Por RR
BUENOS AIRES.– El nombre de Franco Agustín Bindi volvió a instalarse con todo en el centro de la escena política argentina. Pareja de la diputada Marcela Pagano –quien rompió con La Libertad Avanza y se convirtió en una de las voces más críticas del gobierno de Javier Milei–, este abogado, empresario de medios y figura habituada a operar entre Tribunales, inteligencia y poder provincial, es señalado por el oficialismo como uno de los hilos principales detrás de la grabación y difusión de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que terminaron complicando directamente a Karina Milei.
Lejos de ser un actor nuevo, Bindi arrastra una trayectoria de más de una década en la que su nombre aparece una y otra vez en causas sensibles, designaciones oficiales y operaciones que cruzan la política, la Justicia y los servicios. Y esta vez, la lupa está puesta en sus vínculos profundos con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, su participación en la Operación PUF, sus estrechos lazos con Venezuela (incluido el SEBIN y PDVSA) y su rol en la reciente liberación del gendarme Nahuel Gallo, donde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) figuró públicamente pero los contactos reales habrían pasado por él.
El comienzo explosivo con Gerardo Zamora: de prófugo a asesor en el Senado
La relación entre Franco Bindi y Gerardo Zamora no es de ayer. Se remonta a fines de 2013 y tiene un arranque que parece sacado de una novela de intriga. El 28 de noviembre de 2013, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución 213/2013 ofreciendo una recompensa para quien diera información sobre el paradero de Bindi. Estaba prófugo, con orden de captura nacional e internacional, acusado de sustracción de menores y falsificación de documentos públicos en la causa IPP Nº 01-01-002957-08.
Apenas días después, el 4 de diciembre de 2013, el Senado de la Nación –donde Gerardo Zamora era senador– lo designó como asesor de la cámara, con efectos retroactivos al 10 de diciembre de ese año. La designación se hizo con categoría A-8 y luego fue dejada sin efecto en marzo de 2014. Pero el mensaje quedó claro: un prófugo buscado por la Justicia bonaerense era incorporado casi en simultáneo al staff de uno de los caudillos más poderosos del norte argentino.
La conexión no se cortó. En junio de 2014, mediante el decreto 1309/2014 de la Fiscalía de Estado de Santiago del Estero (entonces bajo la gobernación de Claudia Abdala de Zamora, esposa del gobernador), se contrató al estudio jurídico de Bindi –y también a su hermana, su padre y su entonces socia Giselle Robles– para representar a la provincia en todas las causas que se tramitaban en la Ciudad de Buenos Aires. Desde ese momento, Bindi se convirtió en el “abogado estrella” de Zamora en Comodoro Py y en los tribunales federales.
Los “trabajitos” –como los describen fuentes cercanas– fueron muchos y variados. En 2021 se le atribuye haber intentado frenar una investigación por el retiro irregular de 32 millones de dólares en efectivo de una cuenta bancaria provincial, un escándalo que apuntaba directo al gobierno santiagueño y que de pronto se diluyó. También intervino en el caso de un helicóptero provincial que se estrelló mientras filmaba un reality de Discovery Channel (con ocho franceses y dos argentinos a bordo, sin sobrevivientes): la provincia tenía que cobrar el seguro, pero la póliza no cubría el uso no oficial y Bindi manejó la defensa.
Otro episodio que ilustra la continuidad de la relación: durante la pandemia, un funcionario santiagueño quedó varado en Brasil con una grave complicación de salud y necesitaba traslado urgente. La llamada fue a Bindi, que se ocupó de todo. En marzo de 2020, el propio Zamora firmó ante escribano un Poder Especial para Asuntos Judiciales a favor de Bindi y otro letrado, para que actuaran “de manera conjunta, separada o indistinta” en nombre del gobierno provincial. Esa relación de más de una década explica por qué, cada vez que Zamora necesita mover piezas en la Capital, el nombre de Bindi vuelve a aparecer.
La Operación PUF y su paso por las causas kirchneristas pesadas
Bindi no solo operó para Santiago del Estero. Su nombre está ligado al kirchnerismo duro desde sus inicios. Trabajó en el Ministerio de Planificación Federal en tiempos de Julio De Vido, tuvo un breve paso por Economía y defendió a figuras clave como Lázaro Báez. En el juicio por la “ruta del dinero K”, Leonardo Fariña declaró que Bindi llevaba su defensa real y técnica y que los intereses respondían al empresario kirchnerista.
El capítulo más conocido es su participación en la Operación PUF (o Operativo PUF), la maniobra judicial de 2019 para desprestigiar la causa de los Cuadernos de las Coimas. Según las investigaciones, Bindi habría estado involucrado en la denuncia del empresario Pedro Etchebest contra el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli. El juez Alejo Ramos Padilla lo citó a indagatoria junto a su ex socia Giselle Robles por sospechas de orientación de testimonios y plantado de testigos falsos. Aunque nunca terminó condenado, su rol en esa operación –que buscaba voltear una de las causas más sensibles contra el kirchnerismo– consolidó su perfil de operador judicial en las sombras.
Fuentes judiciales y periodísticas lo vinculan además con la defensa “a oscuras” del gobierno de Cristina Kirchner tras la muerte del fiscal Alberto Nisman y el Pacto con Irán. Fue asesor del diputado Leopoldo Moreau y siempre se movió con comodidad en los márgenes donde se cruzan inteligencia, Tribunales y política.
Los lazos con Venezuela: PDVSA, SEBIN y la liberación de Nahuel Gallo
Uno de los capítulos más sensibles y recientes de Bindi es su conexión con Venezuela. Representó legalmente a PDVSA en Argentina y pasó largas estancias en Caracas, donde tejió contactos en el régimen chavista. Fuentes de inteligencia lo señalan como colaborador del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia, hoy reconvertido) y con vínculos incluso con Irán. En el mundo de los servicios se lo describe como “doble agente” que “juega para varios lados pero siempre cobra”.
Esa red venezolana fue clave en la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 y liberado el 1º de marzo de 2026 tras 448 días en la prisión de El Rodeo. Oficialmente, la AFA se atribuyó el rol humanitario: emitió comunicados, publicó fotos de Gallo bajando del avión y habló de “gestiones” para su regreso. Pero según múltiples fuentes que siguieron el caso de cerca, la AFA fue la cara visible, mientras los contactos reales y sigilosos los manejó Franco Bindi gracias a su historia con PDVSA y el chavismo.
La operación incluyó un avión privado vinculado a la dirigencia de la AFA y una cancillería paralela que involucró al régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Bindi y Marcela Pagano fueron acusados incluso de financiarse con fondos venezolanos en tiempos en que los dólares del chavismo llegaban en bolsos sin declarar. El caso expuso una trama donde fútbol, inteligencia y política se mezclaron para traer de vuelta al gendarme, pero también dejó al descubierto la profundidad de los lazos de Bindi con el régimen venezolano. Según pudo saber Total News Agency, Bindi logro despertar la curiosidad de algunas agencias de EE.UU e Israel.
En su momento, el Ministerio de Seguridad, representado por el abogado Fernando Soto Mientras Patricia Bullrich fue ministra, presentó un escrito judicial que los calificaba como un agente de gobiernos extranjeros y le atribuyó conductas cercanas a la traición a la patria.
El imperio mediático: de Canal Extra a los negocios bajo la lupa
Paralelamente, Bindi construyó un pequeño pero influyente grupo de medios. En 2022, a través de MARIV MEDIA PARTNERS S.R.L., concentró el 90% de las acciones y fue designado gerente. La firma era titular de la señal Canal Cuatro 4 (CC4), declarada de inclusión obligatoria en las grillas de cable por el ENACOM. Renombró el canal como Extra TV, sumó Radio Extra y el portal negocios.com.ar, y contrató a figuras como Víctor Hugo Morales. El perfil inicial fue claramente kirchnerista, aunque luego viró según los vientos políticos.
En noviembre de 2024 vendió el 90% a un misterioso empresario paquistaní, Muhammad Nadir, quien algunos describen como testaferro. La madre de su ex socia Giselle Robles quedó con el 10%. El canal siguió emitiendo contenidos alineados con narrativas oficialistas del chavismo y hasta se habló de “turismo político” a Cuba promovido desde allí.
El presente: los audios, Pagano y la denuncia por espionaje
Todo esto explota ahora en el escándalo de los audios de Spagnuolo. El Gobierno presentó una denuncia por supuesto espionaje ilegal contra Karina Milei y funcionarios. Carlos Pagni y otras fuentes apuntaron a Bindi y Pagano como posibles responsables de la grabación y filtración oportuna de esas conversaciones, que salieron a la luz justo cuando se discutía la emergencia en discapacidad en el Congreso. En febrero de 2026, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de la pareja para acceder al expediente, aunque aclaró que ninguno de los dos está formalmente imputado.
Su ex socia Giselle Robles lo acusó públicamente de participar en la operación y de armar testigos falsos, tal como en la Operación PUF. El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, habla de una “operación de inteligencia prohibida” para desestabilizar en plena campaña.
Franco Bindi es, en síntesis, un operador que transita con naturalidad por los pasillos del poder provincial, los tribunales federales, los servicios de inteligencia, incluidos los venezolanos e iranies y los medios. Su historia une a Gerardo Zamora con Venezuela, la AFA con la Operación PUF, y todo eso aterriza hoy en el escándalo que golpea al corazón del gobierno de Milei. Un personaje que, como él mismo parece preferir, sigue moviéndose más en las sombras que bajo los reflectores. Y cada vez que la política argentina se pone espesa, su nombre vuelve a sonar.
