Santiago del Estero, 29 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. La irrupción de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina en la sede de la Policía Federal Argentina de Santiago del Estero dejó al descubierto una causa de enorme gravedad institucional que investiga a miembros de una fuerza federal por presuntas maniobras con droga incautada en operativos oficiales. El procedimiento, ordenado por el juez federal Guillermo Molinari y el fiscal federal Pedro Simón, incluyó allanamientos en la delegación local de la PFA, en la dependencia de Las Termas de Río Hondo y en distintos domicilios particulares de la capital santiagueña y de La Banda.
Las reconstrucciones periodísticas más consistentes coinciden en que, hasta este domingo, había al menos ocho detenidos: seis efectivos de la Policía Federal y dos civiles. La información judicial identifica como núcleo del expediente una presunta operatoria por la cual parte de la droga secuestrada en allanamientos no habría sido asentada en su totalidad en actas y luego habría regresado al mercado ilegal con cobertura de los propios agentes investigados. Medios locales agregaron que la pesquisa se concentró especialmente sobre la DUOF, la División Unidad Operativa Federal, una estructura clave de la PFA en la prevención e investigación de delitos federales complejos.
La hipótesis que sigue la Justicia es particularmente explosiva porque no se trata de una acusación abstracta de corrupción policial, sino del posible reciclaje de evidencia secuestrada en causas de narcotráfico. Según la reconstrucción de los hechos, varios imputados en expedientes anteriores empezaron a advertir durante sus declaraciones que la cantidad de estupefaciente informada en sede judicial era menor que la que efectivamente les había sido incautada. Una fuente judicial citada por ese diario describió un caso en el que se habrían secuestrado 16 kilos de cocaína, pero en las actas y en el decomiso sólo figuraron 8. Esa reiteración habría sido una de las claves que disparó escuchas, seguimientos y el aporte de informantes para sostener una investigación que, según las coberturas, llevaba meses bajo reserva.
El expediente, además, fue ampliando su dimensión y muestra que la causa comenzó bajo un eje de presunto contrabando, pero con el avance de la pesquisa derivó en una trama más compleja vinculada también al narcotráfico. Entre las figuras penales mencionadas por los medios que siguen el caso aparecen asociación ilícita, contrabando, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad e infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. Esa combinación describe un cuadro que, si se consolida en la instrucción, podría comprometer no sólo a ejecutores directos sino también a una eventual red de protección, logística y recaudación.
Otro elemento que agrava el episodio es el lugar donde se produjo el golpe judicial. La DUOF no es una oficina menor: la propia PFA la presenta en sus comunicaciones oficiales como parte de la estructura federal que interviene en investigaciones de narcotráfico, lavado, crimen organizado y otros delitos complejos en todo el país. El 9 de marzo, por ejemplo, Argentina.gob.ar informó un procedimiento de la DUOF Santiago del Estero en La Banda con secuestro de más de 3 kilos de cocaína, dinero, un arma y otros elementos. Que ahora la misma unidad quede bajo sospecha de haber declarado menos droga que la verdaderamente incautada multiplica el impacto del caso y erosiona la credibilidad de una de las piezas operativas que el Gobierno exhibe en su política de seguridad.
La imagen de una fuerza federal allanando la sede de otra no es habitual y, en este caso, expone una fractura especialmente delicada en el corazón del sistema de persecución del narcotráfico. La investigación avanzó, según los reportes disponibles, bajo fuerte hermetismo precisamente porque quienes la llevaban adelante convivían institucionalmente con personal de la misma fuerza sospechada. Ese dato explica por qué el operativo del fin de semana fue leído en Santiago del Estero como algo más que una redada policial: fue una intervención de alto voltaje sobre un aparato estatal que debía auxiliar a la Justicia y terminó bajo la lupa de esa misma Justicia.
Para el Gobierno nacional, el episodio abre un problema serio en dos planos. En el judicial, porque la indagatoria prevista para este lunes 30 de marzo podría empezar a definir si el caso se limita a un grupo de efectivos o si escala hacia una estructura más amplia. En el político, porque la causa golpea de lleno la narrativa oficial de combate frontal al narcotráfico y de depuración de las fuerzas. Si la acusación se confirma, el escándalo no será sólo por la presencia de policías federales en maniobras criminales, sino por la posibilidad de que droga secuestrada en procedimientos del Estado haya sido desviada y revendida con la protección de quienes debían custodiarla.
