Argentina
España
USA
Israel
Por David Narciso
El déficit de equipamiento en el Organismo de Investigaciones va a la par del déficit de personal necesario para operarlo. Hay 50 cargos creados por ley desde 2015, pero nunca se hicieron efectivos.
El 100% del personal “es prestado”, ya sean policías de investigación, peritos informáticos o empleados de servicios; no tiene presupuesto propio, estatuto ni escalafón. Hay 50 cargos creados por ley desde 2015, pero nunca se hicieron efectivos. La demanda para hacer pericias supera largamente la capacidad de respuesta. A eso se agrega déficit de infraestructura y tecnología, aunque la contracara son equipos de última generación que no se pueden utilizar por la falta de personal
Esa es una apretada síntesis de la situación del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación, también conocido como Policía Judicial, porque es el principal soporte de investigación que tienen los fiscales cuando se trata de organizaciones criminales complejas o cuando son casos en los que están involucrados funcionarios o miembros de fuerzas de seguridad.
Sobre la precariedad institucional y presupuestaria se explayó hace unos días Víctor Moloeznik, a cargo del OI desde la destitución de Marcelo Sain, frente a diputados de la Comisión que Seguridad que concurrieron a la sede Rosario del organismo.
Según esa exposición, el papel del OI en la investigación criminal compleja de la provincia es cada vez más relevante, pero sus recursos económicos, humanos y normativos no se desarrollaron al mismo ritmo.
Víctor Moloeznik está a cargo del Organismo de Investigaciones desde la destitución de Marcelo Sain.
El OI fue creado por ley en diciembre de 2014 y sus primeros siete años de existencia coincidieron con los tiempos muy bravos en materia de delitos complejos en la provincia. Su vida institucional estuvo marcada por esa premura, pero también por la figura de Marcelo Sain, que fue su primer director general concursado hasta que, en diciembre de 2019, tomó licencia para asumir como ministro de Seguridad.
El trabajo de técnicos y analistas del OI está presente en las investigaciones criminales más resonantes de los últimos años. En su laboratorio informático forense se decodificó y extrajo la información de los teléfonos, computadoras, tablets de las bandas más renombradas y peligrosas de Rosario, así como de los 140 equipos informáticos secuestrados a Vicentin y sus directores, parte de lo cual permitió que fueran imputados por estafa.
Orgánica y presupuestariamente, depende del Ministerio Público de la Acusación, que a su vez también sufre un presupuesto muy corto y falta de personal. El presupuesto provincial 2023 tampoco asignó fondos propios para el OI, que seguirá subsumido en del MPA.
En ese contexto es poco el margen para dar el salto cualitativo que requiere el MPA como para ponerse a la altura de sus similares de Córdoba o Buenos Aires. La Fiscalía General en más de una oportunidad derivó el producido de multas y costas que pagan los condenados para adquirir equipos puntuales o solventar la compra de los costosos reactivos que requiere el Laboratorio Biológico Forense.
Marcelo Sain fue el primer director del Organismo de Investigaciones del MPA, cargo al que accedió por concurso en 2018.
Maiquel Torcatt/ AIRE Digital
A su vez, la ley de emergencia de seguridad le permitió dar un salto. En el año incorporó vehículos (hasta aquí todos eran prestados y “desprestados” por el Ministerio de Seguridad), chalecos antibala, un microscopio electrónico de barrido para el Laboratorio Biológico Químico, un termociclador para el servicio de genética forense, reactivos de distintos tipos y computadoras. También se renovó parte de las licencias de software por un total de 182 millones de pesos y 176 mil dólares.
Sin embargo, el problema sigue siendo estructural. Y eso es lo que se analizó en el encuentro entre autoridades del OI y la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
- Precariedad institucional. El 100% del personal trabaja en comisión de servicios. Pertenece al Ministerio de Seguridad, que depende del Poder Ejecutivo, y hasta las licenciadas deben ser gestionadas ante esa cartera.
- En diciembre de 2021, a partir de la crisis ocasionada por la destitución de Marcelo Sain como director general del OI, se produjo una disminución de un 37% de la planta de personal en Rosario. Luego de eso “sólo ingresaron siete nuevos agentes en 2022”.
- Déficit de cargos que están creados por ley hace ocho años pero nunca tuvieron asignación presupuestaria.
- Vacancia normativa. No se cuenta con estatuto y escalafón específico. Ausencia de carrera administrativa. Imposibilidad de previsión en el sistema de ingreso de personal y de un régimen disciplinario propio.
- Inadecuación entre la demanda y la infraestructura/personal porque se van produciendo cambios en las estrategias investigativas y faltan recursos para alcanzar las necesidades tecnológicas y técnicas para efectivizarse.
- Dificultades en la gestión de información porque se carece de un sistema propio de información criminal y de gestión administrativa y logística, junto con otros soportes tecnológicos.
Teniendo en cuenta que en la actualidad el grueso de las pruebas que usan los fiscales proviene del uso de equipos informáticos, especialmente celulares, los laboratorios informáticos del OI demandan dinero para actualizar las licencias de los programas especiales que permiten desbloquear y extraer información para luego analizarla. Por ejemplo, la necesidad actual es la adquisición de un Ufed Premium, Renovación licencia Ufed 4PC y Adquisición de licencia Oxygen Forensics. Es parte de una carrera tecnológica, entre los fabricantes de software de celulares y los software y hardware para poder abrirlos.
También requieren un sistema de inteligencia balístico; un Cromatógrafo Gaseoso detector de masa; equipamiento de almacenamiento digital para la sede Santa Fe y equipamiento para tareas de inteligencia e informático en general; el montaje edilicio Laboratorio de Balística y de los laboratorios Químico Forense de Venado Tuerto y Reconquista, son otras de las necesidades en carpeta.
El déficit de equipamiento va a la par del déficit de personal necesario para operarlo. Hay un caso paradigmático en el OI y es el del cromatógrafo que proveyó el Estado nacional en 2017. Se trata de un equipo de tecnología de la más avanzada en el mundo, que se pagó 800 mil dólares –cifra que no contemplaba la instalación– y que no se puede usar por insuficiencia de personal para calibrarlo, proceso que requiere un tiempo que se estima en aproximadamente un año. El personal que debería hacer esa tarea es el mismo que procesa todos los exámenes de alcoholemia que se hacen en el Gran Rosario, por lo tanto no tienen capacidad para dedicarle tiempo a trabajar en el cromatógrafo, según describieron. O procesan muestras de alcoholemia o calibran el equipo.
Para las autoridades del OI, la “precariedad institucional” es el aspecto más crítico porque los obliga a funcionar con personal que depende de otras áreas y de otro poder. Hasta la autorización de licencias debe gestionarse ante el Ministerio de Seguridad.
Los laboratorios, por ejemplo, ya muestran señales de retraso en el flujo de trabajo, en especial el Laboratorio Forense Informático que trabaja sobre los celulares. La labor la llevan adelante 18 peritos con tres empleados de apoyo. En los primeros diez meses del año, recibieron 1.421 oficios de fiscales ordenando pericias sobre un total de 6.119 aparatos, de los cuales se concretaron 5.070. El atraso mayor se da en la sede Rosario.
La otra gran área de laboratorio es la que se encarga de las pericias químico-forenses. La capacidad de respuesta no es diferente. Sobre 7.355 ingresos, entre enero y octubre, se concretaron 3.791. En este caso la labor la hacen 41 peritos con otras 11 personas de apoyo.
Fuente Aire de Santa Fe
