Por José Luís Milia
El caso del ex cabo Julio Narciso Flores expone la obscenidad de un sistema judicial que reemplazó pruebas por ideología, responsabilidad individual por culpabilidad de contexto y derecho por odio organizado. En Argentina ya no se dispara con fusiles, se fusila con prevaricación y testigos falsos.
Por enésima vez, el tribunal de San Martín ha negado al ex cabo Julio Narciso Flores la prisión domiciliaria. La resolución es, en su parquedad, ejemplar, que muera donde está. En Argentina, la justicia ha perfeccionado un arte peculiar, no juzga hechos, solo administra escarmientos. El caso Flores es una pequeña obra maestra, ejecutada con prolijidad burocrática y una dosis asombrosa de indiferencia.
Flores tenía 18 años en 1976. Ocho meses antes había egresado como cabo en Mantenimiento de Aeronaves. Era, en términos prácticos, apenas algo más que un “colimba”. No decidía, no mandaba, no diseñaba nada. Tres años después pidió la baja y se fue a la aviación civil, donde trabajó hasta 2005. Volvió al país para pasar las fiestas con su familia y encontró, en lugar de brindis, una celda. La hospitalidad nacional también sabe ser creativa.
En 2022, tras años de prisión preventiva- esa figura elástica que en otros casos se llama escándalo-, fue condenado a 25 años. Seis veces más que el brigadier Agosti, jefe de la Fuerza Aérea en aquellos años. La aritmética judicial tiene estas delicadezas, castiga con mayor fervor a quien menos podía decidir. Si Flores hubiera sido un delincuente común, con todos esos años de prisión preventiva, hubiera recuperado la libertad a los pocos años. Pero eligió, con imprudencia retrospectiva, vestir uniforme. Imperdonable.
La condena que le impuso el tribunal de San Martín descansa en la elegante “lógica de contexto”, esa que dice que no hace falta probar lo que hizo, que alcanza con insinuar dónde estaba. La responsabilidad individual, ese viejo capricho del derecho, resulta aquí un detalle menor. El “in dubio pro reo” se convierte en una pieza de museo, útil para visitas guiadas pero incómoda para la práctica cotidiana contra quienes vistieron uniforme.
En el juicio pasaron veintiséis testigos. Solo uno lo mencionó, sin reconocerlo. Una filigrana probatoria. El mismo testigo, además, acumulaba actuaciones en estos procesos, como un actor de reparto siempre disponible. Pero nada de eso altera el resultado, Flores debía ser condenado. No por actos verificables, sino por su utilidad simbólica.
El sistema completa la escena con disciplina. Los jueces se refugian en formalidades, el Ministerio de Justicia observa con prudente ceguera y los organismos de derechos humanos administran un silencio selectivo. Hay víctimas que cotizan y otras que sobran.
Nadie dice lo obvio, que esto no es justicia, es una forma sofisticada de persecución. El caso Flores exhibe una moral cansada, que cambió los fusiles por expedientes, pero conservó la lógica. Aquí se castiga con sellos, se ejecuta con sentencias y se olvida con facilidad. No hay derecho, hay una voluntad organizada de castigar. Y cuando el castigo adopta forma de doctrina, el Estado deja de ser garantía y pasa a ser, con toda compostura, una mafia.
