Comodoro Py, 8 de abril de 2026-Total News Agency-TNA- La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a escalar este miércoles con una batería de testimonios que apunta al núcleo más sensible del expediente: cómo financió la compra de sus propiedades y qué nivel de consistencia real tienen las hipotecas privadas que aparecen detrás de esas operaciones. El fiscal federal Gerardo Pollicita, con intervención del juez Ariel Lijo, citó a declarar a las cuatro mujeres que figuran como acreedoras de préstamos en dólares vinculados a dos inmuebles del funcionario en el barrio porteño de Caballito. Dos de ellas deberán presentarse este jueves 9 y las otras dos el lunes 13, en una secuencia que puede empezar a ordenar, o complicar todavía más, la explicación patrimonial del hombre fuerte de la administración de Javier Milei.
Las primeras en pasar por la fiscalía serán Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes aparecen asociadas al departamento de la calle Miró, donde hoy vive Adorni con su familia. Según la documentación conocida en la causa, la compra fue certificada el 18 de noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares y quedó respaldada por una hipoteca privada de 200.000 dólares, es decir, cerca del 87 por ciento del monto declarado. Ese dato ya había encendido alarmas porque la mayor parte de la operación quedó sostenida por financiamiento de particulares y no por un crédito bancario tradicional, una modalidad legal pero inevitablemente más expuesta a la lupa judicial cuando se trata de un funcionario de primera línea.
Adriana Mónica Nechevenko la escribana de Adorni
El segundo bloque de citadas lo integran Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes figuran como acreedoras de otra hipoteca por 100.000 dólares sobre el inmueble de la calle Asamblea, vinculado al patrimonio previo del funcionario y su esposa. De acuerdo con la información incorporada al expediente, Molina de Cancio habría aportado 85.000 dólares y Victoria Cancio otros 15.000. Un punto relevante es que esa hipoteca aparece fechada en noviembre de 2024, el mismo momento en que se registró la compra de la casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, a nombre de Bettina Angeletti. Ese cruce temporal es uno de los aspectos que la fiscalía intenta desentrañar para reconstruir con precisión el origen y la aplicación de los fondos.
La jornada de este miércoles arrancó, además, con otro testimonio central: el de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien comenzó a declarar por la mañana en la fiscalía de Pollicita. Su papel es especialmente sensible porque intervino en varias de las operaciones que hoy están bajo revisión: la compra del departamento de Miró, la hipoteca sobre el inmueble de Asamblea y también la operación de la vivienda de Indio Cuá. La fiscalía busca que detalle bajo juramento de qué manera se instrumentaron esas compraventas, quién aportó el dinero, cómo se estructuraron las garantías y qué documentación respaldó cada paso. En otras palabras, se intenta ir más allá de la mera inscripción registral y llegar al corazón económico de las operaciones.
El expediente viene tomando temperatura desde hace días porque la causa ya no gira solo alrededor de la existencia formal de bienes, sino del ritmo con el que el patrimonio del funcionario se amplió desde su llegada al poder. En esa línea, las medidas del fiscal muestran una orientación clara: reconstruir la secuencia completa de adquisiciones, hipotecas, acreedores y documentación respaldatoria para establecer si hubo una evolución patrimonial compatible con sus ingresos declarados o si, por el contrario, aparecen inconsistencias que ameriten profundizar la imputación. A eso se suma que en paralelo Lijo y Pollicita también tienen bajo observación el episodio del vuelo privado a Punta del Este, otro expediente que mantiene a Adorni en el centro de un frente judicial y político cada vez más incómodo.
En los tribunales federales nadie se anima todavía a anticipar conclusiones. Pero sí se admite que la causa empezó a salir de la etapa inicial de recolección de papeles para entrar en una instancia más comprometida: la de los testimonios directos de quienes pusieron su nombre, su firma o su dinero en operaciones que ahora deben ser explicadas con rigor. Para el oficialismo, el problema ya no pasa solo por el costo político de las revelaciones, sino por el riesgo de que la acumulación de indicios empiece a darle al expediente una densidad difícil de relativizar. En ese terreno, las cuatro mujeres citadas y la escribana que ya declaró pueden aportar las piezas que faltan para entender si se trató de simples préstamos entre particulares o de una arquitectura patrimonial bastante más compleja de lo que hasta ahora se intentó mostrar.
