La crisis de Wenance traspasa la frontera y preocupa en España y Uruguay

Por Antonio D´Eramo

La cesación de pagos de intereses del capital invertido en dos fideicomisos de la fintech genera preocupación en ahorristas e inversores locales y se abre el capítulo internacional con perjudicados del exterior.

“Estoy buscando un abogado”, explica una de las perjudicadas locales, periodista y misionera, que se comunicó con esta redacción para saber si hay algún estudio letrado que esté llevando adelante la representación de muchos ahorristas argentinos que invirtieron en, al menos, dos fideicomisos de Wenance que dejaron de pagar intereses por sumas millonarias.

Lo cierto es que a la incertidumbre local se une la angustia de varios ahorristas de Uruguay y España que han comenzado a  pedir explicaciones a la central de la financiera. El experto en finanzas tecnológicas, Ignacio Carballo, explicó que hay grupos de inversores, que se están agrupando, en sus países porque “Hay casos donde tampoco pagaron intereses. Algunos confirman que en España la operación se ha parado. Se desconocen cantidades y montos. Empieza el impacto internacional“, sostuvo Carballo.

La empresa que fundó y comanda Alejandro Maszack, asegura que “pagará todo lo adeudado”, presentó una reestructuración a través de comunicaciones pero los inversores que residen en ambos países, unos 1.200 en Uruguay y, otros, 1.200 en España, algunos de ellos ciudadanos argentinos, aseguran que ya están impactados por los atrasos. 

Maszack y sus asesores aseguran que “Este fideicomiso es el respaldo legal que tiene el inversor. Es exigible, está perfectamente bien estructurado, tiene un administrador fiduciario validado. Ante este incumplimiento, intentamos comunicarnos con nuestros inversores y a veces la noticia crece más rápido pero estamos haciendo los cambios de negocio para ir bancando la mora”, afirmó.

Desde la empresa financiera explicaron que “…funcionamos en cuatro países, pudo haber una mala performance del negocio, pero no una estafa. De ninguna manera. La propuesta concreta de reestructuración de la deuda busca conservar el capital y reorganizar la empresa para ser viables económicamente“.

De esta manera los inversores del exterior se suman a los ahorristas locales, más de 3.000 personas, por un total cercano a los 20.000 millones de pesos, que es la cifra a reestructurar por la fintech.

El monto está en dos fideicomisos financieros privados que no fueron observados por la Inspección General de Justicia (IGJ), donde por el momento no hay denuncias ni cuestionamientos, y tampoco actuaciones de oficio. Además, la Justicia ha ingresado en un receso que suspende hasta el mes de agosto cualquier denuncia o proceso legal.

El problema con los fideicomisos se produce en aquellos que no son regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Una fuente de la city financiera explicó a NA que “esos fideicomisos, cuya característica principal es que se constituyen a partir de un patrimonio separado de la compañía que lo genera para poner en marcha un proyecto a través de esta herramienta  y que sus acreedores presentes o futuros no puedan reclamar derechos sobre los bienes del fideicomiso, estaban pensados para poner foco en la población no bancarizada que ante la crisis económica dejaron de pagar y se volvieron morosos arrastrando todo el sistema”.

Por su parte, Wenance posee otros dos fideicomisos pero, éstos, son públicos y tienen un Agente de Liquidación y Compensación (ALYC) y son regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), a diferencia de los que ingresaron en cesación de pagos de sus intereses.

Esta forma de autofinanciarse surge porque la regulación del Banco Central prohíbe a las fintech usar depósitos de terceros para dar créditos, como hace la banca tradicional, mecanismo conocido como intermediación financiera.

Lo sucedido traerá más incertidumbre al ecosistema inversor y crediticio no bancario porque los problemas de Wenance, fintech dedicada a créditos para el consumo, que había conseguido 657 millones de pesos en diciembre pasado ha mostrado las deficiencias sobre la seguridad en este tipo de transferencias.

Por ello, terminó generando mayores problemas a los inversores que apostaron al fideicomiso privado, no regulado, para que Wenance ofreciera más préstamos a personas con escaso historial crediticio, para “compartir” las ganancias con la firma y hacerse un dinero mensual. Nada de eso esta ocurriendo desde que comenzó el séptimo mes del año.

Además, en las últimas horas se filtraron datos de reestructuración de personal en la empresa que conduce Alejandro Maszack. En varias redes sociales se habla de atraso en el pago de remuneraciones y salarios así  como de renuncias ante las denuncias por estafas a la hora de otorgar créditos a personas no bancarizadas que no califican para recibir préstamos y que podrían ser víctimas de intereses cercanos a la usura.

La fiscal Mónica Cuñarro, continuó acumulando denuncias hasta hace unos días y calificó el accionar de los ejecutivos de Wenance de “una organización criminal” por lo que, ante 19 nuevos casos investigados, reiteró, recientemente, el pedido de indagatorias de cuatro responsables de la fintech, además del citado Maszak, el juez convocó  a Santiago Hardie, Gustavo Molas y Paola Vallone para que declaren el próximo 9 de agosto tras el receso invernal.

Mientras que Alejandro Maszad es el CEO del grupo, Molas, Vallone y Hardie, ex secretario de Agricultura Familiar durante la gestión de Luis Miguel Etchevehere bajo la administración de Mauricio Macri, están vinculados a sociedades integrantes del grupo económico controlante de la firma.

El requerimiento  de la fiscal señala que”…la maniobra consistió en otorgarles un préstamo de dinero a través de la firma de un contrato de mutuo, el cual sería cancelado mediante el débito automático del dinero de sus cajas de ahorro en cuotas mensuales y consecutivas”. Según determinó la fiscalía las tasas de interés que cobraba CILSA y luego Wenance eran un 55%, en promedio, más altas que las del mercado. Además, una vez cancelados los préstamos, seguían debitando dinero de las cuentas, hecho que, en algunos casos, determinó la quita total de fondos de los damnificados.

• Fuente NA