Buenos Aires-3 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky ante la Justicia Federal volvió a poner en primer plano una amenaza que durante demasiado tiempo fue subestimada en la Argentina: la penetración de operaciones extranjeras de desinformación en el ecosistema mediático y digital local. El planteo judicial, ingresado este viernes, pide investigar si existieron estructuras organizadas vinculadas con la Federación de Rusia que buscaron influir en la opinión pública argentina mediante la infiltración de contenidos, el eventual pago a intermediarios y la manipulación del debate público, en un esquema que, de comprobarse, podría encuadrar en delitos previstos por la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional. La presentación no nació de un rumor ni de una simple controversia periodística: tomó impulso luego de un comunicado de la SIDE del 2 de abril, citado en la denuncia, según el cual ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos con recursos internacionales y nexos en el país.
El dato político e institucional es fuerte por una razón adicional. Total News Agency había advertido más de una semana antes, el 25 de marzo, sobre el funcionamiento de la operación Doppelganger, la maquinaria rusa de fake news dedicada a clonar medios, intoxicar elecciones y expandir narrativas favorables al Kremlin. Esa publicación de TNA describió cómo esta estructura falsifica portales periodísticos, suplanta identidades mediáticas, infla artificialmente mensajes prorrusos y busca erosionar el respaldo occidental a Ucrania. Lo que ahora apareció bajo formato de denuncia judicial y comunicado de inteligencia ya había sido señalado por esta agencia en clave geopolítica: la guerra híbrida rusa no se libra sólo con tropas o energía, sino también con manipulación informativa, operaciones psicológicas y penetración discursiva sobre sociedades abiertas.
Los antecedentes internacionales muestran que no se trata de una fantasía conspirativa ni de una exageración coyuntural. En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el secuestro de 32 dominios utilizados en campañas de influencia maligna dirigidas por el gobierno ruso, conocidas como Doppelganger. Según esa causa, las firmas Social Design Agency, Structura y ANO Dialog, bajo dirección de la Administración Presidencial rusa y del entorno de Serguéi Kiriyenko, usaron dominios apócrifos, influencers fabricados, anuncios pagos, perfiles falsos y contenido generado con inteligencia artificial para reducir el apoyo internacional a Ucrania, fortalecer políticas prorrusas e influir en elecciones en Estados Unidos y otros países. El propio expediente habló de medios clonados para engañar a lectores que creían consumir información de portales legítimos. Antes y después de eso, EU DisinfoLab había documentado desde 2022 una red de sitios espejados de medios auténticos en varios países europeos, mientras el Reino Unido sancionó en octubre de 2024 a esas agencias rusas y a sus directivos por intentar socavar democracias y debilitar el respaldo a Ucrania.
TNA también informó sobre esta práctica rusa en mayo de 2025
La novedad argentina, en ese contexto, resulta especialmente inquietante. Una investigación reciente de openDemocracy sostuvo que una red de propaganda rusa, conocida internamente como “la Company/La Compañía”, habría invertido presuntamente 283.000 dólares para “inyectar” al menos 250 artículos en más de 20 medios argentinos, con el objetivo de desacreditar al gobierno de Javier Milei y modular el debate público alrededor de la relación con Ucrania y de la posición internacional de la Argentina. El texto base aportado por el usuario, y la cobertura de Infobae, agregan que la denuncia de Monastersky pide rastrear pagos, intermediarios y beneficiarios, diferenciar entre quienes pudieron haber sido engañados y quienes habrían actuado con conocimiento, y solicitar informes financieros a ARCA, entre otras medidas técnicas y judiciales. Es un punto central: en este tipo de operaciones, la clave no pasa sólo por el contenido falso, sino por la infraestructura humana, económica y mediática que permite licuar su origen y darle apariencia de información legítima.
En una democracia seria, esto no puede relativizarse como una simple “batalla cultural” ni como una disputa más entre líneas editoriales. Cuando una potencia extranjera presuntamente financia campañas para infiltrar medios, modular percepciones, intoxicar el clima público y alterar la formación de la voluntad ciudadana, ya no se está ante una controversia comunicacional sino ante un problema de soberanía. Y si la SIDE ya trasladó información al fuero federal, el paso siguiente debe ser una investigación rápida, profunda y sin ingenuidades. La Argentina no puede seguir comportándose como si la guerra informativa del Kremlin fuera un problema ajeno. Rusia viene usando este tipo de herramientas en Europa, en Estados Unidos y, según estas investigaciones, también en América Latina. Negarlo sería torpeza; minimizarlo, irresponsabilidad.
Lo que ahora queda por dilucidar es hasta dónde llegó esa red en la Argentina, quiénes fueron sus engranajes locales, cuánto dinero circuló y qué daños concretos causó sobre el debate público y las instituciones. Pero algo ya está claro: la denuncia de Monastersky y el antecedente del informe de TNA corrieron el velo sobre un fenómeno que la dirigencia, buena parte del sistema mediático y demasiados analistas prefirieron mirar de costado. La desinformación rusa no es un fantasma abstracto ni una teoría de laboratorio. Es una herramienta real del poder del Kremlin, ya probada en otras democracias, que ahora asoma en los tribunales argentinos con nombre, contexto y un reclamo preciso: investigar, identificar y frenar. Porque cuando la mentira extranjera se disfraza de periodismo, la primera víctima no es un gobierno ni un dirigente: es la verdad pública de una nación.
