Buenos Aires, 29 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA- El Gobierno de Javier Milei aceleró en las últimas semanas una negociación política delicada para cubrir más de 200 vacantes en la Justicia, con el objetivo formal de normalizar un sistema colapsado, pero también con la intención política de recuperar iniciativa en medio del desgaste abierto por la causa $LIBRA y por la crisis de Manuel Adorni. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó el inicio del proceso para enviar al Senado una primera tanda de 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces, incluyendo cargos del fuero de Seguridad Social, mientras la Casa Rosada ya negocia con bloques opositores para reunir mayorías holgadas y evitar que los acuerdos salgan por un margen mínimo.
La dimensión del problema no es menor. El propio comunicado oficial del ministerio habló de 200 vacantes de jueces, 72 de fiscales y 65 de defensores en revisión, y distintos relevamientos periodísticos coinciden en que la proporción de cargos vacantes en la Justicia federal y nacional creció con fuerza desde diciembre de 2023. Infobae, al mapear el estado de situación, señaló además que en el Consejo de la Magistratura hay 78 concursos en trámite para cubrir 157 vacantes distribuidas en 13 jurisdicciones. Ese cuadro explica la urgencia política del oficialismo, pero no agota el problema: detrás de la carrera por ocupar cargos se juega también una interna menos visible, concentrada en el fuero federal de la Seguridad Social, donde se cruzan vacantes, expectativas de ascenso y miles de expedientes previsionales que comprometen a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.
Ese es el punto que, según abogados consultados por Total News Agency, empieza a generar un malestar cada vez más áspero entre retirados, pensionados y litigantes del sector. Esos letrados sostienen que, además de la preocupación oficial por ocupar plazas vacantes, en el fuero de Seguridad Social existe otra tensión: al menos 15 jueces y subrogantes, según su cálculo, esperarían un ascenso o un movimiento de carrera dentro del esquema que el Gobierno intenta destrabar. TNA no pudo corroborar de manera independiente ese número exacto, pero sí verificó que hay concursos relevantes abiertos y en marcha en ese fuero, entre ellos el Concurso N° 529 para cubrir el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 4 y el Concurso N° 532 para cubrir tres cargos de vocal en la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, cuya prueba de oposición se realizó en marzo y reunió a 17 postulantes. Esa actividad concursal confirma, al menos, que el fuero está atravesado por una dinámica intensa de reemplazos, promociones y expectativas.
Sobre esa base, los abogados que hablaron con TNA trazan una acusación más grave: afirman que la demora estructural en causas contra la caja policial no sería sólo producto del colapso administrativo, sino también de un sistema de incentivos que lleva a algunos magistrados o subrogantes a evitar fallos que podrían obligar al organismo a responder por suplementos, diferencias de haberes, retroactivos y otras controversias abiertas por personal de las fuerzas federales e incluso, según esos mismos testimonios, por agentes vinculados al área de inteligencia. La caja policial sigue siendo demandada en expedientes previsionales de este fuero y que, en varias causas, los tribunales reconocen que una eventual sentencia condenatoria debe ejecutarse contra ese organismo.
La queja, de todos modos, no termina en la demora. Uno de los abogados consultados por TNA describió con pudor una escena que, según afirmó, se repite en audiencias del fuero: antes de comenzar, personal de la caja policial y empleados judiciales conversarían en público para “parar” determinados expedientes o acomodar los tiempos de respuesta del organismo, mientras la parte actora queda obligada a esperar. Ese letrado ubicó esa práctica como qué sería “muy común” en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, a cargo de Karina Alonso Candis.
La sensibilidad del fuero quedó expuesta el año pasado con el expediente por las jubilaciones de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner. En esa causa, el juez subrogante Edmundo Ezequiel Pérez Nami se excusó de intervenir al señalar que estaba concursando para ser titular y que había quedado ternado a la espera de una eventual definición del Poder Ejecutivo. La excusación fue luego rechazada en el propio fuero y el episodio dejó al desnudo un punto incómodo: la carrera por los nombramientos puede convivir con expedientes políticamente o económicamente explosivos. En ese contexto, abogados que litigan contra la caja policial creen que el avance del Gobierno sobre las vacantes y la ansiedad por ascensos podría volver todavía más tensos a algunos jueces y subrogantes, entre ellos el propio Pérez Nami, a quien mencionan como una figura sensible dentro de ese tablero.
En paralelo, el trasfondo político del operativo oficial es transparente. La Nación reportó este domingo que Mahiques mantiene contactos permanentes con Patricia Bullrich para aceitar una negociación de pliegos en el Senado, con premios y vetos cruzados según el grado de aceptación de cada candidato. El objetivo del oficialismo no sería sólo cubrir vacantes, sino hacerlo con una mayoría lo suficientemente amplia como para blindar el proceso. La frase atribuida por ese diario a un operador de la bancada libertaria lo resume con crudeza: “No queremos llegar con 37 votos ajustados”. Esa ingeniería parlamentaria, sin embargo, convive con un interrogante más inquietante: qué ocurre cuando la política de nombramientos se superpone con un fuero donde hay litigios masivos, organismos estatales expuestos y reclamos que se arrastran desde hace años.
Por eso, el conflicto no puede reducirse a una discusión técnica sobre cargos vacantes. Para las fuerzas federales, el problema es doble. Por un lado, como TNA viene informando, los salarios siguen deteriorados y el malestar material crece. Por otro, según relatan abogados del sector, muchos efectivos retirados o sus familias sienten que además se les posterga el acceso a una sentencia en causas que llevan años de trámite contra la caja policial. Algunos de esos letrados incluso anticiparon a TNA que, si persiste el cuadro de incumplimientos o demoras pese a órdenes judiciales previas, no descartan promover actuaciones en la Justicia federal penal para que se investigue una eventual desobediencia. Hoy no existe una causa penal pública abierta por ese motivo que TNA haya podido verificar, pero la sola evaluación de esa vía muestra hasta qué punto la situación se volvió áspera.
Así, la ofensiva del Gobierno para cubrir vacantes en la Justicia encierra un problema más profundo que el meramente institucional. La administración de Milei busca mostrar eficiencia en la cobertura de cargos y ordenar un sistema desbordado. Pero en el subsuelo del fuero de Seguridad Social late otra discusión: la de una trama de expedientes demorados, ascensos esperados, jueces subrogantes bajo observación y una caja policial que sigue en el centro de reclamos previsionales sensibles. Si esa tensión escala, el Gobierno no sólo deberá responder por su política de nombramientos, sino también por la percepción creciente de que a parte del personal de las fuerzas no sólo se lo paga mal, sino que también se le posterga la justicia. Cómo colofón, queda claro que las FFSS, además de sueldos de indigencia, también se les niega justicia.
