El canciller argentino utilizó el derecho a réplica para responder al primer ministro británico Andy Burnham, quien había advertido que Londres se mantendrá “firme” ante cualquier amenaza sobre las islas. Quirno denunció la ocupación británica, reclamó el cese de las decisiones unilaterales y pidió reabrir las negociaciones de soberanía, mientras el Reino Unido acaba de extender por cinco años las licencias petroleras en el Atlántico Sur.
Nueva York – 23 Septiembre 2026 – Total News Agency – TNA– El canciller Pablo Quirno llevó este miércoles al recinto de la Asamblea General de las Naciones Unidas una respuesta directa al primer ministro británico Andy Burnham y reclamó que el Reino Unido abandone las decisiones unilaterales sobre las islas Malvinas, detenga la explotación de sus recursos naturales y acepte reanudar negociaciones bilaterales sobre la soberanía del archipiélago. La réplica argentina se produjo pocas horas después de que Burnham afirmara ante la ONU y durante una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump que Londres permanecerá “firme” frente a cualquier cuestionamiento a su posición sobre las islas.
La Cancillería solicitó formalmente el derecho a réplica luego del discurso británico, lo que obligó a la representación del Reino Unido a permanecer en el recinto mientras Quirno exponía la posición argentina. El ministro recordó que Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio reclamado por la República Argentina y sostuvo que la presencia británica se remonta a la ocupación de enero de 1833, cuando fueron desplazadas las autoridades argentinas asentadas en las islas. “Este acto, realizado en tiempo de paz y contrario al derecho internacional de la época, nunca fue consentido por la República Argentina”, afirmó.
Quirno rechazó además que Londres pueda presentar el conflicto únicamente como una cuestión de autodeterminación de los habitantes de las islas y recordó que la propia ONU reconoce desde 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General estableció que existe una controversia entre ambos gobiernos e instó a encontrar una solución negociada, criterio que fue reiterado este año por el Comité Especial de Descolonización. En su sesión del 25 de junio de 2026, el Comité volvió a señalar expresamente que existe una disputa de soberanía y renovó el llamado a Buenos Aires y Londres para reanudar conversaciones.
El reclamo argentino adquirió una dimensión todavía mayor porque Londres decidió esta misma semana extender las licencias petroleras concedidas alrededor de las islas. Las autoridades isleñas anunciaron que los permisos offshore vigentes serán prorrogados inicialmente por cinco años, con la posibilidad de extenderlos por otros dos si las empresas cumplen sus compromisos de trabajo. La medida fue respaldada por el Gobierno británico y alcanza a compañías vinculadas con la exploración y futura explotación de hidrocarburos en la cuenca norte de Malvinas, entre ellas firmas relacionadas con Navitas Petroleum, Rockhopper Exploration, Borders & Southern, Desire Petroleum y JHI Associates.
La Argentina reaccionó el martes con una protesta formal ante la embajada británica y consideró la prórroga de las licencias una nueva violación de la Resolución 31/49, aprobada por la Asamblea General en 1976. Esa resolución insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente la solución de la disputa. Quirno llevó ese argumento directamente al recinto y sostuvo que ninguna de las partes debería alterar de manera unilateral la situación existente mientras Naciones Unidas continúa reclamando una solución negociada.
El conflicto petrolero se concentra especialmente en el proyecto Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, operado por la israelí Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. El proyecto posee recursos estimados en aproximadamente 1.700 millones de barriles de petróleo y contempla una primera etapa de producción hacia 2028, con inversiones calculadas en alrededor de US$2.200 millones. Las empresas sostienen que las licencias concedidas por las autoridades isleñas son válidas y cuentan con respaldo británico, mientras Buenos Aires las considera ilegales por carecer de autorización argentina.
El Gobierno de Javier Milei intensificó en septiembre las medidas contra las compañías involucradas. El 4 de septiembre inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas, cifra que posteriormente fue ampliada a 60, incluyendo empresas, accionistas y proveedores relacionados con actividades hidrocarburíferas. Además, Cancillería impulsó denuncias penales contra firmas vinculadas con Navitas y JHI y el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto destinado a endurecer las sanciones para quienes exploten recursos naturales en las áreas bajo disputa sin autorización argentina.
La escalada adquirió también una dimensión geopolítica luego de que Trump declarara en agosto que Estados Unidos revisaba su tradicional posición sobre la disputa. Burnham trató personalmente el asunto con el mandatario norteamericano durante su encuentro del martes en Nueva York y aseguró posteriormente que había dejado clara la posición británica. “Estaremos firmes frente a cualquier amenaza”, sostuvo el premier, quien insistió en el derecho de los habitantes de las islas a permanecer bajo administración británica.
Para Buenos Aires, sin embargo, la cuestión no está limitada a la presencia británica sino también a la explotación de recursos naturales mientras continúa pendiente una controversia reconocida por Naciones Unidas. La Cancillería sostiene que cualquier exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización argentina constituye una violación de las leyes nacionales y una decisión unilateral incompatible con las resoluciones de la ONU. El 15 de septiembre, además, rechazó una guía oficial británica destinada a incentivar negocios con las islas y denunció que Londres pretende consolidar mediante inversiones comerciales e hidrocarburíferas una situación que Argentina considera colonial.
Quirno terminó su intervención reafirmando la disposición argentina a iniciar “negociaciones bilaterales sustantivas” y sostuvo que la posición de Buenos Aires continúa apoyándose en una solución pacífica dentro del marco internacional. El enfrentamiento diplomático ocurre precisamente cuando se aproximan los cincuenta años de la Resolución 31/49 y mientras Londres intenta otorgar seguridad jurídica de largo plazo a proyectos petroleros que podrían transformar económicamente el área disputada. En ese contexto, la frase elegida por el canciller para cerrar su réplica resumió la posición argentina ante la representación británica: “Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas”.
Fuentes consultadas: Cancillería Argentina; Presidencia de la Nación; Naciones Unidas; Comité Especial de Descolonización de la ONU; Reuters; Infobae; EFE; antecedentes de las resoluciones 2065 (XX) y 31/49.
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