Buenos Aires, 8 de mayo de 2026-Total News Agency-TNA- Una nueva trama de corrupción vinculada al sistema de importaciones del gobierno de Alberto Fernández quedó expuesta tras la aparición de chats, audios y conversaciones incorporadas a una investigación judicial que revelan cómo empresarios y operadores gestionaban presuntas coimas para acelerar autorizaciones de las antiguas SIRA y acceder así al dólar oficial en plena vigencia del cepo cambiario.
La causa, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi, tiene como eje al empresario Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo, quien habría actuado como intermediario entre empresarios privados y funcionarios con capacidad de destrabar importaciones.
La investigación judicial encontró en el celular de Migueles conversaciones que describen un esquema de sobornos de entre el 10% y el 15% para aprobar SIRA en apenas una semana, cuando los tiempos habituales podían superar los 180 días.
“Billetes cara grande jaja”
Uno de los intercambios más comprometedores aparece con un contacto identificado como “Adriel La Plata”. Allí, Migueles ofrece agilizar operaciones a cambio de dinero.
“Yo consigo también que te den la SIRA rápido”, le dice en un audio. Luego agrega: “Lo consigo un punto menos, 11 puntos y te sale en una semana con toda la furia”.
En otro tramo de la conversación, el interlocutor le responde con una frase que quedó incorporada al expediente judicial: “Billete cara grande jaja”, en aparente referencia a dólares estadounidenses de alta denominación.
Un funcionario actual de Casa Rosada
El aspecto más explosivo de la causa es que uno de los involucrados señalados en las conversaciones sería un actual funcionario de la Casa Rosada.
Se trata de Ariel Germán Saponara, quien según documentación incorporada al expediente y perfiles laborales citados por la investigación, actualmente trabaja en el ámbito gubernamental nacional.
En marzo de 2023, Saponara le pidió a Migueles contactos para liberar declaraciones de importación de autoelevadores y repuestos.
“Yo tengo un amigo que entre todas las cometas se va al 15%. Pero capaz hay alguno por unos puntos menos”, escribió.
La respuesta fue directa:
“Esa yo la saco al toque”.
Más adelante, Migueles confirmó la operación:
“Sale en una semana, diez días y el costo es 11. Así que pásale 12 o 13 y nos ganamos un punto. ¿Qué opinás? Blue, ¿no?”.
La operación habría sido por unos US$54.600, y según el expediente incluso se indicó la dirección donde debía entregarse el dinero de la coima.
“Lo que tenemos que dejar adentro”
Otro personaje clave es Héctor Ezequiel Caputto, alias “El Pipo”, quien aparece en las conversaciones como uno de los nexos encargados de destrabar aprobaciones.
En uno de los audios incorporados a la causa explica detalladamente cómo debía repartirse el dinero:
“Eso es lo que tenemos que dejar adentro nosotros”, afirma, al calcular el porcentaje que debía destinarse presuntamente a funcionarios internos.
Según la conversación, de los US$54.600 involucrados en la operación, unos US$4.356 debían destinarse “adentro”, mientras el resto quedaría para reparto entre intermediarios.
En otras conversaciones aparecen menciones a “la señora” y “Pato”, personas aún no identificadas judicialmente pero que podrían formar parte de la estructura investigada.
La mecánica del negocio
El sistema SIRA fue implementado durante el gobierno kirchnerista-albertista como mecanismo de control de importaciones y acceso a divisas oficiales.
En la práctica, numerosas empresas denunciaron durante años discrecionalidad, demoras y manejos políticos para habilitar operaciones, mientras el país atravesaba fuertes restricciones cambiarias y los ciudadanos apenas podían comprar US$200 mensuales.
Según el fiscal Picardi, los chats permiten observar “con claridad la estructura de intermediación y reparto económico” utilizada para gestionar aprobaciones privilegiadas.
La sospecha es que empresarios pagaban coimas para acceder rápidamente a importaciones y luego obtener dólares oficiales a valor subsidiado por el Estado.
La otra maniobra: dólar oficial y cuevas
La investigación no se limita a las SIRA. También analiza posibles irregularidades en la compra de dólar oficial mediante casas de cambio.
Entre ellas aparece Arg Exchange, vinculada a Migueles, Piccirillo y Francisco Hauque.
La hipótesis judicial sostiene que determinadas operaciones podían recibir autorización privilegiada del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para comprar dólares oficiales que luego eran revendidos en el mercado paralelo con ganancias cercanas al 200%.
Un modelo de corrupción estructural
La causa vuelve a poner bajo la lupa uno de los puntos más cuestionados del esquema económico kirchnerista: el control discrecional del acceso a divisas.
Para muchos empresarios, el sistema SIRA se había convertido en una maquinaria donde sobrevivían quienes tenían contactos políticos, capacidad de pago o acceso a intermediarios.
Ahora, los chats, audios y transferencias incorporados al expediente parecen mostrar cómo funcionaba ese mecanismo por dentro.
Y la aparición de un actual funcionario de Casa Rosada en medio de las conversaciones amenaza con ampliar todavía más el impacto político del caso.
El vínculo político con la gestión Massa
La causa tiene un dato político imposible de soslayar: las maniobras investigadas ocurrieron durante el gobierno de Alberto Fernández, pero especialmente bajo la administración económica de Sergio Massa, cuando el sistema SIRA se convirtió en el mecanismo central para autorizar importaciones y habilitar el acceso al dólar oficial.
El régimen fue implementado en octubre de 2022, en plena gestión de Massa al frente del Ministerio de Economía, junto al entonces secretario de Comercio, Matías Tombolini, como reemplazo del esquema anterior de importaciones. En los hechos, la SIRA terminó funcionando como una ventanilla de enorme poder discrecional: quien obtenía la autorización podía acceder a dólares oficiales en un país con cepo, brecha cambiaria y severas restricciones para importar.
Esa discrecionalidad es precisamente el corazón de la investigación judicial. El fiscal Franco Picardi analiza si operadores financieros, empresarios y funcionarios utilizaron ese sistema para cobrar coimas de entre el 10% y el 15% a cambio de acelerar permisos que podían demorarse hasta 180 días, pero que en los chats aparecen prometidos en una semana o diez días.
La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo, investiga operaciones realizadas entre 2022 y 2023, es decir, durante el período en que Massa concentraba el manejo económico, cambiario, comercial y financiero del país. Según reportes judiciales, se detectaron operaciones con SIRA por más de US$3,5 millones, mientras otras estimaciones periodísticas ubican el universo de maniobras bajo sospecha en cifras mucho mayores.
El punto central es que el esquema no podía funcionar sin autorizaciones estatales. Las SIRA eran aprobadas por funcionarios nacionales y por eso la Fiscalía pidió identificar qué áreas y qué agentes intervinieron en cada operación. También se investiga una presunta connivencia con exfuncionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para facilitar el acceso al dólar oficial, que luego habría sido utilizado en negocios financieros paralelos.
La investigación reabre una pregunta inevitable sobre la responsabilidad política de la gestión Massa: si el sistema SIRA era la llave del comercio exterior y del acceso a divisas subsidiadas, ¿cómo pudo operar una red de coimas sin controles efectivos dentro del propio esquema económico?
El caso muestra, una vez más, cómo el cepo, la brecha cambiaria y la discrecionalidad estatal crearon el terreno ideal para la corrupción. Bajo la promesa de “administrar divisas”, el kirchnerismo-massismo montó un sistema donde el permiso oficial valía oro. Y cuando un permiso vale oro, siempre aparece alguien dispuesto a cobrar por abrir la puerta.
