Buenos Aires-30 de marzo de 2026-Total News Agency-TNA. La causa Fútbol para Todos volvió a encenderse con fuerza este lunes y amenaza con devolver al centro de la escena un expediente que parecía haber quedado sellado con las absoluciones dictadas a fines del año pasado. El fiscal general Miguel Ángel Osorio presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se anule el fallo del Tribunal Oral Federal N°1 que benefició a ex funcionarios nacionales, ex directivos de la AFA, empresarios y responsables de fundaciones y financieras. El planteo no es menor: busca que se deje atrás la nulidad del alegato fiscal y que un tribunal superior entre, de una vez, al fondo del asunto para resolver si hubo desvío de fondos públicos, administración fraudulenta y violación de deberes de funcionario público o si, por el contrario, las absoluciones deben quedar firmes.
El expediente había quedado sacudido el 5 de diciembre de 2025, cuando el TOF N°1 absolvió a los 14 imputados luego de declarar nulo el alegato del Ministerio Público Fiscal. Los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Michilini entendieron que la acusación no había sido formulada con la precisión exigida por la ley y que, en esas condiciones, no existía una base válida para dictar condenas. Los fundamentos completos de esa decisión fueron difundidos el 11 de marzo de 2026 y allí el tribunal insistió en que la exposición fiscal había sido fragmentaria, incongruente y lesiva del derecho de defensa, razón por la cual optó por cerrar el caso con absoluciones generales y levantar los embargos.
Ahora, Osorio salió a disputar ese cierre. En su recurso sostuvo que la acusación sí fue clara, que las defensas conocieron desde el inicio los hechos atribuidos y que no hubo sorpresa ni mutación ilegítima en la plataforma fáctica del caso. Más todavía: reclamó que Casación revise el fallo, declare válida la acusación y dicte una resolución de fondo. Para el fiscal, deberían analizarse condenas respecto de Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Luis Segura, Carlos Pandolfi, Norberto Monteleone y Natale Rigano, mientras que para otros ocho imputados la propia fiscalía ya había pedido absolución por falta de prueba suficiente. Esa combinación revela un dato clave: el recurso no pretende una condena indiscriminada, sino rescatar la porción del caso que el fiscal considera acreditada y sostener las inocencias donde entiende que no hubo dolo comprobado.
El trasfondo del expediente sigue siendo políticamente explosivo. La investigación apuntó al manejo de miles de millones de pesos girados por el Estado nacional a la AFA entre 2009 y 2015 para garantizar la televisación abierta del fútbol y, en teoría, fortalecer económicamente a los clubes. Según la acusación sostenida por la fiscalía durante el juicio, una parte relevante de esos fondos no habría llegado a destino como estaba previsto. El foco estuvo puesto en la falta de control sobre el uso del dinero, en el sistema de pagos con cheques diferidos que terminaban descontándose en financieras con perjuicio para los clubes, y en desvíos hacia la Fundación “El Futbolista” sin contraprestación suficiente. El juicio, de hecho, había comenzado en junio de 2024 con 14 acusados sentados en el banquillo por presuntas maniobras desarrolladas entre agosto de 2009 y diciembre de 2015.
En ese esquema, la fiscalía también puso la lupa sobre contratos de sponsoreo con IVECO. Durante sus alegatos de agosto de 2025, los representantes del MPF afirmaron que la firma automotriz pagó por publicidad un valor 75,76% inferior al que hubiera correspondido incluso tomando la tarifa más baja del programa, y pidieron que el eventual beneficio irregular fuese decomisado y destinado al ENARD. A la vez, reclamaron la restitución de activos ligados a la Fundación “El Futbolista” y de más de 456 millones de pesos vinculados al sistema de cheques diferidos. Ese paquete de cargos fue el que el tribunal dejó sin efecto al anular el alegato, pero es también el núcleo que Osorio intenta reponer ahora en la instancia de revisión.
La novedad judicial llega, además, en un momento especialmente incómodo para el mundo de la AFA. Aunque se trata de un expediente completamente distinto, este mismo 30 de marzo la justicia procesó y embargó a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino en una causa por presunta retención indebida de aportes. No es parte del caso Fútbol para Todos, ni involucra los mismos hechos ni a la misma conducción, pero sí expone que el fútbol argentino volvió a quedar bajo una fuerte presión judicial en varios frentes al mismo tiempo. Por eso, el recurso de Osorio no sólo reabre una causa emblemática del kirchnerismo y del negocio del fútbol: también vuelve a poner bajo la lupa el modo en que se administraron recursos, contratos y controles en una estructura que desde hace años mezcla deporte, política y dinero con una intensidad pocas veces vista.
