Jujuy permite imaginar lo que viene.

Por Vicente Massot

Lo que sucedió en San Salvador de Jujuy no ha sido la primera etapa de un plan insurreccional que habrá de escalar cuando el próximo gobierno —que no será kirchnerista— ponga en ejecución las reformas estructurales de las cuales vienen hablando —desde hace rato— tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei. Pero permite imaginar lo que bien puede suceder a partir de finales del presente año, cuando el kirchnerismo se haya retirado a cuarteles de invierno. Hay una diferencia de carácter cualitativo entre una acción claramente pensada y puesta en marcha con arreglo a un proyecto subversivo, y una reacción violenta de grupos minoritarios —no necesariamente vinculados entre sí— capaces de reaccionar de la peor manera en defensa de sus intereses particulares. Detrás de los incidentes ocurridos en aquella provincia, no hubo un programa revolucionario orquestado por La Cámpora, Barrios de Pie, el Polo Obrero y otros movimientos sociales por el estilo, mancomunados para hacerle la vida imposible al gobernador Gerardo Morales. Lo cual no quita que, una vez estallado el conflicto, haya cerrado filas con los revoltosos el grueso del gobierno nacional, empezando por el presidente, la vicepresidente y todas las facciones progresistas, socialistas y kirchneristas que pueblan el país.

No hay espacio, ni poder, ni convicción, ni tampoco militancia dispuesta a desarrollar una estrategia nacional enderezada a crear el caos y deponer a un gobierno legítimo. Lo que sí existe —básicamente, en algunas tribus mapuches, en ciertos movimientos sociales y en algunas capillas de la izquierda— es la idea de que, en la Argentina, el salir a la calle a romper vidrieras, asaltar supermercados en el marco de una pueblada, hostigar a las fuerzas policiales y de seguridad con piedras, garrotes o armas de producción doméstica y cortar calles, avenidas o autopistas en el momento menos pensado, es la mejor manera de poner de rodillas al Estado y de extraerle más planes, recursos o canonjías, sin pagar ningún costo.

La reforma de la Carta Magna del estado norteño ha penalizado uno de los principales instrumentos de coacción y de negociación de los así llamados piqueteros: hacer lo que les venga en gana en los espacios públicos. Pretextando la violación de unos supuestos derechos que la administración provincial no había eliminado, una minoría activa —que en Jujuy formó y le dio aliento, en sus años de esplendor, Milagro Sala— apeló a la violencia con el propósito de obligarlo a Gerardo Morales a negociar. Lo que no midió bien fue que frente a ellos no estaba un pusilánime proverbial —como Eduardo Fellner— sino un político que no ha cedido ni a las amenazas ni a los desafíos que en su momento enderezaron en su contra los secuaces de la organización Tupac Amarú.

Cuando el próximo presidente ponga sus pies en la Casa Rosada y termine de acomodarse en el sillón de Rivadavia, uno de sus principales desafíos será como ejercer la violencia legítima que debe reivindicar con éxito todo gobierno que se precie de tal. Jujuy es, de alguna manera, una suerte de antesala de lo que veremos porque —de parecida forma que Morales— deberá realizar un censo para eliminar el reparto irrestricto de planes sociales; eliminar buena parte de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos; sentar las bases de un nuevo sistema de previsión social; votar leyes laborales que rompan con el actual statu quo defendido por la mayoría de los sindicatos; reducir la planta de empleados del Estado nacional; limitar el derecho de huelga irrestricto; poner coto a las avanzadas mapuches insurreccionales y decidir tantas otras medidas indispensables, que suscitarán reacciones más o menos violentas por parte de los ‘damnificados’.

En este campo Patricia Bullrich le saca una considerable ventaja a su oponente en la interna de Juntos por el Cambio. Así como la figura de Rodríguez Larreta está asociada a su expertise en el manejo de la cosa pública, producto de los largos doce años que lleva en la administración de la ciudad de Buenos Aires —primero en calidad de mano derecha de Mauricio Macri y luego en su cargo de Lord Mayor porteño— la figura de la Piba —como la llamó Hugo Moyano
cuando oficiaba de ministro de Trabajo en el gabinete de Fernando de la Rúa— está asociada al férreo manejo de los asuntos de seguridad. Su respaldo a la Gendarmería en el caso Maldonado, su defensa sin cortapisas del agente de policía Chocobar , y el intento fallido —por la resistencia que opusieron en aquel momento Macri, Marcos Peña y el propio Rodríguez Larreta— de enfrentar a los que terminaron cascoteando la reforma previsional, son una prueba elocuente de que no le temblará la mano al momento de decidir.

En Juntos por el Cambio no habrá sorpresas en punto a quienes acompañarán —en las fórmulas respectivas— a los contendientes de mayor peso específico que dirimirán supremacías en las PASO. El compañero de Rodríguez Larreta será —casi con seguridad—Morales o, en su defecto, Facundo Manes. Por su lado a Patricia Bullrich la secundarán, o bien Maximiliano Abad o Luis Petri. Los cuatro tienen un común denominador, más allá de algunas diferencias de matices: forman parte de la Unión Cívica Radical, partido que si bien carece de líderes competitivos a nivel nacional, cuenta con una estructura muy importante a lo largo y ancho de la geografía nacional.

En cambio, a tres días del cierre de listas el oficialismo sigue en veremos y con la posibilidad de una ruptura sonora en puerta. De pronto, sin decir agua va y sorprendiendo a quienes lo consideraban incapaz de levantar la voz y —menos aún— de disentir en público con el kirchnerismo, Daniel Scioli ha plantado bandera de enganche en el peronismo y parece dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias —la judicialización de la disputa— si Máximo Kirchner y Sergio Massa no le dan garantías de igualdad a la hora de substanciar las internas abiertas. El conflicto ventilado a vista y paciencia de la ciudadanía pone sobre el tapete, por un lado, la merma del poder K —no puede reducir a la obediencia a Scioli, que de rayo de la guerra tiene poco y nada— y, por el otro, las dudas que aquejan a Cristina Fernández. Mientras desconfía de que Sergio Massa pueda defender un recetario ideológico que se da de patadas con el suyo —en lo cual le asiste alguna razón— no deja de preocuparle la escuálida intención de voto que registra Wado de Pedro. Por eso no habría que descartarlo a Axel Kicillof.

Y, en medio de la danza de nombres y de las negociaciones de último momento, cuyo desenlace nadie está en condiciones de anticipar, hay una aseveración que semanas atrás puso en circulación Malena Galmarini y que Gerardo Morales reflotó ayer: si renuncia Sergio Massa, estalla la economía. Lo más probable es que el ministro de Economía se quede dónde está. Básicamente porque si lo que dijo su mujer y ahora repite su amigo jujeño es verdad —y existen motivos para sostenerlo— no puede abandonar el barco al que se subió so pena de ser el responsable del desastre que produciría su renuncia. Además, ¿qué podría convencerlo de que es mejor dejar al gobierno en la estacada que quedarse hasta el último día? O bien que Daniel Scioli, su enemigo en la interna peronista, se consagre ganador —probabilidad remota— o que el FMI no se allane a sus pedidos de auxilio, algo que no se compadece con las consideraciones que ese organismo de crédito ha tenido respecto de la Argentina gobernada por Macri y luego por Alberto Fernández.

Fuente Prensa Republicana