El líder de Reform UK propuso garantizar a Estados Unidos el uso perpetuo de la estratégica base de Diego García, en el océano Índico, a cambio de que Washington deje de pronunciarse sobre Malvinas. La propuesta desató una fuerte controversia en Londres y revela hasta qué punto la dirigencia británica considera sensible cualquier modificación de la posición estadounidense sobre el Atlántico Sur.
Londres – 19 de octubre de 2026 – Total News Agency – TNA. El líder de la derecha nacionalista británica Nigel Farage protagonizó una revelación de considerable importancia geopolítica al plantear que, si llegara al Gobierno del Reino Unido, ofrecería al presidente estadounidense Donald Trump el uso militar perpetuo de la base de Diego García, en el archipiélago de Chagos, a cambio de una condición que involucra directamente los intereses argentinos: que Washington deje de intervenir discursivamente en la controversia sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
La propuesta, formulada durante una entrevista con el comunicador estadounidense Benny Johnson, expuso la preocupación existente en sectores del nacionalismo británico por las posibles consecuencias diplomáticas de la relación entre Trump y el presidente argentino Javier Milei. Farage planteó que ofrecería garantías permanentes sobre una de las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos en el océano Índico para conseguir que la Casa Blanca evitara declaraciones potencialmente incómodas para Londres respecto del Atlántico Sur.
En su explicación, el dirigente sostuvo que le diría a Trump que podía disponer de Diego García a perpetuidad y que, a cambio, dejara de hablar sobre Malvinas. La frase más significativa estuvo dirigida a la relación personal entre ambos presidentes: “Sé que te cae bien Milei, pero esto realmente nos importa”.
El planteo resulta extraordinario porque coloca en una misma negociación hipotética dos territorios geográficamente distantes, pero unidos por un denominador histórico: la persistencia de disputas sobre la soberanía derivadas de la expansión colonial británica.
En el caso de Chagos, la Corte Internacional de Justicia concluyó en 2019, mediante una opinión consultiva, que el proceso de descolonización de Mauricio no había sido completado legalmente cuando Londres separó el archipiélago en 1965. Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas reclamó al Reino Unido que pusiera fin a su administración del territorio.
La controversia incluye uno de los episodios más cuestionados de aquella política colonial: la expulsión de la población originaria de Chagos durante las décadas de 1960 y 1970 para permitir el desarrollo de instalaciones militares, particularmente la base aeronaval de Diego García, utilizada por Estados Unidos en operaciones estratégicas sobre Oriente Medio, África y Asia.
El Gobierno británico alcanzó en 2025 un acuerdo para transferir la soberanía del archipiélago a Mauricio, conservando mediante un arrendamiento de 99 años las instalaciones militares de Diego García. Sin embargo, la implementación del convenio quedó paralizada por cuestionamientos políticos y por la oposición expresada por Trump, preocupado por el posible impacto sobre los intereses militares estadounidenses y la creciente presencia china en el Índico.
Farage sostuvo que, en lugar de concretar esa transferencia, Londres debería garantizar a Washington la utilización permanente de la base y obtener como contraprestación una posición más favorable sobre Malvinas. Posteriormente aclaró que su ofrecimiento se refería al uso militar de Diego García y no a una cesión de soberanía estadounidense sobre Chagos.
La propuesta provocó una inmediata reacción de Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador británico, quien la calificó de humillante y acusó a Farage de tratar cuestiones de soberanía como si fueran mercancías negociables. La dirigente defendió la posición territorial británica tanto sobre Chagos como sobre Malvinas, generando una disputa entre dos sectores de la derecha del Reino Unido que compiten por representar al electorado conservador.
La discusión adquirió una dimensión internacional cuando la Casa Blanca defendió públicamente la interpretación de Farage y rechazó las acusaciones de Badenoch. Funcionarios estadounidenses señalaron que el dirigente se refería al uso de una instalación militar esencial para enfrentar amenazas provenientes de China e Irán, y no a una transferencia formal del territorio.
Sin embargo, el aspecto más relevante para la Argentina no reside exclusivamente en la discusión sobre Diego García, sino en la disposición de un dirigente británico a utilizar esa instalación como contrapartida para obtener el silencio de Washington sobre Malvinas.
El episodio demuestra que la posición estadounidense constituye una variable considerada estratégica por Londres. Durante décadas, el Reino Unido contó con una estrecha cooperación militar y diplomática de Estados Unidos, particularmente visible durante la guerra de 1982. Cualquier modificación significativa de ese respaldo podría introducir nuevas condiciones en el equilibrio diplomático del Atlántico Sur.
Existe, además, un antecedente reciente que merece especial atención: el 22 de septiembre, Trump mantuvo una reunión bilateral en Nueva York con el primer ministro británico Andy Burnham, quien confirmó posteriormente que Malvinas había formado parte de las conversaciones. Burnham sostuvo que había dejado en claro la posición de Londres y que el mandatario estadounidense había comprendido su planteo. Desde aquel encuentro, Trump dejó de formular públicamente las consideraciones sobre el futuro del archipiélago que semanas antes habían generado preocupación en el Gobierno británico. El silencio resulta políticamente significativo: en agosto, el Presidente estadounidense había anunciado que revisaba la posición de Washington sobre Malvinas, abriendo expectativas sobre una eventual modificación de la tradicional postura norteamericana. Después de la reunión con Burnham, ese discurso desapareció de sus intervenciones públicas conocidas. No se ha acreditado que existiera un acuerdo entre ambos mandatarios para silenciar la cuestión, pero la secuencia temporal plantea un interrogante inevitable: ¿qué compromisos o garantías recibió Trump durante aquella conversación para que dejara de referirse al diferendo de soberanía?
Esta preocupación británica coincide con una ofensiva argentina particularmente importante contra la explotación unilateral de recursos naturales en las aguas circundantes a Malvinas. El 13 de octubre, el Gobierno de Milei presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, una solicitud de medidas provisionales para impedir que el Reino Unido permita avanzar con el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
La presentación pretende impedir el comienzo o la continuación de actividades hidrocarburíferas cuestionadas por la Argentina, evitar el otorgamiento de nuevas autorizaciones y proteger los derechos soberanos que nuestro país reivindica sobre su plataforma continental. La iniciativa se complementa con el procedimiento arbitral iniciado por Cancillería el 28 de septiembre, al amparo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
A ello se sumó una resolución del Juzgado Federal de Río Grande, que ordenó a las empresas involucradas abstenerse de continuar con el desarrollo del emprendimiento, mientras el Gobierno británico manifestó su rechazo a las acciones argentinas y anunció medidas para proteger a los operadores vinculados con el proyecto.
El trasfondo jurídico de la controversia permanece establecido en las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e invita a ambas partes a negociar una solución pacífica, mientras que la segunda solicita evitar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras continúe el proceso de negociación recomendado por la ONU.
Desde esa perspectiva, la discusión británica sobre Chagos adquiere un significado político que excede los intereses militares estadounidenses. Mientras Londres invoca la autodeterminación de los habitantes de Malvinas para sostener su posición sobre el archipiélago, enfrenta en el océano Índico las consecuencias históricas y jurídicas de haber separado Chagos de Mauricio y desplazado a sus habitantes originales.
Ambas controversias poseen antecedentes y características diferentes, pero exponen la dificultad de sostener criterios uniformes sobre descolonización, derechos de las poblaciones y soberanía territorial.
También corresponde destacar que Farage no es el primer ministro británico y que su propuesta no constituye un acuerdo negociado con Estados Unidos. Se trata de una declaración política hipotética, cuya importancia radica en que revela públicamente qué concesiones estratégicas estaría dispuesto a considerar uno de los principales dirigentes de la derecha británica para proteger la posición de Londres sobre Malvinas.
Para la Argentina, el episodio constituye una señal que merece atención diplomática. La afinidad política entre Milei y Trump puede abrir canales de interlocución, pero la defensa de los derechos soberanos argentinos exige una política exterior que no dependa exclusivamente de relaciones personales ni de las preferencias partidarias de los gobiernos de turno.
La verdadera importancia de las declaraciones de Farage es que introducen a Malvinas en una posible negociación estratégica angloestadounidense relacionada con bases militares, alianzas y seguridad internacional. Que un dirigente británico proponga garantizar indefinidamente una instalación clave del océano Índico para conseguir que Washington guarde silencio sobre el Atlántico Sur demuestra cuánto valor atribuye a preservar el respaldo estadounidense, precisamente cuando la Argentina ha decidido intensificar sus acciones jurídicas contra la explotación petrolera británica en aguas cuya soberanía continúa disputada.
Fuentes consultadas: MercoPress; The Telegraph; The Times; Reform UK; declaraciones de Nigel Farage en The Benny Show; Reuters; Associated Press; Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina; Tribunal Internacional del Derecho del Mar; Ministerio Público Fiscal de la Nación; resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; La Nación, cobertura de la reunión Trump–Burnham del 22 de septiembre de 2026.
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