Malestar en los tribunales por la declaración de los jueces en el juicio político a la Corte

Por Hernán Cappiello

Algunos magistrados consideran que Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla nunca debieron comparecer y que debieron haberse remitido a sus sentencias

a declaración del juez federal Sebastián Ramos y de su colega Alejo Ramos Padilla ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados provocó un profundo malestar en los tribunales entre jueces y fiscales, por diversos motivos. A medida que avanzaba la audiencia en la Comisión de Juicio Político en el Congreso, transmitida por YouTube, los chats de jueces y los de los fiscales estallaron en comentarios indignados, que cuestionaron la regularidad de lo que ocurría.

Señalaron que lo sucedido es causal de nulidades y que puede tener consecuencias patrimoniales por los perjuicios provocados.

La primera reacción fue ante la presencia del juez federal Sebastián Ramos, que fue quien -como subrogante- decidió archivar las denuncias contra el ministro de Seguridad porteño (de licencia) Marcelo D’Alessandro y el director de la Corte Silvio Robles a raíz de supuestos chats que intercambiaron. Ramos fue sometido a un interrogatorio que fue considerado por algunos de sus colegas de Comodoro Py, camaristas y jueces de primera instancia, como humillante y una falta de respeto por parte del diputado Rodolfo Tailhade. Los colegas entendieron que Ramos nunca debió haber concurrido al Congreso y que en su lugar debió haber enviado copias de su sentencia y remitirse a esos párrafos. “Se atribuyen facultades que no tienen, no saben interrogar. Los que son parte del circo van, los que no quieren que no vayan”, dijo otro juez que siguió el debate.

Los jueces tienen la prerrogativa de declarar por escrito cuando son convocados como testigos, según las normas de los códigos procesales. Pero el reglamento de la Comisión de Juicio Político establece que esa facilidad no les cabe a los magistrados que son citados a declarar ante el Congreso. “Un reglamento interno no puede estar por encima de una ley. Tenemos la facultad de no concurrir”, dijo un magistrado ante lo que estaba viendo desde el monitor de su computadora mientras comparecía Ramos.

“Ellos tienen su reglamento y nosotros tenemos un Código”, dijo otro magistrado de Comodoro Py 2002. Integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional estaban ayer en alerta.

Ramos pidió que se lo excuse de declarar sobre puntos que están en la resolución escrita de la causa. “No me voy a mover ni una palabra de la resolución”, dijo mas de una vez. Sostuvo que no tenía relación con el director Robles y el ministro D’Alessandro. Mientras declaraba se filtraron supuestos mensajes de WhatsApp producto de un espionaje ilegal realizado sobre el celular de D’Alessandro donde hablaban de un auto decomisado para uso del juez, entre otros temas.

Ramos se escudó en que había archivado el caso a raíz del dictamen del fiscal Carlos Stornelli y lo reiteró. Esto provocó indignación entre fiscales federales de Comodoro Py y del interior del país que entendieron que el juez en lugar de defender su decisión, se amparaba en el dictamen de Stornelli para justificarla. Al final los legisladores del kirchnerismo en la comisión impusieron su mayoría y decidieron citar a Stornelli como testigo para la semana que viene.

Luego declaró el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, que se declaró incompetente y envió a Comodoro Py una denuncia similar contra Robles y D’Alessandro. El magistrado se explayó con amplitud y fue mas allá: denunció que la justicia federal está infiltrada por servicios de inteligencia y que se realizan tareas de espionaje ilegal en conivencia con jueces federales. Ramos Padilla trajo a colación una causa contra Stornelli que investigó cuando era juez federal de Dolores y terminó hablando de un espionaje ilegal contra los “presos políticos” del kirchnerismo, entre ellos Amado Boudou, condenado por corrupción.

Ramos Padilla dijo que en el gobierno de Cambiemos “se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia de Inteligencia en operaciones que se montaron para hacer persecución política en el penal de Ezeiza”. Allí, el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, sostuvo que esas intervenciones telefónicas “estaban autorizados por un juez”.

Los diputados oficialistas buscaron con su interrogatorio a los funcionarios de la Corte complicar a Robles, pero las respuestas no lo consiguieron. Por ejemplo el exsecretario de la Corte Cristian Abritta fue interrogado acerca de si estaba presnete Robles cuando hablaba con el juez Horacio Rosatti sobre sentencias y contestó: “Jamás”.

Fuente La Nación