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“Con una asignación presupuestaria que no llega al 1% del PBI, y de la cual más del 80% se destina a gasto de personal, prolongada en el tiempo no se llega a otro destino que al colapso de las Fuerzas Armadas”.
Con estas palabras, el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena graficaba con dramatismo la problemática sobre el gasto militar que había en el año 2017, cuando se puso la lupa sobre el tema en ocasión de la desaparición del submarino Ara San Juan, ocurrida el 15 de noviembre de aquel año.
Y proponía el ex funcionario: “Estimamos necesario ir recomponiendo presupuesto asignado a las FFAA a un ritmo de un 3% anual, de manera de llegar con el tiempo a que represente el 1,5% del PBI, que es lo que destina a sus FFAA cualquier país de Europa”.
Pero nada de eso ocurrió. Más bien todo lo contrario.
Mientras en el año 2008 el presupuesto castrense fue de 2.789 millones de dólares, para 2023 será de 2.598 millones de la misma moneda, lo que representa una caída de casi el 10%.
No solo eso. En 2008, los gastos militares representaron el 0,79% del PBI, muy lejos de lo señalado por Jaunarena. Y para el año en curso, apenas representarán, de acuerdo a la ley de presupuesto vigente, poco más del 0,50%.
Las partidas asignadas para 2023 son de $545.713.823.445, cifra que al cambio oficial del Banco Nación, de aproximadamente $210, da casi 2.600 millones de dólares. El actual ministro de Defensa es Jorge Taiana.
El análisis se desprende una recopilación de datos publicados por el sitio Statista Research Department, en el período comprendido entre 2008 y 2021. La incidencia en el PBI, se tomó de un trabajo de su par Datosmacro.com, que este medio analizó.
Desde el regreso de la democracia, se trata del período más crítico en materia de inversión en Defensa.
Mientras que en 1984, primer año pleno del gobierno de Raúl Alfonsín, los gastos militares representaron el 2,74% del PBI, en 2022 apenas fue del 0,57%. Es decir, una caída de casi 5 veces en 38 años.
La involución es notable. Durante la gestión de Alfonsín, entre 1983 y 1989, se mantuvo siempre por encima del 2%, pero a la baja año tras año. En 1990, a comienzos del gobierno de Carlos Menem, la inversión castrense ya estaba por debajo de los 2 puntos: 1,45%.
Pero al menos en los años menemistas se mantuvo casi constante. Sin embargo, en 1999, con el riojano en retirada, fue de apenas el 1,22%. En los 2 años de la Alianza, y en el año y medio de la gestión de Eduardo Duhalde, es decir entre 2000 y 2003, fue de 1,15%, 1,18%, 1,09% y 1,06%.
Aunque claramente cayendo, se mantuvo siempre por encima del 1%. Y aún durante un período de fuerte crisis económica, como fue la salida de la convertibilidad y la caída de Fernando De la Rúa.
Pero desde la asunción de Néstor Kirchner en mayo de 2003, la incidencia no paró de caer, ya por debajo del punto porcentual.
Mientras en 2004 fue de 0,88%, en 2007, último año de gestión del santacruceño, fue de 0,79%. Y durante la presidencia de su esposa Cristina Kirchner no fue mejor.
En 2008 fue de 0,76%, y aunque subió levemente en los años subsiguientes, nunca llegó al piso del 1%: en 2015 fue de 0,85%.
Entre 2016 y 2019, período en el cual gobernó Mauricio Macri, la incidencia no se modificó demasiado, aunque bajó: comenzó en 0,81% y culminó en 0,71%. Aunque medido en miles de millones de dólares, la gestión de Cambiemos salva la ropa: para 2017, se registró la mayor inversión en 20 años, cuando se destinaron u$s 5.459 millones.
Y desde ahí en adelante, fue en franco descenso: durante el último año de Macri fue de 3.100 millones de dólares, y en 2020, 2021 y 2022, ya con Alberto Fernández en la presidencia de la Nación, cayó por debajo de los 3.000 millones, tocando el piso histórico de 2.598 millones en dólares para 2023.
Cabe recordar también que en septiembre de 2022, el diario Clarín reveló que el ministro de Economía Sergio Massa ordenó restringir gastos tanto en la Armada como al Ejército y a la Fuerza Aérea. Dicha restricción presupuestaria afectaba “servicios básicos, racionamiento, combustibles, aceites, lubricantes, vestuario, viáticos, etc..”, según consignaba el matutino.
El 7 de octubre de 2020, el Presidente Alberto Fernández junto al entonces ministro de Defensa Agustín Rossi, hoy jefe de Gabinete, presentaban el llamado Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), creado a través de la ley 27.565 durante aquel año, un “fondo de financiamiento específico para la recuperación, modernización y/o incorporación de material para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas”.
De acuerdo a la información oficial, “el FONDEF contará con más de 34.000 millones de pesos en el 2021, y se estima que impulsará la creación de al menos 20.000 nuevos puestos de trabajo”.
El jefe de Estado manifestaba entonces que “es tiempo de que a las Fuerzas Armadas le demos la jerarquía y el reconocimiento social que merecen”. Y destacaba: “Son los que están llamados a defendernos frente a cualquier agresión. Y por eso nos ocupamos de que parte de ese reconocimiento se manifieste en un ordenamiento salarial que durante mucho tiempo faltó».
El Fondef prevé un esquema de incremento progresivo de fondos, partiendo del 0,35% del total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto para 2020, año de creación a través de una ley aprobada por el Senado, hasta llegar a un 0,8% en 2023.
Al menos por los números expuestos, no se estaría notando demasiado. Cabe resaltar que en los presupuestos del ministerio de Defensa presentados, está incluido el Fondo en cuestión.
En un artículo publicado en Infobae, Luis Martínez Reumann y Jorge Martino, afirmaban que la promulgación del Fondo “lejos está de alcanzar el objetivo de revertir la actual situación. Analizando la composición del presupuesto de Defensa de los últimos años (2021-2022), podría afirmase que la aplicación de recursos destinados al FONDEF han sido derivados en desmedro de los Gastos Corrientes de las Fuerzas Armadas”.
Y concluían que “era sabido que esta propuesta no solucionaría, por lejos, las necesidades de la Defensa Nacional, puesto que, de no volcarse más recursos, en el mejor de los casos se alcanzarían presupuestos para la jurisdicción Defensa que apenas llegarían al 1% del PBI, siendo que el promedio Sudamericano es del 1,6% del PBI y el mundial del 2,5% del PBI”.
Respecto a lo afirmado por los autores en relación al promedio de la región en materia de inversión, citemos algunos casos.
De acuerdo a un informe del Banco Mundial, que analiza el año 2021, España invirtió en gasto militar en relación al PBI el 1,37%, Alemania el 1,34%, Reino Unido el 2,22%, y Francia, el 1,95%.
En tanto, en la región, Bolivia gastó el 1,54%, Brasil el 1,19%, Chile el 1,96%, Ecuador el 2,46%, Perú el 1,12%, y Uruguay, el 2,26%.
Argentina, recordemos, apenas el 0,56%.
El 15 de diciembre de 2017, exactamente un mes después de la desaparición del Ara San Juan, el fallecido fiscal federal Jorge Di Lello, junto a Hernan Mogni y Santiago Barea, promovió un expediente para intentar determinar responsabilidades penales en la tragedia.
El trabajo se llamó “El problema de la Defensa Nacional”. Allí declararon varios especialistas en la materia, que intentaron, además de echar luz sobre la cuestión castrense, advertir sobre los riesgos de desatender a las Fuerzas Armadas. Uno de ellos fue Rosendo Fraga, quien entonces revelaba que “en 35 años el gasto en Defensa pasó del 3% del PBI a menos del 1%”.
A pesar de la tragedia del Ara San Juan, cuyos restos fueron localizados el 17 de noviembre de 2018 sobre el lecho marino a unos 800 metros de profundidad en el Atlántico Sur, con sus 44 tripulantes muertos, nada cambió.
Fuente Mendoza Today
