Por Dario Rosatti
Buenos Aires, 1 de abril de 2026-Total News Agency-TNA-. La causa patrimonial que cerca a Manuel Adorni acaba de abrir un flanco todavía más incómodo. La citación como testigo de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, prevista para el 8 de abril por impulso del fiscal Gerardo Pollicita, no sólo pone bajo revisión la compra del departamento de Caballito y la casa de Indio Cuá. También reaviva un antecedente pesado: la intervención profesional de la notaria en expedientes ligados a la ruta de la efedrina, una trama que terminó salpicando a empresarios farmacéuticos, a exfuncionarios del kirchnerismo y al financiamiento de la campaña presidencial de 2007. Imagen: Tapa diario Perfil de septiembre de 2015.
La presión sobre Nechevenko creció porque su nombre aparece hoy en el corazón de la causa que investiga cómo se financiaron las adquisiciones inmobiliarias de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. La escribana intervino en la escrituración del departamento de la calle Miró, declarado por USD 230.000 y sostenido en gran parte por un supuesto crédito hipotecario de USD 200.000 otorgado por dos jubiladas que, al ser consultadas, dijeron no conocer al jefe de Gabinete. Pero, además, la misma profesional había sido convocada en 2014 al juicio oral por la efedrina, donde reconoció haber certificado firmas para Josué Fuks, Alfredo Abraham y Guillermo Manfredi, nombres que integraban una estructura empresaria luego condenada por maniobras vinculadas al desvío ilegal de ese precursor químico.
La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 fue contundente sobre el volumen del negocio. Allí se describió que Farmacéuticos Argentinos S.A. (FASA, también mencionada como DROFASA) importó 9.800 kilos de clorhidrato de efedrina entre junio de 2007 y abril de 2008. El fallo también reconstruyó cómo distintos nombres visibles y sociedades servían para encubrir a los verdaderos operadores del circuito. En ese mismo expediente apareció Guillermo Ascona, señalado como testaferro, y la escribana declaró precisamente sobre certificaciones ligadas a varios de esos actores. Ese antecedente, por sí solo, no la convierte en responsable penal de aquellas maniobras, pero sí vuelve mucho más sensible su aparición actual en el caso Adorni, porque la conecta con otra trama donde también había papeles prolijos, firmas certificadas y operadores que luego terminaron desnudados por la Justicia.
Lo que el triple crimen de General Rodríguez terminó de poner sobre la mesa fue que detrás de la efedrina no había sólo una mafia farmacéutica aislada, sino una red donde se cruzaban laboratorios, droguerías, financiamiento político y funcionarios del Estado. Distintos informes periodísticos y resoluciones judiciales posteriores indicaron que el asesinato de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina expuso conexiones entre el tráfico ilegal de efedrina y aportes a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007. En 2016, el juez Ariel Lijo procesó al exsuperintendente de Servicios de Salud y recaudador de campaña Héctor Capaccioli, al exfuncionario Sebastián Gramajo y a empresarios como Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, al considerar que parte de los aportes de firmas farmacéuticas como Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp podían haber servido para blanquear fondos de origen ilícito.
Ese es el punto que vuelve todavía más áspero el cuadro político: durante los años del kirchnerismo, el negocio de la efedrina se expandió de manera brutal y el Estado reaccionó tarde. Distintos registros muestran que las importaciones crecieron desde alrededor de 2,9 toneladas en 2004 a 19,15 toneladas en 2007, muy por encima de lo que demandaba la industria farmacéutica local. Recién después del triple crimen y del escándalo público se aceleraron las restricciones: en septiembre de 2008, el Gobierno dictó una resolución que prohibió la importación de efedrina y pseudoefedrina para droguerías y personas o firmas que no fueran titulares de especialidades medicinales. Dicho de otro modo, el poder político miró para otro lado mientras el negocio crecía y recién endureció controles cuando la sangre derramada en General Rodríguez volvió imposible seguir minimizando el tema.
También cambió ahí la mirada mediática. Hasta el hallazgo de los cuerpos de Forza, Ferrón y Bina, el circuito de la efedrina, las droguerías sospechadas y las fallas de control estatal no ocupaban el centro permanente de la agenda. El triple crimen alteró eso: convirtió una trama opaca de precursores químicos en un gran escándalo nacional y empujó a revisar no sólo a los narcos y a los laboratorios, sino también a quienes habían recaudado, habilitado, controlado o, sencillamente, preferido no ver. Por eso el nombre de Nechevenko hoy incomoda doblemente: porque aparece en la causa patrimonial de Adorni justo cuando resurge su vínculo profesional con una historia donde también confluyeron papeles notariales, laboratorios ligados al poder y funcionarios de una etapa política que reaccionó sólo cuando el costo ya era imposible de tapar.
En ese marco, la declaración de la escribana en Comodoro Py dejó de ser un trámite accesorio. Su testimonio será clave para entender cómo se documentaron las operaciones inmobiliarias de Adorni, pero también para medir el peso político que adquiere su figura en un expediente que ya no se limita a discutir un valor inmobiliario o una hipoteca entre particulares. Lo que empieza a dibujarse es una escena mucho más incómoda para el jefe de Gabinete: una causa donde las explicaciones patrimoniales se cruzan con una profesional que arrastra un antecedente ligado a uno de los capítulos más oscuros de la Argentina reciente, el mismo que expuso cómo una parte del poder político kirchnerista convivió demasiado tiempo con laboratorios, operadores y negocios que sólo quedaron plenamente bajo la luz cuando el triple crimen cambió para siempre la mirada pública sobre la efedrina.
