Por Lucho Avila
1 de Octubre de 2026, Total News Agency-TNA. La secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, fue denunciada penalmente junto a otros funcionarios por la autorización del ingreso de Southern Energy al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La presentación apunta a determinar si el proyecto fue habilitado pese a los antecedentes de Harbour Energy, accionista de Southern Energy, vinculados con actividades hidrocarburíferas en la zona de Malvinas. El expediente CFP 4810/2026 fue asignado el 29 de septiembre por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 11. Según los datos del expediente, el origen de la presentación es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Además de Tettamanti, figuran como denunciados el ex secretario del área energética, Eduardo Rodríguez Chirillo, el actual subsecretario de hidrocarburos, Horacio Federico Veller, quien además suena como uno de los candidatos para presidir el ENReGE, la empresa Argentina Harbour y Tomás Lanardonne, entre otros. La denuncia menciona los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y cohecho.
El planteo pone el foco en la incorporación de Southern Energy al RIGI, aprobada mediante la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía. El proyecto de licuefacción de gas natural fue encuadrado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo y contempla una capacidad de producción de entre 1,5 y 2,2 millones de toneladas anuales de GNL. La denuncia cuestiona específicamente la situación de Harbour Energy, que posee el 15% de Southern Energy. Harbour es la compañía que continuó las actividades de Premier Oil, firma que había sido sancionada en 2013 por actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina, en cercanías de las Islas Malvinas.
El eje de la presentación es si esos antecedentes debieron impedir o condicionar el acceso de Southern Energy al RIGI en función de las restricciones establecidas por la Ley 26.659, conocida como Ley Solanas, y si los organismos que intervinieron en el trámite realizaron los controles correspondientes. La denuncia deberá ahora ser analizada por la Justicia, que deberá determinar qué información estaba disponible durante el trámite, qué controles se realizaron sobre la composición accionaria de Southern Energy y si existieron irregularidades en la autorización.
La presentación pone la atención en un tema candente que llega de forma directa al Presidente dada su nueva política sobre Malvinas.
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