Una auditoría oficial detectó una diferencia de $158.717 millones entre las deudas informadas por dos áreas centrales de la ex Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo. El relevamiento también cuestionó pagos realizados mediante “legítimo abono” y verificó desembolsos por $479.504 millones a proveedores de medicamentos e insumos. La documentación se incorpora a un expediente donde el fiscal Franco Picardi investiga presuntos sobreprecios, direccionamientos y retornos de hasta el 20%.
Buenos Aires – 20 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA- La causa por presuntas irregularidades en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acaba de incorporar un capítulo que desplaza el foco desde los audios atribuidos a Diego Spagnuolo hacia los números internos del organismo. Una auditoría ordenada por el Gobierno después del desplazamiento del exfuncionario detectó una diferencia exacta de $158.717.131.557,63 entre los listados de deuda exigible elaborados por dos dependencias centrales de la agencia, una inconsistencia que ahora quedó bajo análisis judicial.
El relevamiento tomó como fecha de corte el 21 de agosto de 2025, cuando Spagnuolo fue apartado de la conducción, y examinó pagos a droguerías, compromisos pendientes, cajas chicas, equipamiento electrónico, contratos, empleados y declaraciones juradas. La diferencia surgió al comparar la información suministrada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) con los registros de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), responsable de programas como Incluir Salud. Esta última informó un volumen de deuda significativamente superior.
La cifra no significa, por sí sola, que $158.717 millones hayan desaparecido. Lo que la auditoría detectó es una inconsistencia entre registros internos y compromisos que, en parte, no habrían transitado por los controles administrativos previstos. Precisamente por eso el hallazgo adquiere relevancia penal: permite reconstruir si existieron obligaciones asumidas sin respaldo formal, compras ejecutadas por fuera de los procedimientos ordinarios o deudas incorporadas posteriormente sin adecuada trazabilidad.
El propio informe recogió una explicación de la DNASS, cuyos responsables señalaron que algunos importes y clasificaciones podían contener errores involuntarios de carga realizados por prestadores. Esa hipótesis deberá ser contrastada con comprobantes, expedientes, facturas y órdenes de pago. El problema es que esa misma dirección se encuentra bajo la lupa del fiscal federal Franco Picardi, que investiga un presunto esquema de fraude y coimas alrededor de las compras de medicamentos e insumos de alto costo.
Según la acusación fiscal difundida en la causa, la estructura investigada habría funcionado al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 y habría involucrado a autoridades de ANDIS, intermediarios y proveedores. Picardi sostiene como hipótesis que determinadas contrataciones pudieron haber sido direccionadas y que un porcentaje de hasta el 20% de algunas adjudicaciones habría retornado por circuitos ilegales. Entre los nombres que aparecen en esa línea investigativa figura el empresario y lobista Miguel Ángel Calvete, además de Spagnuolo y otros funcionarios. Esas acusaciones continúan sujetas a prueba y revisión judicial.
La auditoría agrega otro punto sensible: el uso reiterado de la figura de “legítimo abono”, un mecanismo que permite reconocer y pagar bienes o servicios ya prestados aun cuando no se haya completado previamente el procedimiento normal de contratación. El recurso puede tener utilización legal en situaciones determinadas, pero los auditores observaron que ANDIS seguía recurriendo a él de manera significativa y que, hasta la fecha de corte, sólo se habían iniciado seis procedimientos de compra relacionados con esos servicios.
El documento no individualizó cuáles pagos concretos fueron cancelados mediante legítimo abono, pero sí cuantificó el volumen total de recursos destinados al sector: entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones. Esa magnitud explica por qué la reconstrucción de cada expediente, proveedor y autorización administrativa puede convertirse en una pieza central de la investigación.
Hasta ahora, buena parte de la atención pública sobre el caso ANDIS estuvo concentrada en los audios atribuidos a Spagnuolo y en la discusión acerca de su autenticidad. El peritaje técnico incluso generó diferencias entre especialistas sobre la calidad de algunos archivos para realizar cotejos de voz. Pero la aparición de documentación contable interna abre una vía distinta: aun cuando la discusión sobre las grabaciones se prolongue, los investigadores ahora disponen de registros administrativos que permiten seguir dinero, contratos, proveedores y deudas.
Ese cambio puede ser decisivo. Un audio puede orientar una pesquisa o revelar nombres y mecanismos, pero una deuda sin respaldo, un pago irregularmente tramitado o una contratación direccionada deja rastros documentales que pueden ser comparados con movimientos bancarios, expedientes y comunicaciones internas. La auditoría permite, además, identificar dónde se produjeron las mayores diferencias dentro del propio organismo y qué funcionarios tenían capacidad de decisión en cada etapa.
La magnitud del desfasaje obliga ahora a determinar si se trató de fallas administrativas acumuladas, errores de registración o deudas mal clasificadas, o si existió un mecanismo deliberado para comprometer fondos fuera de los controles ordinarios. Esa será una de las preguntas centrales para Picardi, especialmente porque los sectores involucrados en la inconsistencia se superponen con áreas ya investigadas por compras de medicamentos y posibles sobreprecios.
La causa ANDIS entra así en una etapa distinta. Lo que comenzó como una investigación impulsada por audios y testimonios suma ahora un volumen documental capaz de reconstruir con precisión cuánto se compró, cuánto se pagó, cuánto se debía y bajo qué procedimiento se reconocieron esas obligaciones. Los $158.717 millones no constituyen todavía una prueba de desvío, pero representan una anomalía administrativa de una escala suficiente como para exigir una explicación completa en un organismo que administraba recursos destinados a una de las poblaciones más vulnerables del Estado.
Fuentes consultadas: La Nación, Agencia Noticias Argentinas, actuaciones y acusaciones del fiscal federal Franco Picardi, información de la auditoría de la ex ANDIS, Infobae, El Litoral, Los Andes y documentación vinculada con la intervención del organismo.
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