Buenos Aires, 8 de abril de 2026-Total News Agency-TNA-. La causa que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un movimiento judicial de peso: el juez federal Ariel Lijo ordenó avanzar sobre el registro de llamadas de Marcelo Grandio, el periodista y empresario vinculado a la TV Pública que aparece en el expediente como quien habría afrontado el viaje privado a Punta del Este utilizado por el funcionario y su familia. La medida no quedó ahí. También alcanzó a Horacio Silva, presidente de Imhouse, y volvió a poner bajo la lupa los contratos de esa productora con el canal estatal, en una investigación que ya dejó de mirar solo un vuelo para concentrarse en una eventual trama de vínculos, facturación y beneficios cruzados.
El nuevo paso del juzgado apunta a reconstruir el circuito completo de relaciones y movimientos alrededor de los traslados a Uruguay. Según lo que surge de la causa, Lijo pidió informes sobre llamadas entrantes y salientes de Grandio y de Silva, y además reclamó a la TV Pública los expedientes administrativos completos que desembocaron en seis contratos firmados con Imhouse. Junto con eso, requirió información contable, ingresos generados por esas contrataciones y el detalle de los funcionarios que intervinieron en cada tramo del proceso. El foco judicial ya no parece limitado a determinar quién pagó un pasaje, sino a establecer si hubo una relación impropia entre la cercanía personal con un alto funcionario y negocios con un medio que depende de la órbita estatal.
El punto más delicado del expediente sigue siendo el viaje a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, realizado en un avión privado. Distintos testimonios recogidos en la causa ubicaron a Grandio como la persona que habría pagado o coordinado la operación. La gerenta comercial Vanesa Tossi, de Jag Executive Aviation, declaró que el periodista pidió cotización para “invitar a una familia” y que luego se supo que se trataba de la familia de Adorni. También sostuvo que el tramo de ida fue facturado a nombre de Imhouse y que existieron intentos para evitar una facturación completa, un punto que para la Justicia puede resultar especialmente sensible porque roza la trazabilidad real del gasto. Esa versión, además, tensiona con la defensa pública que había ensayado el funcionario, quien sostuvo que los pasajes de su familia los había abonado él mismo.
En ese marco, el expediente empezó a correrse desde la anécdota política hacia un terreno más espeso. La pregunta ya no es solamente si hubo un favor entre amigos, sino si ese favor pudo tener conexión con contrataciones estatales. La TV Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete, confirmó la existencia de al menos seis contratos con la productora vinculada a Grandio desde 2024, mientras que la pesquisa también viene acumulando pedidos sobre documentación bancaria, fiscal y comercial de la firma y de la operatoria que rodeó el vuelo. En tribunales nadie habla todavía de conclusiones cerradas, pero sí de un criterio cada vez más claro: seguir el rastro del dinero, de los llamados y de los expedientes para ver si las piezas terminan encastrando.
Como si eso fuera poco, el frente judicial de Adorni se amplía además por el costado patrimonial. Este miércoles debía declarar como testigo la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, señalada en actuaciones vinculadas con la escritura del departamento de Caballito y de la casa en Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, esta última a nombre de Betina Angeletti. Ese expediente, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita, corre en paralelo pero dialoga con el mismo clima de fondo: el de un funcionario al que la Justicia empieza a mirar con mayor profundidad, tanto por sus viajes como por la evolución de su patrimonio y los nombres que aparecen orbitando a su alrededor.
En Comodoro Py saben que no todos los casos de cercanía política derivan en delito. Pero también saben que, cuando aparecen vuelos privados, contratistas del Estado, facturas discutidas, llamados en plena declaración testimonial y contratos con organismos bajo la órbita del propio funcionario beneficiado, el expediente deja de ser un ruido pasajero. Para el Gobierno, el problema ya no es solo judicial: también es político. Porque cada nueva medida de Lijo empuja la historia un poco más lejos del terreno de las explicaciones informales y la mete de lleno en la zona donde se cruzan poder, favores y administración pública.
