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Por el Dr. Adalberto C. Agozino
Entre el 23 y 24 de enero de 1989, cuarenta y seis terroristas del Movimiento Todos por la Patria atacaron las instalaciones del RIM 3, en la localidad bonaerense de La Tablada, asesinando a nueve militares y dos policías. Las memorias del expresidente Raúl Alfonsín agregan nuevos elementos al hecho.
El 10 de diciembre de 1983, el voto popular restableció el régimen republicano y constitucional en Argentina. El abogado Raúl Ricardo Alfonsín, perteneciente a la Unión Cívica Radical, asumió la presidencia. Inmediatamente comenzó a desmantelar el sistema represivo organizado por los militares durante su gobierno y a investigar las desapariciones forzadas de personas ocurridas durante el régimen de facto entre 1976 y 1983.
La restauración de convivencia democrática no fue una tarea sencilla. Había demasiadas pasiones encontradas, demasiados sentimientos de revancha.
Alfonsín ordenó investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. Para ello creó la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas -CONADEP-, presidida por el escritor Ernesto Sábato, que contabilizó la desaparición de 8.960 personas. También ordenó enjuiciar a los integrantes de todas las Juntas Miliares del Proceso de Reorganización Nacional, así como a las cúpulas de las dos principales organizaciones terroristas que actuaron en las décadas de 1960 y 1970, la Organización Político Militar Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT – ERP).
Debido a un acuerdo entre la UCR y el Partido Justicialista, solo se investigaron los hechos ocurridos a partir del día del golpe de Estado, es decir desde el 24 de marzo de 1976. En esta forma nunca se investigaron los delitos de lesa humanidad cometidos por las organizaciones terroristas entre 1967 y 1976, ni los hechos de terrorismo de Estado ocurridos durante los gobiernos constitucionales de Juan D. Perón (12/10/1973 a 1/7/1974) y de María Estela Martínez Carta de Perón (1/7/1974 a 23/3/1976) a través de grupos parapoliciales como la “Triple A”, o Alianza Anticomunista Argentina.
En 1985, el Juicio a las Juntas terminó con la condena de nueve de los militares enjuiciados, dos de ellos a reclusión perpetua. Inmediatamente se abrieron juicios contra otros militares por los hechos ocurridos durante la lucha antisubversiva.
Los militares no aceptaron dócilmente la revisión de los hechos ocurridos durante la represión de las actividades terroristas.
Hubo protestas militares con actos de rebeldía en Campo de Mayo durante la Semana Santa de 1978, en la localidad correntina de Monte Caseros (16/1/1988) y en la bonaerense de Villa Martelli (1/12/1988), forzando al presidente Alfonsín a aprobar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida para calmar la turbulencia castrense.
Alfonsín tampoco demostró mucha idoneidad en la gestión del país. El “Plan Austral” pergeñado por el ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille fracaso estruendosamente. La inflación, en 1987, alcanzó al 174% y en 1988, superó el 387% anual. Alfonsín debió suspender las negociaciones paritarias pese a la oposición del sindicalismo peronista que le hizo trece huelgas generales al gobierno radical. En el tórrido verano de 1989, el gobierno radical se vio obligado a imponer cortes de energía eléctrica y a reducir las emisiones televisivas al horario de 18.00 a 24.00 horas. El mal humor se instaló sólidamente en la sociedad argentina.
“En enero de 1989, recuerda Juan Bautista Tata Yofre, el país vivía bajo el fervor de una campaña presidencial que debía terminar el 14 de mayo de 1989. Los que no vivieron intensamente ese largo trayecto deben saber que varios meses antes Carlos Saúl Menem había ganado su candidatura presidencial en la última gran interna que realizó el partido justicialista. Además, el candidato del oficialismo radical era el gobernador Eduardo César Angeloz, que poco tenía de “alfonsinista”, por lo que tuvo que sumergirse en una interna que no le daba respiro. Solo hay que recordar cuando el canciller alfonsinista, Dante Mario Caputo, quiso disputarle la candidatura a pesar de que “El Pocho” Angeloz ya era el candidato. Caputo no estuvo solo, en ese momento fue acompañado de Ricardo Barrios Arrechea, ex gobernador de Misiones y ministro de Salud y Acción Social de Alfonsín”.
En ese contexto un grupo remanente de terroristas del Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), liderado por Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, creó el 8 de mayo de 1986, una nueva organización el “Movimiento Todos por la Patria”.
El terrorista Gorriarán Merlo (1941 – 2006), nombre de guerra “El Pelado” o “Richard”, tenía un largo historial de violencia y como mercenario al servicio de gobiernos comunistas.
Perteneciente a una familia de origen radical de la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, Gorrirán participó de la fundación del PRT-ERP, de la fuga de guerrilleros del Penal de Rawson, en 1972, y del ataque a la Guarnición Militar de Azul, provincia de Buenos Aires, el 14 de enero de 1974, en que murieron el coronel Camilo Arturo Gay, su esposa Nilda Cazaux de Gay, el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzabal y el soldado conscripto Daniel González.
Cuando el PRT-ERP debió retirarse de la Argentina, tras la muerte de Mario Roberto Santucho y otros miembros del Comité Central, el 19 de julio de 1976, los cuadros terroristas sobrevivientes se trasladaron a Nicaragua para combatir en las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional que conducía el comandante Daniel Ortega, hoy dictador de Nicaragua.
En octubre de 1979, Roberto “El gato” Felicetti y el “Pelado” Gorriarán Merlo lograron atraer con engaños a la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras, al líder de “los Contras”, Pablo Emilio Salazar Paz, alías “Comandante Bravo”, un excoronel de la Guardia Nacional de Nicaragua, a quien torturaron salvajemente con un soplete en la cara y los ojos, le arrancaron las uñas y lo castraron antes de asesinarlo.
A comienzos de los años ochenta, Gorriarán Merlo condujo el comando de mercenarios argentinos, ex miembros del PRT-ERP, que llevó a cabo la “Operación Reptil”, el asesinato del exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle, el 17 de septiembre de 1980, en su exilio de la ciudad de Asunción, en Paraguay, por encargo del gobierno sandinista de Nicaragua.
En 1986, Gorrirán Merlo contando con el apoyo político – financiero de la inteligencia cubana, del gobierno sandinista y con considerables fondos provenientes de sus operaciones ilegales, decidió crear una estructura política movimientista y cristiana para impulsar “la revolución” en Argentina. Además, de un partido político el Movimiento Todos por la Patria, Gorriarán Merlo decidió crear canales de difusión política e ideológica al servicio de este movimiento.
Para ello financió la creación, el 26 de mayo de 1987, el diario Página 12, que dirigió por el joven periodista Jorge Lanata contaba con la colaboración de un grupo de periodistas de izquierda integrado por Horacio “el perro” Verbitsky, Osvaldo Soriano, Osvaldo Bayer, Martín Caparrós, Eduardo Blaustein, Carlos Alberto “Quito” Burgos y Francisco “Pancho” Provenzano y Jorge Baños.
Las rebeliones militares, la crisis económica y el mal humor social imperante en la sociedad argentina, convencieron a Gorriarán Merlo, un dirigente revolucionario con vocación “foquista castro guevarista” y tendencia militarista, que desde 1970 se movía en la más absoluta clandestinidad, vinculado a estructuras de inteligencia y seguridad, que nunca había hecho militancia de masas, que no era un dirigente surgido de un barrio, una fábrica o la militancia universitaria, que estaban dadas las “condiciones objetivas” para desencadenar una “insurrección popular de masas”.
Es así como 46 (40 hombres y seis mujeres) militantes del Movimiento Todos por la Patria, bajo la dirección estratégica del “Pelado Gorriarán” se lanzaron a atacar el cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada 3, en La Tablada, partido bonaerense de La Matanza, con la intención de llamar la atención de los medios de comunicación para desencadenar la esperada “insurrección popular” y con los tanques del Regimiento emprender una marcha a la Casa Rosada, en la Plaza de Mayor, distante a 23 kilómetros, para “exigir cambios de fondo” en el gobierno y “hacer la Revolución”.
Todo ello bajo la insólita patraña de que estaban repeliendo un inexistente golpe de Estado de militares carapintadas.
Este delirio de una “Armada Brancaleone” de cuarenta y seis iluminados, mal armados, muchos de ellos sin ninguna experiencia militar, ni apoyo aéreo, tomando el control de un país de treinta millones de habitantes, era una graciosa comedia. Pero, en su loco intento, los improvisados terroristas asesinaron a nueve militares (cuatro de ellos soldados conscriptos de 18 años) y dos miembros de la Policía Bonaerense, además de provocar mutilaciones y heridas de consideración a otros sesenta militares y policías.
El ataque al RIM 3 se decidió para el amanecer de un lunes de enero. Los terroristas entendían que muchos soldados estarían de franco y que otros regresarían esa misma mañana. El ataque tomaría por sorpresa a la guarnición.
El plan original de la “Operación Tapir”, como denominaron al ataque los terroristas, preveía que, tres horas después que un camión rompiera el portón del Regimiento de Infantería, saldrían con los tanques blindados del Ejército que tomarían de los galpones, y se iniciaría la movilización con gente de las barriadas y las villas miserias de La Matanza. Sería el modo de anunciar que el ataque al cuartel del RIMec 3 había frustrado el golpe de Estado de los militares carapintadas.
Pensaban engañar a la opinión pública y hacer creer que el Movimiento Todos por la Patria se había anticipado a un golpe de Estado, había salvado a la democracia, y esa acción, legitimada por el pueblo, obligaría al presidente Alfonsina adoptar políticas de revolución social que condujeran a la instalación de una dictadura comunista.
En el ataque murieron 32 terroristas. El 5 de octubre de 1989, veintiún integrantes del Movimiento Todos por la Patria fueron juzgados y sentenciados a penas que fueron de reclusión perpetua a diez años de prisión.
En 1997, después de su detención en México, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo y su compañera de ese entonces, Ana María Sívori fueron condenados a cadena perpetua y 19 años de prisión respectivamente.
En diciembre del año 2000, el entonces presidente radical Fernando de la Rúa conmutó las penas de todos los condenados en 1989, permitiendo que nueve de los once condenados por el ataque terrorista que aún estaban encarcelados salieran en libertad en 2001, mientras que los dos restantes (Felicetti y Acosta) fueron liberados recién en 2006.
El 20 de mayo de 2003, por decreto N° 1230/2003, el presidente Eduardo Duhalde indultó a todos los condenados por el ataque terrorista al RIM 3, esto permitió a Gorriarán Merlo y Ana María Sívori salir en libertad después de tan sólo seis años de cárcel.
No hubo ningún indulto para el mayor Horacio Fernández Cutiellos y a los otros diez héroes (entre ellos cuatro jóvenes soldados que prestaban el Servicio Militar Obligatorio) que perdieron su vida defendiendo la ley y el orden constitucional en el Cuartel de La Tablada por los delirios de un grupo de iluminados conducidos por un mercenario loco.
Raúl Alfonsín y el ataque al RIMec 3 de La Tablada
En su libro titulado “Memoria Política”, el expresidente Raúl Alfonsín expresa sus sentimientos con respecto al ataque terrorista diciendo: “Si bien teníamos información sobre el grupo MTP, nada nos hacía presumir que podían lanzarse a un disparate de esa naturaleza, matando a soldados conscriptos inocentes, y arriesgando a sus propios militantes.” (P. 109)
Sorprende que el presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, además de un hombre que debe su educación al Ejército Argentino como cadete de la segunda promoción del Liceo Militar General San Martín, no considere “inocentes” y dignos de piedad a los cuadros del Ejército y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que perdieron la vida o sufrieron horrendas mutilaciones en defensa de la ley y las instituciones de la democracia.
Alfonsín solo se preocupa por los “militantes” de izquierda que pusieron su vida en peligro al efectuar un ataque terrorista a sangre y fuego contra un cuartel en tiempos de paz y bajo un gobierno constitucional libremente elegido por el pueblo.
No hay en las memorias del expresidente una sola palabra de reconocimiento hacia los héroes caídos o hacia sus familias, es como si no hubieran existido. Pero no olvida consignar la amable carta con que el terrorista preso Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, después de recordarle su reunión con los terroristas del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga (ambos pertenecientes a familias de dirigentes radicales), le pide en el año 2000 que intervenga en favor de su liberación.
Raúl Alfonsín dedica 29 páginas de las 357 que componen su libro de Memoria Política a explicar su accionar y el de los funcionarios de su Gobierno durante los días previos y al ataque terrorista contra el RIMec 3.
En especial, Alfonsín pone énfasis en demostrar que la recuperación del cuartel de La Tablada y el trato que se dio a los terroristas capturados fue acorde con la ley y el respeto a los derechos humanos de los terroristas capturados.
También el presidente intenta refutar que el ataque estuvo vinculado a presiones de los militares para que el gobierno radical reivindicara al Ejército y a la “lucha contra la subversión”. Veamos como lo dice Alfonsín.
Por ejemplo, Alfonsín menciona que instruyó a su ministro del Interior, Enrique “Coty” Nosiglia que le preguntara al ministro del Interior de Nicaragua el exguerrillero Tomás Borge por la participación de su país como apoyo del ataque efectuado por los terroristas del MTP.
La respuesta de Borge fue muy curiosa, según Alfonsín: “…se comprometió a viajar a La Habana para entrevistarse con Manuel Piñeiro, jefe del Departamento América del Partido Comunista cubano, es decir; el máximo responsable de las organizaciones armadas en América Latina, también conocido como ‘Barbarroja’, para ver si conocía la información que le habíamos brindado”. Una burla absoluta.
Alfonsín también señala que el embajador de Nicaragua en Buenos Aires, Ariel Granera, “negó en forma terminante que Gorriarán Merlo hubiera participado en Nicaragua en actividades oficiales y declaró que el gobierno sandinista no se hacía responsable de lo que hagan ciudadanos extranjeros después de visitar Nicaragua. ‘Ese señor -en referencia a Gorriarán- no ha ocupado ni ocupa función oficial en el gobierno de Nicaragua. En algún momento estuvo por allá es público, en los primeros años de la revolución, como lo hacían ciudadanos de diferentes países, sin que esto signifique que el gobierno de mi país tuviese alguna relación política con ese señor.’”
Es muy posible que el apoyo sandinista al demencial ataque de Gorriarán Merlo haya sido una devolución de gentilezas por el envío de armas a los contras por parte del gobierno de Alfonsín. Según, Jorge Lanata, en un artículo publicado en el semanario El Porteño, el 15 de diciembre de 1985, el buque de bandera argentina Punta Brava descargó en Puerto Cortés (Honduras) cincuenta camiones de transporte de tropas, veinte conteiner con armas y medio centenar de cajas de repuestos, todo lo cual había sido embarcado un mes antes en el puerto de Buenos Aires; el despacho fue autorizado por el presidente Raúl Alfonsín, con el aval del canciller Dante Caputo y el ministro de Defensa, Raúl Borrás; el destinatario de material bélico que aparecía en los papeles oficiales era el Ejército de Honduras; sin embargo, los camiones y las armas habían sido adquiridas para ser derivadas al comando antisandinista “contra”, liderado en aquel entonces por Edén Pastora, el célebre “Comandante Cero”, operación respaldada por el gobierno de Ronald Reagan.
Juan Bautista “Tata” Yofre, posiblemente el historiador argentino que más conoce de las actividades de la inteligencia cubana y sandinista en América Latina ha escrito al respecto: “En sus Memorias, Gorriarán Merlo sostiene que la decisión de atacar al RIMec 3 se tomó el 19 de enero, es decir 4 días antes. Puede ser, pero la preparación venía de mucho antes y de muy lejos. Entre tantas fuentes, Víctor Boitano, un ex coronel del Ejército nicaragüense le relató a la periodista televisiva María Elvira Salazar que parte del grupo subversivo se entrenó en Nicaragua, con el conocimiento de la Inteligencia de ese país y con el financiamiento del narcotráfico. Si los “nicas” lo hicieron, los cubanos por lo menos lo sabían. Sospechosamente el reportaje del canal de Miami desapareció años más tarde.
“Otros agregarán que colaboró en la planificación el cubano (nacionalizado nicaragüense) Andrés Barahona López, alias Renán Monteros, jefe de la Quinta División de la Inteligencia sandinista. Por si no se lo recuerda, Monteros era el hombre que debía vincular a la guerrilla de Ernesto Guevara con los grupos subversivos bolivianos de La Paz. Cuando el “Che” llegó a Bolivia -y Fidel Castro le soltó la mano- Monteros desapareció y Guevara se quedó sin contactos. Monteros apareció en París como Agregado Militar y posteriormente llegó a Managua.”[i]
¿Fue el ataque a La Tablada un complot del gobierno radical?
Sigamos con el relato de Raúl Alfonsín en sus memorias: “La verdad es que a más de 15 años de producido el ataque al cuartel de La Tablada no se encuentran causas suficientes que expliquen una acción suicida como la perpetrada por el grupo del MTP. Solo pueden hacerse especulaciones, algunas más cercanas a la verdad que otras, pero la realidad de lo sucedido puede ser reconstruida con los distintos testimonios que se fueron brindando con el correr de los años”, señala el jefe radical. (P.129)
“Entre las hipótesis que existen en torno del hecho se cuenta la de que se trató de una operación de inteligencia, no sé exactamente de qué sector, destinada a fortalecer a los sectores legalistas de las Fuerzas Armadas frente al carapintadismo, no sé con qué fines, pero aparentemente reivindicatoria de un sector del Ejército frente a la sociedad, además de instalar la idea de la necesidad de las Fuerzas Armadas frente a la agresión de una izquierda violenta. Esta es una conclusión a la que algunos observadores han arribado luego de varios años de análisis y a partir de declaraciones de Gorriarán Merlo, con sus dichos recogidos a lo largo del tiempo”, continua Alfonsín.” (P.130)
Alfonsín también menciona en Memoria Política que “Antes del ataque, el 16 de enero de 1989, el dirigente del MTP Jorge Baños -muerto en el asalto-, que había sido abogado del CELS durante los años ochenta y militante de la Juventud Peronista en la década de 1970, Francisco Provenzano, militante del ERP, Roberto Felicetti, exjefe del Partido Intransigente en Mar del Plata, y el sacerdote Antonio Puigiané ofrecieron una conferencia de prensa para suministrar detalles de un presunto “complot golpista” acordado entre Carlos Menem, Lorenzo Miguel y Mohammed Alí Seineldín, denuncia que tuvo amplia repercusión en la opinión pública”.
Como la maniobra de los integrantes del MTP guardaba muchas similitudes con el “Pacto militar – sindical” denunciado en 1983 por Raúl Alfonsín y que contribuyó a su triunfo sobre Ítalo A. Luder en las primeras elecciones presidenciales de la restituida democracia, Carlos S. Menem, candidato peronista en las elecciones previstas para mayo de 1989, acusó al ministro del Interior Enrique “Coti” Nosiglia de haber mantenido encuentros con los integrantes del MTP previos al ataque a La Tablada.
Alfonsín relata que Nosiglia, en lugar de desmentir esas reuniones las confirmó con las siguientes palabras en declaraciones a la prensa: “Yo (Nosiglia) he conocido personalmente a los señores Baños, Felicetti y Provenzano. Los padres de este último han sido íntimos amigos de mis padres. Todos ellos se manifestaron todos estos años decididos sostenedores del sistema democrático, aunque críticos de nuestro gobierno. Todos ellos militaban en la superficie y mostraron señales sólidas de haber emprendido el camino de la disputa electoral. En ese carácter he dialogado con ellos.”
“Niego terminantemente que los nombrados me hayan trasmitido sus intenciones. Rechazo con el mismo énfasis la simpleza mental de identificar una charla con complicidad o complacencia. Impugno el argumento que indica que solo se habla con los amigos.” (P.129)
Más allá de las argumentaciones de Alfonsín y las aclaraciones de Nosiglia, la versión no solo existió y circuló con distintos detalles difíciles de comprobar entre periodistas y miembros de los servicios de inteligencia. Las sospechas incluso se reforzaron después de que el siguiente gobierno radical indultara a los terroristas presos y condenados. Nunca pudo ser comprobada y nunca pudo se rebatida totalmente.
Como nunca tampoco se puedo encontrar una explicación medianamente racional sobre los motivos del Ataque al RIMec 3 de La Tablada, el hecho continúa rodeado de los mismos interrogantes que existen sobre otros sucesos de nuestra historia. Tales como los auténticos secuestradores y asesinos del general Pedro E. Aramburu, la muerte de Carlos Menem Jr., el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas y el suicidio del empresario Alfredo Yabrán o la muerte del fiscal Alberto Nisman, entre otros casos.
[i] YOFRE, Juan Bautista “Tata”: Las complicidades de los terroristas del MTP que asaltaron a sangre y fuego el cuartel de La Tablada, Artículo publicado en Infobae.com. Bs. As. 26 de enero de 2020.
