Bogotá, 28 de marzo de 2026 – Total News Agency-TNA-La agenda antidrogas en la región volvió a sacudirse en las últimas horas con tres movimientos de fuerte impacto político y operativo: en Colombia, un reporte de AP reveló que el presidente Gustavo Petro fue catalogado por la DEA como “priority target” dentro de una pesquisa abierta en Nueva York sobre presuntos vínculos con narcotraficantes; en Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez desplazó al histórico ministro de Defensa Vladimir Padrino López, una figura central del engranaje chavista; y en Chile, una investigación en el puerto de Arica permitió detectar 68,7 toneladas de carga contaminada con cocaína y ketamina procedente de Bolivia y con destino a Alemania, Italia y México. Los tres episodios, aunque distintos entre sí, muestran hasta qué punto el narcotráfico, la política y las rutas logísticas regionales siguen entrelazándose de manera cada vez más compleja.
En el caso colombiano, el dato más explosivo surge de la investigación periodística de The Associated Press, que citó a personas familiarizadas con el expediente y a registros de la DEA revisados por esa agencia. Según esa reconstrucción, Petro aparece mencionado en varias líneas de investigación abiertas desde 2022, muchas apoyadas en entrevistas con informantes confidenciales. Entre las hipótesis que se analizan figuran supuestos contactos con el Cártel de Sinaloa, un eventual uso de la política de “Paz Total” para favorecer a narcotraficantes que habrían aportado fondos a su campaña y hasta presuntas maniobras para usar estructuras estatales en el traslado de cocaína y fentanilo por puertos colombianos. Sin embargo, hasta el momento no hay cargos formales presentados contra el mandatario, y la propia embajada de Colombia en Washington calificó esas versiones como reportes anónimos y no verificados. Petro, por su parte, negó de manera tajante cualquier vínculo con el narcotráfico.
Ese foco judicial aparece, además, en un contexto de choque político ya abierto entre Bogotá y Washington. En octubre de 2025, la administración de Donald Trump sancionó a Gustavo Petro bajo autoridades antinarcóticos y extendió las medidas a su esposa, a su hijo y al entonces ministro del Interior, Armando Benedetti. Ese mismo día, el Departamento de Estado resolvió no certificar los esfuerzos antidrogas de Colombia, mientras el Tesoro sostuvo que el gobierno colombiano había permitido la expansión de los carteles y vinculado a Petro con beneficios para organizaciones criminales bajo el paraguas de la “Paz Total”. El presidente colombiano rechazó esas acusaciones y las calificó de falsas. Con ese telón de fondo, la revelación sobre la DEA no aparece como un episodio aislado, sino como una nueva escalada dentro de una confrontación bilateral que ya venía cargada de sanciones, desconfianza y un discurso cada vez más áspero.
En Venezuela, mientras tanto, la novedad fue la salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa tras once años al frente de la estructura militar. Reuters informó que Delcy Rodríguez designó en su lugar al general Gustavo González López, un viejo hombre del aparato de inteligencia y contrainteligencia, ex jefe de la DGCIM y además sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por violaciones a los derechos humanos y corrupción. La movida fue interpretada como el cambio más importante dentro del gabinete desde la captura de Nicolás Maduro y como un reordenamiento de la cúpula militar destinado a concentrar el vínculo con Washington en un círculo todavía más estrecho y controlado. En ese contexto, la salida de Padrino no implica necesariamente un desarme del entramado de poder construido durante años, sino más bien una reconfiguración de sus mandos.
La figura de Padrino arrastra, además, un peso propio dentro del expediente venezolano vinculado al narcotráfico. Reuters recordó que el general ya había sido sancionado por Estados Unidos por presunto tráfico de drogas y por su respaldo a Maduro. A eso se suma que en noviembre de 2025 Washington formalizó la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, una medida con la que endureció el encuadre legal sobre una estructura que, para la narrativa estadounidense, estuvo incrustada durante años en áreas del Estado venezolano y en sus mandos militares. Por eso, aunque la destitución de Padrino tiene un fuerte valor simbólico, todavía está por verse si se traduce en un cambio real sobre las redes de protección, recaudación y control que orbitaban alrededor del poder chavista.
El tercer foco de esta semana quedó en Chile, donde la Armada, a través de la DIPOLMAR, junto con el Servicio Nacional de Aduanas y bajo dirección de la Fiscalía Regional de Arica, detectó tres cargamentos procedentes de Bolivia contaminados con cocaína y ketamina. La información oficial precisó que no se trató de 68,7 toneladas de droga pura, sino de 68,7 toneladas de carga contaminada: 24,5 toneladas correspondían a productos con cocaína y ketamina, y otras 44,2 toneladas contenían exclusivamente ketamina. Los envíos estaban ocultos en madera de tajibo destinada a Hamburgo, en baldosas de caucho con destino a Manzanillo y en madera aserrada que iba a Venecia. El procedimiento confirma un salto en la sofisticación de las maniobras, con sustancias impregnadas en materiales de exportación y con uso de rutas portuarias pensadas para salir del radar tradicional.
Ese operativo en Arica encaja con una tendencia más amplia descripta por la UNODC, que viene advirtiendo desde hace años sobre la diversificación de rutas, puertos y redes para la salida de cocaína desde América del Sur hacia Europa y otros mercados. El organismo remarcó que la oferta global de cocaína alcanzó niveles récord y que los traficantes se apoyan cada vez más en hubs nuevos, proveedores de servicios logísticos y modalidades menos convencionales para mover cargamentos. Bajo esa lógica, el corredor boliviano-chileno gana relevancia no solo por la cercanía con zonas productoras, sino también por la capacidad de usar puertos del Pacífico para proyectar la mercadería hacia destinos lejanos bajo camuflajes industriales. Lo ocurrido en Arica no parece entonces un caso aislado, sino una señal de cómo el negocio regional sigue adaptándose, mezclando poder político, infraestructura estatal y nuevas formas de ocultamiento criminal.
