el régimen vigente al momento de su muerte y que la Iglesia, si pretende iluminar la conciencia nacional, debería hacerlo con una vara moral pareja.
La misiva también avanza sobre un terreno especialmente delicado cuando introduce la cuestión del consenso social previo al golpe de 1976. Figueroa sostiene que la ruptura institucional no cayó del cielo ni fue enteramente ajena a la sociedad, sino que fue, en buena medida, consecuencia de años de agotamiento, miedo y violencia, y que contó inicialmente con aceptación o tolerancia en sectores significativos de la dirigencia y de la población. Desde esa óptica, objeta las miradas que reducen toda la tragedia a una sola etapa y a un solo actor, porque, según plantea, ese enfoque también libera a la propia sociedad argentina de una autocrítica más profunda.
La carta se vuelve todavía más punzante cuando aborda el plano judicial. Allí Figueroa sostiene que, si la revisión de aquellos años se canaliza por la vía de la justicia, no puede hacerse de manera selectiva. Recuerda que el país había encontrado en algún momento un camino imperfecto orientado a la pacificación, primero mediante el juzgamiento inicial y luego con una salida política de reconciliación a través de indultos amplios. A su entender, ese equilibrio fue roto con la anulación posterior de esos indultos y la reapertura de un proceso de juzgamiento concentrado casi exclusivamente en miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y penitenciarias, mientras quedaban fuera de la misma severidad otros protagonistas de la violencia previa. En ese punto, la carta deja planteada una tesis inequívoca: medio siglo después, la Argentina debería preguntarse si no llegó la hora de una solución política integral, verdaderamente reconciliadora y sin revancha.
Sin embargo, acaso el pasaje más actual y más directo de la misiva sea el referido a la situación presente de los detenidos por causas de los años setenta. Figueroa reprocha a los pastores un silencio casi absoluto frente al drama de centenares de ancianos presos, muchos de ellos sometidos —según describe— a prisiones preventivas prolongadas, procesos extendidos por años, enfermedades graves sin tratamiento humanitario suficiente y muertes en cautiverio sin condena firme. Allí vuelve a cargar sobre la idea de omisión: si la Iglesia invoca con fuerza los derechos humanos, la dignidad de la persona y la protección de los más vulnerables, no puede, a su juicio, callar ante ese sufrimiento concreto sin comprometer su propia autoridad moral.
El cierre de la carta mantiene el tono respetuoso, pero deja una conclusión terminante. Figueroa afirma que el documento episcopal, en lugar de ayudar a sanar desde la verdad, vuelve a encerrar a muchos argentinos en una visión fragmentada, ideologizada o insuficiente del pasado. Frente a ello, reclama pastores capaces de mirar la historia sin odio, pero también sin mutilaciones; sin espíritu revanchista, pero sin silencios selectivos; con caridad, sí, aunque inseparable de la verdad y de la justicia. En ese marco, su mensaje a monseñor Colombo no se presenta como una impugnación frontal, sino como una exhortación a revisar las omisiones que, a su criterio, siguen impidiendo una memoria completa, una justicia imparcial y una reconciliación auténtica.
Documento original.
Fuentes consultadas: carta de José Luis Figueroa dirigida a monseñor Marcelo Colombo, fechada el 20 de marzo de 2026; documento de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina titulado “Nunca más a la violencia de la dictadura y siempre más a una democracia justa”.
