El BNG volvió este lunes a la carga con un asunto que convirtió en uno de sus arietes predilectos contra la Xunta durante la pandemia de Covid: la gestión de las residencias, señaladamente, las de personas de la tercera edad. El argumento se lo da ahora una denuncia de la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servizos Sociais (Agiss), que acusó a la Consellería de Política Social de filtrar a centros privados las visitas de inspectores, con fecha y hora. Tanto el Bloque como el PSdeG han pedido explicaciones y activado resortes en el Parlamento autonómico en este sentido.
Ahora el diputado Luis Bará fue un paso más allá al dar recorrido a supuestas «presiones», proclamadas por la misma asociación, mediante «llamadas» y «escritos» a inspectores, a quienes —se hizo eco— se habría cuestionado si habían apoyado la denuncia inicial de Agiss; «hechos aún, si cabe, mucho más graves», apostilló Bará, quien señaló que esa presunta «práctica» se puede «considerar una auténtica Gestapo dentro de la Consellería de Política Social», cargó.
Según Bará, este gabinete de la Xunta «pretende presionar, amedrentar y amenazar a funcionarios públicos»; a renglón seguido, instó a su máxima responsable, Fabiola García, a que «ataje de una vez por todas» lo que calificó de «campaña de presiones» a inspectores, hechos que, apuntó, de «ser ciertos», constituirían un «presunto delito». Además, demandó a la conselleira que investigue, depure responsabilidades y garantice que las inspecciones se llevan a cabo «con todas las garantías» y sin «ningún tipo de filtración». «Llueve sobre mojado», criticó Bará, quien dijo ver un hilo conductor en un supuesto «trato de favor» a las residencias privadas por parte del gobierno gallego.
«De manera gratuita»
Para el Grupo Popular también llueve sobre mojado, pero en lo que se refiere a las acusaciones de la oposición a la gestión de las residencias. «No se puede poner en duda el buen hacer de funcionarios públicos de manera gratuita y sin aportar absolutamente ninguna prueba», censuró el viceportavoz Alberto Pazos.
El parlamentario popular reclamó «prudencia» y «responsabilidad» a la hora de hacer según qué afirmaciones que, «hasta ahora, carecen de todo fundamento». Pazos Couñago rechazó que se ponga «en duda» el «trabajo que desarrollan los inspectores «con la máxima exigencia y la máxima profesionalidad». Refirió que desde su grupo están «a favor de que se practique la mayor transparencia», pero desdeñó la actitud «irresponsable» de denunciar sin pruebas. Además, restó relevancia a un supuesto cambio de protocolo por parte de Política Social, pues, dijo, la oposición ya hacía antes las mismas críticas.
Fuente ABC
