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Por Parker Asmann y Victoria Dittmar*
En el Triángulo Dorado de México, –donde convergen los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa para formar el epicentro de la producción de marihuana y heroína– la relación entre los pequeños campesinos y los grupos criminales ha sido afectada por el auge de las drogas sintéticas.
Al subir la Sierra Madre nos llega el olor fresco que desprenden los miles de pinos que se extienden a los lados de la carretera de doble vía. Detrás de nosotros se extiende un valle fértil, abundan los cultivos de maíz, frijol y tomate. En frente tenemos un bosque frondoso, lleno de troncos robustos que alguna vez permitieron ocultar cientos de hectáreas de plantaciones ilícitas de cannabis.
Pronto nos desviamos por un camino empedrado, en dirección a un claro. Ahí, nos encontramos con Francisco Ruíz Ochoa**, un campesino que nos lleva a su parcela, de tamaño mediano, en la que tiene varias filas de cultivos protegidos en un invernadero.
Por generaciones, las tierras de la familia de Ruíz habían estado destinadas al cultivo de cannabis y amapola. Estos productos los vendían a grupos criminales locales, quienes luego procesaban la planta de cannabis como producto final en marihuana y la de amapola en goma de opio y heroína, para después exportar estas drogas al extranjero, principalmente a Estados Unidos.
Hoy en día, Ruíz dice que ya no tiene cultivos ilícitos y comenta que en la mayor parte de las parcelas de esta comunidad, de aproximadamente 1.000 personas, tampoco se cultiva más cannabis o amapola. En vez de eso, Ruíz recientemente se unió a un programa de desarrollo social del gobierno llamado Sembrando Vida, y hoy cultiva juníperos, chile fresno, duraznos y otros productos. El programa apoya a productores rurales como él para que le apuesten a cultivos agroforestales y sustentables.
La historia de Ruíz hace parte de una evolución agrícola importante en la región. Durante décadas, los grupos de narcotráfico dependieron de los campesinos para que estos plantaran cultivos ilícitos. Pero después de que varios estados de Estados Unidos legalizaran la marihuana y los consumidores de ese país reemplazaran la heroína por el fentanilo, un opioide sintético, este ya no parece ser el caso.
Los precios de ambos cultivos se han desplomado y grupos como el Cartel de Sinaloa, quienes históricamente han dominado esta región, se han volcado a la producción y el tráfico de drogas sintéticas. A diferencia de las drogas a base de plantas, la producción de drogas sintéticas no requiere de un territorio amplio o de la mano de obra de varios campesinos.
La transformación es particularmente evidente en la sierra de Sinaloa, donde varios campesinos como Ruíz han abandonado los cultivos de cannabis y amapola. Algunos han adoptado otros cultivos, en ocasiones con ayuda de programas del gobierno como Sembrando Vida, y otros han abandonado la agricultura para migrar a otras partes del estado.
En esta región, los programas como Sembrando Vida también les dan a los campesinos una sensación de seguridad y paz. En años anteriores, las fuerzas armadas de México violentaron a pequeños campesinos como Ruíz durante las campañas de erradicación de cultivos de cannabis apoyadas por Estados Unidos. Con Sembrando Vida, dice Ruíz, los soldados ya no los acosan, tampoco los integrantes del Cartel de Sinaloa.
“Antes vivíamos con miedo al Ejército. Sus campañas de erradicación fueron brutales y [violentaban] a cualquiera que estuviera cerca de cultivos de marihuana o amapola”, recuerda Ruíz. “Hoy, nuestra relación con ellos ha mejorado bastante”.
Sin embargo, esta transición todavía está en sus etapas iniciales. Los resultados de Sembrando Vida varían mucho y se necesita más evidencia para determinar si el programa está alcanzando sus objetivos. Por ejemplo, los campesinos locales con los que habló InSight Crime dijeron que algunos participantes del programa seguían cultivando cannabis y amapola para complementar el apoyo que reciben del gobierno.
Y aunque cada vez más campesinos abandonan los cultivos ilícitos, la presencia de las organizaciones criminales continúa.
Convoys armados, personas desplazadas
El descenso por la sierra de vuelta al valle es lento. Es difícil alcanzar una velocidad constante debido a la cantidad de curvas y vueltas cerradas que abundan en esta carretera.
Un par de sedanes fueron nuestra única compañía durante un largo rato en esa tarde de primavera hasta que, en la distancia, visualizamos una camioneta pick-up. Estaba detenida al borde de la carretera por lo que fue sencillo identificar a casi una docena de hombres parados en la cajuela del vehículo, vestidos de negro, con chalecos antibalas, cascos militares y rifles de asalto. En sus chalecos se leía “Ejército” en letras blancas y debajo una línea roja, blanca y verde, los colores de la bandera mexicana.
No nos vieron, ya que sus miradas estaban fijas en escanear la carretera. Pero en cuanto nos acercamos a la camioneta, pudimos ver que algunos de los hombres llevan camisas de manga corta tipo polo. Otros tenían pantalones de mezclilla y zapatos deportivos. En otras palabras, no eran miembros del Ejército mexicano. Los carros pasaban en frente de la camioneta pero nadie paró. Tampoco pasaron patrullas de la policía o de las fuerzas armadas.
Esta escena fue un claro recordatorio de la presencia que mantienen los grupos criminales en el Triángulo Dorado a pesar de los cambios en los mercados de drogas. En esta región, los grupos criminales lograron desarrollar un cierto nivel de gobernanza criminal debido a la dependencia económica a los cultivos ilícitos que los campesinos tuvieron durante décadas y la falta de apoyo estatal. Hoy, a pesar de que las drogas a base de plantas han perdido importancia y se han implementado programas como Sembrando Vida, esta presencia criminal permanece en Sinaloa.
De hecho, los campesinos que participan en Sembrando Vida y los productores de cannabis en Culiacán entrevistados por InSight Crime comentaron que las redes asociadas al Cartel de Sinaloa continúan controlando quién puede comprar la marihuana y castigan a aquellos que violen esta norma.
Un importante porcentaje de la marihuana ahora se destina a mercados locales en lugar de ser exportada. La producción de la sierra alimenta a poco más de una docena de dispensarios informales en Culiacán, la capital del estado que alberga a casi un millón de personas. También, es transportada a otras ciudades grandes como Guadalajara y la Ciudad de México.
Este mercado local está en crecimiento pero todavía es ilegal. Y aunque los grupos criminales se han enfocado cada vez más en él, todavía ejercen violencia en zonas rurales. Esto hace que el desplazamiento forzado, por ejemplo, continúe en algunas de las regiones más remotas del Triángulo Dorado, según autoridades y activistas locales.
Las disputas entre grupos criminales presuntamente desplazaron a unas 300 familias de Sinaloa en 2020, convirtiendo al estado en el sexto con mayor número de personas desplazadas en el país, según datos publicados por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
No queda claro si esta violencia se relaciona con los cultivos ilícitos. Sin embargo, autoridades locales entrevistadas por InSight Crime dijeron que, en parte, se debe a los esfuerzos de grupos criminales por controlar su nueva y creciente industria: las drogas sintéticas.
Un peligro reemplazado por otro
Son alrededor de las 9 a.m. y el día está despejado. En una región conocida entre los locales como “el valle”, el sol brilla con todo su esplendor sobre las espaldas de docenas de jornaleros que trabajan en los campos agrícolas que se extienden por el noroeste y el sur de Culiacán. Aquí, los cultivos de tomate, pepino, chile y otros vegetales han enriquecido a los dueños de las empresas multinacionales que exportan estos productos. Pero estas ganancias no han beneficiado a los jornaleros.
Las condiciones de vida y trabajo en estos lugares son precarias. Los trabajadores viven hacinados en residencias que apenas tienen más de dos literas. En teoría, estas viviendas deberían de albergar a solo cuatro personas pero en realidad son utilizadas por muchas más. Por un día de trabajo, cada trabajador gana entre 250 y 300 pesos mexicanos —aproximadamente US$12 y US$15. Aún así, varias personas de todo el país vienen a trabajar por temporadas a estos campos, incluyendo aquellos que han abandonado los cultivos de cannabis y amapola en la sierra.
Con la caída de los precios del cannabis y la amapola se ha vuelto difícil encontrar trabajo. Los campesinos que solían ocuparse de los cultivos ilícitos ahora también trabajan como repartidores de comida o choferes de camiones en ciudades como Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. Pero estos arduos trabajos los han puesto en contacto con otro peligro: las drogas sintéticas.
Desde hace unos años, Sinaloa se ha convertido en uno de los principales centros de producción de metanfetamina y fentanilo en México. La mayor parte de la producción es exportada a Estados Unidos, pero un porcentaje cada vez más alto se queda en el mercado local.
Para algunos jornaleros, choferes y otros trabajadores que laboran durante varias horas a cambio de un sueldo mínimo, el consumo de drogas sintéticas, especialmente la metanfetamina, se ha vuelto parte de su rutina. Según ellos, la droga los mantiene alerta, por lo que pueden trabajar durante varias horas.
“El cristal [metanfetamina] le ayuda a los jornaleros a aguantar las condiciones duras de los campos agrícolas. Se consume bastante”, dijo un líder comunitario entrevistado por InSight Crime en una villa cercana a una importante zona de producción agrícola.
La droga también es barata. En las tres principales ciudades de Sinaloa, una dosis de metanfetamina se puede comprar por 50 pesos mexicanos, aproximadamente US$2,5.
El incremento de consumo entre estos trabajadores es parte de una crisis de salud pública que se está expandiendo por el país. Hoy en día, la metanfetamina es una de las drogas más consumidas en México y un creciente número de personas está buscando tratamiento por fentanilo, según datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas.
Esto es un claro recordatorio de que a la historia de las drogas ilegales en Sinaloa todavía le quedan muchos capítulos.
*Cecilia Farfán-Méndez, Michael Lettieri, y Marcos Vizcarra contribuyeron al reportaje.
**Por razones de seguridad, InSight Crime cambió los nombres de los entrevistados.
Fuente InSight Crime
