Buenos Aires, 29 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA-. La convocatoria a una protesta conjunta de las cinco fuerzas federales para el próximo 2 de abril frente al Edificio Centinela, bajo la modalidad de “abrazo solidario”, abrió un frente de tensión inesperado para el Gobierno de Javier Milei y para el Ministerio de Seguridad Nacional que conduce Alejandra Monteoliva. La convocatoria, difundida en volantes y replicada por distintos medios, reúne a personal de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal en un reclamo común por salarios y condiciones de vida. De concretarse en esos términos, se trataría de una postal inédita por la simultaneidad del malestar entre cuerpos que rara vez exteriorizan su crisis de manera coordinada.
Lo que hoy estalla en la superficie, sin embargo, no apareció de un día para otro. Total News Agency venía publicando desde hace semanas una secuencia de advertencias sobre el deterioro en la base operativa de las fuerzas. El 9 de marzo informó el caso de un gendarme que dejó su arma reglamentaria como garantía por una deuda de alquiler; el 17 de marzo publicó una radiografía de la Policía Federal con haberes de marzo en la base que incluían un agente en $878.108,49, un cabo en $965.919,34 y un ayudante en $956.492,54; y el 25 de marzo reveló que dentro de la propia PFA se evaluó montar un comedor para personal de jerarquías bajas y medias-bajas que no pudiera costear su comida diaria. En esa última nota, además, TNA consignó que la propia fuerza terminaba admitiendo en los hechos una crisis salarial que ya golpeaba la dignidad institucional.
Ese cuadro se conecta con otro antecedente que TNA había expuesto incluso antes: el 28 de julio de 2025 publicó que entre enero y junio de ese año habrían renunciado voluntariamente 2.273 uniformados entre fuerzas armadas y de seguridad, con bajas especialmente sensibles en Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y SPF. Aun cuando esas cifras surgieron de relevamientos internos y testimonios, y no de una estadística oficial consolidada, el dato sirve para entender que el problema no es apenas salarial sino también de retención de personal, recambio generacional y moral de cuerpo. El punto central es que el malestar que hoy se traduce en una protesta visible coincide con una tendencia de desgaste que TNA venía describiendo hace meses.
La crisis de los haberes se agrava, además, con el frente sanitario. El DNU 88/2026 dispuso la disolución del IOSFA y abrió un período de transición de hasta 365 días para separar definitivamente a los afiliados de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales entre la nueva OSFA y la OSFFESEG. Luego, la Resolución 1/2026 de la OSFFESEG confirmó que esa nueva obra social debía disponer de manera inmediata la cobertura médico-asistencial para personal de Gendarmería y Prefectura, incluso mediante convenios con prestadoras. En paralelo, TNA advirtió el 6 de febrero que el nuevo esquema nacía condicionado por los bajos salarios, el 9 de marzo describió el agravamiento del colapso sanitario y el 14 de marzo publicó una investigación sobre una consultoría de $86 millones en el ocaso del IOSFA. Es decir, el reclamo que hoy toma la calle no sólo habla de sueldo: también expresa temor por cobertura médica, transición incierta y pérdida de bienestar básico en personal activo, retirados y sus familias.
En la cima política del área de seguridad, el conflicto vuelve a poner bajo presión a Alejandra Monteoliva. En ámbitos oficiales y de la propia comunidad de seguridad vienen creciendo cuestionamientos sobre su capacidad de conducción, algo que se mezcla con un antecedente que en la Casa Rosada y en despachos políticos nadie desconoce: Monteoliva renunció en diciembre de 2013 como ministra de Seguridad de Córdoba tras el acuartelamiento policial que derivó en saqueos y una crisis severa en la capital provincial. No se trata de situaciones mecánicamente comparables, pero ese recuerdo reapareció ahora como un factor de inquietud cada vez que se menciona la posibilidad de desborde interno o pérdida de control político sobre fuerzas armadas de malhumor.
A ese desgaste se sumó otro foco sensible. El 18 de marzo, TNA publicó que Monteoliva habría retirado custodias de objetivos vinculados a la comunidad judía en medio de la tensión internacional con Irán, una versión que elevó la preocupación dentro del área. Pero ese mismo día el Ministerio de Seguridad Nacional desmintió formalmente que se hubieran levantado las custodias y sostuvo que, desde el 28 de febrero, el nivel de seguridad había sido elevado a “alto”, con dispositivos reforzados y coordinación permanente con la DAIA. La coexistencia entre una publicación propia de fuerte impacto y la desmentida oficial no clausuró el problema; por el contrario, mostró otro síntoma del momento: incluso en temas extremadamente delicados, la conducción del área aparece obligada a correr detrás de versiones, rumores y controversias que afectan su credibilidad.
En ese contexto, la protesta prevista para el 2 de abril adquiere una dimensión política que excede el reclamo puntual. Para el Gobierno, sería muy costoso que quienes deben garantizar seguridad, orden y control territorial aparezcan públicamente denunciando que no llegan a fin de mes, que su sistema de salud sigue en transición y que el deterioro del uniforme ya no es sólo económico sino también moral. Y para TNA, que viene publicando sobre sueldos rezagados, renuncias, crisis sanitaria, endeudamiento cotidiano y humillaciones institucionales dentro de las fuerzas, la convocatoria de esta semana no hace más que confirmar que el problema dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en una crisis visible del aparato de seguridad federal.
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