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Del último informe de discriminación lingüística publicado por Plataforma per la Llengua, con la colaboración de la Generalitat de Cataluña, se desprende un aumento del 19,2% de los casos de vulneración idiomática a catalanoparlantes y, concretamente, del 15,4% en el ámbito de la Salud Pública. De las 118 denuncias enumeradas, 45 ocurrieron en centros de salud y hospitales, algunas de ellas registradas en la Comunidad Valenciana.
Entre ellos, se encuentra un caso comunicado por la asociación El Tempir de Elche en el que una médica habría instado a una paciente a emplear el castellano durante una cita telefónica con su médica. Según relata la plataforma que recibió subvenciones periódicas durante el mandato de Ximo Puig al frente del Gobierno valenciano, la usuaria y la sanitaria se enfrentaron por el idioma de la conversación hasta que finalmente la primera tuvo que cambiar al castellano para recibir la atención de la segunda.
Antes, comenzó su explicación en valenciano: «El dia 26 de desembre…». Inmediatamente, de acuerdo con la narración que ofrece la denuncia, la doctora le interrumpió y le pidió que hablara en castellano porque no le entendía. La paciente le manifestó que prefería continuar en su lengua materna y que traduciría al español las palabras que no captara: «No tengo ningún problema en repetir o traducir el que necesite. El día vint-i-sis es el día veintiséis», puntualizó.
Así, continuó: «Estuve con una persona que es positiva de coronavirus». En ese momento, la médica la habría interrumpido de nuevo «de manera brusca», volviéndole a decir: «¿Me puedes hablar en castellano? No te entiendo». Después, según el relato que presenta Plataforma per la Llengua, la usuaria volvió a ofrecerle una traducción: «Sí, mira, una persona positiva de coronavirus significa una persona positiva de coronavirus».
Ante estas palabras y el cariz irónico que había tomado la conversación, sentenció: «Mira, nena, me hablas en castellano, que tengo mucho trabajo y no puedo estar perdiendo el tiempo». Finalmente, cambió el idioma al castellano para poder recibir la atención médica.
Sobre este caso, la entidad autodenominada como la ‘ONG del catalán’ lamenta que esta trabajadora pública «haya vulnerado de manera expresa y aparentemente impune» los derechos lingüísticos de un usuario de su servicio. Destaca de esta situación la «evidencia» de que la trabajadora «no había tenido dificultades reales de comprensión» y las palabras empleadas por la paciente eran «claramente entendibles» para cualquier castellanoparlante.
«El motivo más importante detrás de las vulneraciones de derechos lingüísticos no es una falta real de intercomprensión, sino de voluntad de los discriminadores de reconstruir una jerarquía entre hablantes que perciben cuestionada por el uso de los discriminados de la lengua considerada inferior», explica Plataforma, quien ironiza que si la paciente «hubiese hablado en italiano», la médica «habría encontrado la manera para entenderla».
«Con todo, el supremacismo castellano inherente al nacionalismo español ha promovido la idea de que los parlantes de lenguas estatales diferentes al castellano deben conocer el idioma común, mientras que al revés no existe el deber de ser recíprocos al ser supuestos regionales, particulares y privativas», explica la organización lingüística.
No obstante, cabe destacar que el reglamento vigente en la Comunidad Valenciana en el ámbito sanitario no reconoce como una obligación o requisito indispensable acreditar conocimientos de la lengua cooficial, sino que aparece estipulado como un mérito.
Fuente ABC
