Buenos Aires, 2 de abril de 2026-Total News Agency-TNA-La situación judicial de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino sumó este martes otro golpe de peso. La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la prohibición de salida del país que ya pesaba sobre el presidente y el tesorero de la AFA, en una causa que los tiene procesados por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social. La decisión no sólo les cierra, por ahora, el intento de sacarse de encima una restricción incómoda, sino que además deja una señal política y judicial muy clara: el expediente dejó de ser un ruido pasajero y empieza a convertirse en un problema serio para la cúpula de Viamonte.
El fallo fue dictado por la Sala A del tribunal, con votos de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, que rechazaron los planteos de las defensas y sostuvieron que la medida ordenada por el juez Diego Amarante resulta razonable para asegurar que ambos imputados permanezcan a disposición del proceso. Los camaristas entendieron que los argumentos de Tapia y Toviggino no pasaban de una simple discrepancia con el criterio del juez de primera instancia. Dicho en términos menos técnicos, la Cámara les dijo que no vio arbitrariedad ni exceso en la restricción y que, con el estado actual del expediente, corresponde mantenerlos bajo control judicial.
El punto clave es que esta ratificación llega apenas días después del procesamiento de ambos dirigentes, a quienes Amarante les atribuyó, como presuntos coautores, 34 hechos de apropiación indebida de tributos agravada y 17 de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada. La causa se originó a partir de una denuncia de la ARCA, que puso la lupa sobre una supuesta retención indebida de más de $19.353 millones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según la reconstrucción judicial, la AFA descontó montos que debían ir al fisco y al sistema de seguridad social, pero no los depositó en tiempo y forma. El razonamiento del expediente es particularmente incómodo para la conducción afista porque no se apoya en una imagen de asfixia financiera, sino en lo contrario: en la existencia de movimientos millonarios, plazos fijos, operaciones de dólar MEP y una estructura de liquidez que, para la Justicia, mostraba capacidad suficiente para cumplir con esas obligaciones.
La defensa de Tapia intentó sostener que la restricción era infundada y que el expediente no justificaba una limitación de esa magnitud. Pero la Cámara, sin meterse todavía en el fondo definitivo del procesamiento, tomó justamente ese nuevo cuadro procesal como un dato central para mantener la medida. Es decir, el hecho de que ambos ya estén formalmente procesados pesó como un elemento adicional para sostener que deben seguir sujetos a autorización judicial si pretenden viajar. El tribunal aclaró, de todos modos, que no se trata de una prohibición absoluta: tanto Tapia como Toviggino podrán pedir permiso para salir del país, pero deberán hacerlo ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 5. Ese detalle técnico es el que, en la práctica, los deja atados a la voluntad del juez cada vez que pretendan cruzar la frontera.
Y ahí aparece una derivación nada menor para el mundo del fútbol. Si la restricción sigue vigente en junio, la presencia de Tapia y Toviggino en el Mundial 2026, que comenzará el 11 de ese mes en Estados Unidos, México y Canadá, dependerá de una autorización expresa de Amarante. No es un dato menor ni protocolar: para una dirigencia acostumbrada a moverse con soltura internacional, que el viaje a la gran cita del calendario futbolístico quede supeditado a una venia judicial es una señal de debilidad institucional muy fuerte. También confirma hasta qué punto la causa ya salió del terreno técnico-tributario para empezar a golpear sobre la imagen y la autonomía política de la conducción de la AFA.
En definitiva, la confirmación de la Cámara agrava el cerco sobre Tapia y Toviggino. Porque ya no se trata sólo de una investigación abierta o de una denuncia en curso. Ahora hay procesamiento, embargo, prohibición de salida ratificada y una Cámara que consideró razonable mantenerlos bajo vigilancia judicial. Para la cúpula del fútbol argentino, el mensaje es el peor posible: la Justicia no afloja, el expediente sigue avanzando y el margen para presentar todo como una persecución empieza a achicarse cada vez más.
