Washington-5 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La administración de Donald Trump volvió a subir el tono frente al régimen iraní y esta vez lo hizo dentro de territorio estadounidense. El Departamento de Estado confirmó la detención de Hamideh Soleimani Afshar y de su hija, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus de residencia legal permanente en Estados Unidos. Ambas quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la espera de su deportación, en una decisión que la Casa Blanca presenta como parte de una política más amplia para impedir que personas vinculadas o alineadas con regímenes hostiles a Washington sigan residiendo en el país.
La medida tiene una fuerte carga política y simbólica. Qassem Soleimani, el militar iraní al que la diplomacia y la prensa estadounidense colocan en el centro del caso por el vínculo familiar atribuido a Afshar, fue abatido en enero de 2020 en un ataque ordenado por Trump cerca del aeropuerto de Bagdad, durante su primer mandato. Ahora, con la guerra contra Irán todavía abierta y con la tensión entre Washington y Teherán en niveles extremos, el gobierno republicano decidió avanzar contra quienes considera propagandistas o defensores del régimen persa dentro de Estados Unidos. La señal política es transparente: ya no se trata sólo de sanciones o bombardeos en el exterior, sino también de depurar presencia ligada a la república islámica dentro del propio territorio norteamericano.
Según el comunicado oficial, Afshar y su hija fueron arrestadas el viernes y el motivo invocado para revocarles la residencia fue su presunto respaldo público al régimen iraní. El Departamento de Estado afirmó que Afshar llevaba años disfrutando de una “vida lujosa” en Los Ángeles mientras difundía propaganda favorable a Teherán y posiciones antiestadounidenses. Rubio, por su parte, fue todavía más explícito: sostuvo que la mujer “celebró ataques contra estadounidenses”, llamó a Estados Unidos el “Gran Satán” y apoyó a la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización a la que Washington considera terrorista. En ese contexto, el secretario de Estado dejó una definición que resume el espíritu de la ofensiva: su administración no permitirá que el país se convierta en hogar de extranjeros que apoyan regímenes terroristas y antiamericanos.
El caso, además, no parece aislado. La propia cartera diplomática informó que a comienzos de este mes Rubio también revocó el estatus legal o los visados de Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del exjefe de seguridad nacional iraní Ali Larijani, y de su marido, Seyed Kalantar Motamedi. Según la versión oficial, ambos ya no se encuentran en Estados Unidos y tienen prohibido volver a ingresar. AP agregó que estas decisiones se suman a la revocación, a fines del año pasado, de visas de diplomáticos y personal vinculado a la misión iraní ante la ONU. El mensaje general es claro: la administración republicana decidió convertir la política migratoria en una herramienta adicional de presión contra la estructura del poder iraní y contra quienes, según su lectura, actúan como portavoces políticos del régimen desde suelo estadounidense.
Hubo, de todos modos, una reacción desde el lado iraní. Reuters informó que medios estatales de Irán citaron a un funcionario de la cancillería persa para negar que la mujer detenida tenga lazos familiares con Soleimani. Incluso Narjes Soleimani, hija del militar abatido, aseguró que la familia nunca vivió en Estados Unidos y que su padre no tenía sobrinas sino sobrinos. Esa objeción introduce una disputa factual sobre el parentesco exacto, pero no altera el eje político del episodio: la administración de Trump decidió actuar públicamente contra dos residentes iraníes a quienes acusa de defender al régimen desde territorio estadounidense. Y en el actual clima de guerra y polarización, ese paso tiene un peso político mucho mayor que la sola discusión genealógica.
La decisión de Rubio debe leerse, así, en un marco más amplio de endurecimiento contra Teherán. Con Ormuz todavía en crisis, con ataques cruzados en la región y con la administración republicana empeñada en exhibir una postura de máxima firmeza, la detención de estas dos mujeres funciona como una pieza más del mismo mensaje estratégico. Washington quiere mostrar que ya no distinguirá entre frente externo y frente interno cuando se trate de personas asociadas al régimen iraní. Para el oficialismo norteamericano, la doctrina es simple: no habrá refugio, comodidad ni residencia estable para quienes justifiquen a un Estado que considera enemigo. En un momento de guerra, esa línea no sólo endurece la política migratoria: convierte a la seguridad interna en otra extensión de la confrontación con Irán
