Ocho años después del secuestro de documentos secretos, informes de inteligencia y transcripciones de conversaciones privadas en la residencia de la ex presidente, la investigación permanece sin un desenlace público conocido. El expediente quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N.º 8, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. Aunque existen pruebas documentales, testimonios y hasta declaraciones obtenidas mediante cooperación internacional, no se conoce una resolución definitiva sobre el origen de las carpetas ni las responsabilidades por su elaboración y tenencia que claramente señalan a la ex Presidente.
Por RR
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2026 – Total News Agency-TNA – En agosto de 2018, durante un allanamiento ordenado por el entonces juez federal Claudio Bonadio en la residencia de Cristina Fernández de Kirchner en El Calafate, la Policía Federal encontró carpetas con informes reservados, datos personales y transcripciones de conversaciones privadas de empresarios, jueces, políticos y exfuncionarios de inteligencia. Ocho años después, mientras las pruebas documentales permanecen incorporadas a actuaciones judiciales, la causa destinada a esclarecer su origen continúa dormida en los tribunales de Comodoro Py.
La investigación quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención de la fiscalía de Eduardo Taiano. Desde 2020 no se identifican resoluciones sustantivas públicamente difundidas que expliquen el destino procesal de los documentos o las eventuales responsabilidades penales.
Lo encontrado en El Calafate no consistía simplemente en archivos políticos. Había transcripciones de comunicaciones empresariales, informes patrimoniales, registros personales y documentación sobre compañías internacionales como Repsol, HSBC, Citigroup, Barrick Gold y Petrobras. Sin duda, se trataba de espionaje ilegal.
También aparecieron carpetas sobre el sinuoso ex agente de la SIDE Antonio Stiuso, echado del organismo durante el kirchnerismo; el empresario Francisco de Narváez; el financista Federico Elaskar; el juez Claudio Bonadio y la magistrada Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman.
La existencia material de esa documentación resulta irrefutable: fue secuestrada mediante un procedimiento judicial, incorporada a actuaciones oficiales y examinada posteriormente por investigadores y testigos. Su contenido constituye un conjunto de indicios relevantes sobre actividades de inteligencia ilegal, cuya autoría y ejecución todavía requieren una determinación judicial.
Uno de los elementos más significativos fue la transcripción de una teleconferencia celebrada el 14 de abril de 2012, encabezada por Antonio Brufau, entonces presidente de Repsol, en momentos en que el gobierno kirchnerista avanzaba sobre la expropiación de YPF.
La Justicia argentina solicitó cooperación a España para interrogar a los participantes y determinar cómo aquella comunicación privada había terminado incorporada a una carpeta encontrada en la residencia de la exmandataria.
En 2021, según información difundida por Clarín, Brufau reconoció la autenticidad de aquella conversación. Otros testigos también habían confirmado la existencia de diálogos cuyas transcripciones aparecieron en El Calafate, aunque aseguraron no haberlos grabado.
Otro dato particularmente significativo surgió de la propia Agencia Federal de Inteligencia. Según las actuaciones difundidas, el organismo comunicó al juzgado que los documentos investigados no correspondían a informes oficiales de sus dependencias. También trascendió que no se habían encontrado autorizaciones judiciales ni órdenes formales que justificaran determinadas interceptaciones.
La pregunta, entonces, adquiere una dimensión institucional: ¿quién reunió esa información, con qué recursos, bajo qué instrucciones y para beneficio de quién?
En enero de 2023, el exjefe de inteligencia Miguel Ángel Toma anunció que solicitaría la declaración indagatoria de Cristina Kirchner por los documentos encontrados. Toma, al igual que Horacio Antonio Stiuso, había sido admitido como querellante en la investigación.
La novedad más reciente apareció el 1 de octubre de 2026, cuando el juicio oral por la causa Cuadernos volvió a colocar las propiedades de los Kirchner en el centro de la escena judicial.
Durante la declaración del comisario retirado Adrián Martín Lotocki, quien participó en los allanamientos de 2018, la fiscal Fabiana León solicitó exhibir fotografías y videos del procedimiento realizado en El Calafate.
Las imágenes mostraron la bóveda oculta detrás de un revestimiento de madera y permitieron reconstruir las circunstancias del hallazgo de documentación reservada.
Es decir, las pruebas materiales volvieron a exhibirse ante un tribunal federal en octubre de 2026, mientras la investigación específica sobre el presunto espionaje continúa sin una definición judicial pública.
Existe, además, una distinción importante respecto de otro expediente originado en el mismo allanamiento. En agosto de 2020, Martínez de Giorgi sobreseyó a Cristina Kirchner por la tenencia de documentación histórica, entre ella una carta de José de San Martín y un prontuario policial de Hipólito Yrigoyen.
Ese fallo no resolvió la investigación sobre las carpetas de inteligencia, las conversaciones empresariales ni los documentos personales secuestrados.
La comparación con otras investigaciones de espionaje resulta inevitable y permite advertir una diferencia concreta en la actividad del mismo juzgado.
El 21 de agosto de 2026, Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva a Ariel Pedro Zanchetta, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y Tomás Patricio Hválica, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a obtener ilegalmente información de jueces de la Corte Suprema, integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal y magistrados de los tribunales federales de Comodoro Py.
Zanchetta es un ex policía federal señalado como agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia; Nuñes Pinheiro es un hacker oriundo de Misiones, también investigado por las maniobras contra el teléfono del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro; y Hválica fue identificado como creador de la plataforma Dark PFA, vinculada con la obtención de datos personales.
Según el procesamiento, la organización habría operado entre febrero de 2022 y mayo de 2023. Entre los magistrados afectados aparecen los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, además de los jueces del Tribunal Oral Federal N.º 2 Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Las actuaciones también abarcaron maniobras relacionadas con miembros de la Corte Suprema, incluidos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Aquí la investigación avanzo raudamente.
El sistema investigado contemplaba la obtención ilegal de datos personales, patrimoniales y migratorios; la duplicación de tarjetas SIM para tomar el control de líneas telefónicas; y el posterior acceso a aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y Facebook.
En el caso de Zanchetta, la Justicia investigó la recopilación sistemática de información sobre magistrados mediante consultas a bases de datos. Nuñes Pinheiro fue vinculado con operaciones informáticas sobre teléfonos, mientras que Hválica quedó bajo sospecha por su intervención en herramientas utilizadas para obtener información personal.
La resolución judicial consideró que las maniobras no constituían episodios aislados, sino actuaciones coordinadas destinadas a reunir información sensible sobre funcionarios del Poder Judicial.
El 10 de septiembre de 2026 trascendió que las defensas de los tres procesados apelaron la decisión ante la Cámara Federal, solicitando su revocación.
Es decir, mientras Martínez de Giorgi avanzó con indagatorias, pericias y procesamientos contra una organización acusada de espiar magistrados, la investigación por las carpetas de inteligencia encontradas en la residencia de Cristina Kirchner permanece sin un desenlace.
La diferencia adquiere especial relevancia porque ambas investigaciones involucran obtención de información privada y posibles actividades de inteligencia ilegal. En el caso de El Calafate, además, existe una circunstancia singular: los documentos fueron encontrados físicamente en una propiedad de quien había ejercido la Presidencia de la Nación.
Ocho años constituyen un período suficientemente extenso para exigir explicaciones sobre un procedimiento que involucró información reservada, derechos individuales y posibles abusos desde estructuras estatales.
La cuestión central ya no es demostrar que las carpetas existieron. Eso quedó acreditado mediante el allanamiento, las actas y la documentación secuestrada. Lo pendiente es establecer si fueron producto de espionaje ilegal, identificar a sus responsables y determinar cómo llegaron a una propiedad particular de la ex presidente.
La investigación no puede quedar reducida a un expediente silencioso cuya evolución desconoce la sociedad. El juez Martínez de Giorgi y la fiscalía de Taiano tienen a su cargo una causa que, por su naturaleza, requiere una respuesta institucional precisa.
¿Cuál fue el resultado de las declaraciones obtenidas en España? ¿Qué determinaron las pericias? ¿Se identificaron los autores de las transcripciones? ¿Se investigó a quienes pudieron facilitar información protegida por el secreto fiscal o por normas de inteligencia? ¿Por qué no se conoce una resolución definitiva?
Son interrogantes sobre pruebas concretas y actuaciones judiciales identificables.
Mientras otros expedientes avanzan con procesamientos y resoluciones, la causa por las carpetas encontradas en la casa de Cristina Kirchner permanece dormida en el Juzgado Federal N.º 8 de Comodoro Py.
La Justicia debe esclarecer tanto las eventuales operaciones de espionaje como las razones de la prolongada falta de respuestas públicas.
Porque el problema ya no se limita a quién pudo haber espiado a empresarios, jueces y ciudadanos durante el kirchnerismo. También alcanza a quienes, desde el Poder Judicial, tienen la responsabilidad de establecer qué ocurrió.
Las carpetas fueron encontradas en la residencia de Cristina Kirchner. Las pruebas del hallazgo son irrefutables. Ocho años después, lo que continúa faltando es una respuesta judicial sobre el espionaje investigado y sus responsables.
Fuentes consultadas: Actuaciones judiciales conocidas del allanamiento de agosto de 2018; Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8; Fiscalía Federal de Eduardo Taiano; Cámara Federal; declaraciones de Antonio Brufau; antecedentes de la cooperación judicial con España; juicio oral de la causa Cuadernos del 1 de octubre de 2026; Clarín; La Nación; Infobae; Noticias Argentinas; Todo Noticias; El Doce; resolución de procesamiento del 21 de agosto de 2026 en la investigación sobre espionaje a jueces federales.
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